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Crédito: Agencia UNO
El actual Fiscal Nacional subrogante, Juan Agustín Meléndez -quien forma parte de la quina que envió la Corte Suprema al Gobierno-, es uno de los nombres que ronda para ser designado como jefe del Ministerio Público provisorio, mientras se despeja el proceso de la elección, como sugieren diversos parlamentarios. El senador Karim Bianchi es uno de los que se oponen al nombre de Meléndez, sobre quien aseguró que no era «idóneo» para el cargo. Estos comentarios no parecen ser aleatorios. El fiscal Meléndez investigó y formalizó por negociación incompatible y fraude al fisco a su padre, el diputado Carlos Bianchi, investigación que le valió el desafuero tanto de la Corte de Apelaciones como de la Suprema.
En medio del proceso para determinar a un nuevo jefe del Ministerio Público, tras el fracaso de la nominación de Marta Herrera, la opción del actual Fiscal Nacional subrogante, Juan Agustín Meléndez -quien forma parte de la quina que le envió la Suprema al Gobierno del Presidente Boric- sigue vigente. Ante la pregunta del presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, Matías Walker, sobre por qué el Gobierno no lo ha tomado en consideración, en circunstancias de que se trata de un fiscal con más de 21 años de experiencia investigando delitos, el senador Karim Bianchi arremetió contra el Fiscal Regional de Magallanes.
El parlamentario independiente aseguró que “me preocupa que tengamos hoy a ese fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional. Creo que no es la persona. Si exploramos un nuevo Fiscal Nacional, no debiese ser Meléndez”.
Los comentarios negativos de Bianchi contra el fiscal Meléndez, sin embargo, no parecen ser aleatorios, ya que entre ellos ha corrido agua bajo el puente. En rigor, Meléndez tiene historia con el padre del actual senador: el diputado Carlos Bianchi, a quien investigó por fraude al fisco.
La historia comenzó en el año 2015, cuando el Fiscal Regional de Magallanes solicitó una «audiencia de formalización de cargos por los delitos de negociación incompatible y fraude al fisco respecto del honorable senador Carlos Bianchi y de su cuñada, doña Victoria Retamales”. En el caso del legislador, enfrentaba cargos por fraude al fisco y negociación incompatible, por lo que el Ministerio Público pedía una pena de cuatro años y un día de presidio por el delito de negociación incompatible y otros cinco por el de fraude al fisco, además de 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Para enfrentar esos cargos, el Ministerio Público solicitó el desafuero del entonces senador Bianchi a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, la que aprobó desaforarlo. La defensa de Bianchi apeló a la Corte Suprema, la que ratificó la decisión adoptada por el tribunal de alzada. Aunque fue absuelto en diciembre de ese año por el Tribunal de Garantía de Punta Arenas.
Debido a lo anterior, el actual senador Karim Bianchi no guarda buenos recuerdos del persecutor, por lo que aseguró que “no es una fiscal idóneo. No entrega las garantías ni las competencias. Me tocó conocerlo en su actuar en Magallanes».
En marzo de 2006, el entonces senador Bianchi, en razón de su cargo, suscribió un contrato de arrendamiento de un inmueble en Punta Arenas, por un monto de $850.000 mensuales, reajustable según IPC, para utilizarlo como sede parlamentaria, figurando como arrendadora su suegra.
Este contrato permitió que el Senado extendiera mensualmente cheques por el pago de la renta, entre abril de 2006 a septiembre de 2009, directamente al senador, debiendo este pagar a la arrendadora, quien falleció en enero de 2009, pese a lo cual, entre febrero y septiembre, el pago continuó realizándose.
Posteriormente, en octubre de 2009, Bianchi presentó un anexo de contrato, indicando que luego de la muerte de su suegra, su cuñada, Victoria Retamales, asumiría el cobro, lo que permitió que los pagos se continuaran extendiendo hasta noviembre de 2010.
El monto total pagado por el Senado por concepto de arriendo fue de más de 52 millones de pesos, variando la renta de $850 mil a más de 1 millón de pesos en 2010, por una oficina de aproximadamente 39 m2, de regular calidad y con valores muy por encima de los registrados en el sector, defraudando al fisco en $45 millones.
«La negociación incompatible se configura en el contexto de la celebración de un contrato por un inmueble que era propiedad de familiares -su cónyuge, su suegra y sus dos cuñados-, mientras que el fraude al fisco por estimarse que hay un sobreprecio en el valor de la renta y porque existen traspasos de los dineros pagados por el Senado, pero que no está acreditado que hayan salido de las cuentas corrientes del imputado, provocando un perjuicio fiscal», explicó el fiscal Meléndez el año 2015.
Bianchi finalmente fue absuelto en diciembre de ese año por el Tribunal de Garantía de Punta Arenas.
