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Créditos: Agencia Uno.
A inicios del próximo año ya se deberían conocer los posibles nombres de quienes integrarán la Comisión Experta para el nuevo proceso constituyente. La nominación de las listas estará en manos de los partidos políticos; y la aprobación de estas, en las del Congreso. La Comisión, que habrá de elaborar un anteproyecto que serviría de base para la discusión, ya enciende las alarmas respecto a su legitimidad democrática, al no ser un órgano electo por la ciudadanía. Ahora, cuando la credibilidad en los partidos políticos es baja, escoger nombres idóneos para el cargo, o no hacerlo, puede poner en juego la legitimidad misma del proceso.
Firmado el Acuerdo por Chile, la clase política demostró que las negociaciones y el diálogo aún son tierra fértil para generar caminos de cambios constitucionales. Hay críticas de un lado y de otro, incluso el mismo Presidente Gabriel Boric dijo que era un acuerdo “imperfecto”, pero la certeza es que acabaron las negociaciones en las salas del ex Congreso, para adentrarse en un nuevo proceso constituyente.
El llamado “Acuerdo por Chile”, que todavía tiene que ser aprobado por el Parlamento como reforma constitucional, define que la propuesta de nueva Carta Magna se elaborará gracias a tres organismos claves: el Consejo Constitucional, el Comité Técnico de Admisibilidad y la Comisión Experta. Esta última, es la primera que se instalará y, como las otras instancias, no está exenta de enredos y merece aclaraciones.
En enero del 2023 comienza a operar la Comisión Experta del proceso constituyente. Estará compuesta por 24 miembros de “indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica”, dice el documento oficial, y cada persona que la integre contará con una remuneración de 30 UTM ($1.800.000, aproximadamente).
Serán 12 personas nominadas por la Cámara de Diputadas y Diputados, y 12 por el Senado. La definición de expertos es amplia, por eso Tomás Jordán, abogado constitucionalista y cientista político, ayuda a delimitar la idea: “Tiene que ser una persona que tenga conocimiento acabado de un área para que califique como experto, pero no necesariamente tiene que ser del área jurídica”.
La Comisión “tendrá a su cargo la redacción de un anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional, al estilo de una idea matriz del mismo”, señala el Acuerdo por Chile. El abogado constitucionalista y doctor en derecho de la Universidad de Chicago, José Francisco García, explica que, si bien la definición es amplia, los abogados constitucionalistas también formarán parte de esta Comisión, pues “hay una experticia especial que es importante para la Constitución y es la que tienen los abogados y, en particular, los constitucionalistas”. Esto, por el hecho de que se va a redactar “un texto jurídico y ley fundamental del resto de las leyes”, agrega.
El exsubsecretario de la Segpres, Máximo Pavez (UDI), quien además estuvo en el equipo de redacción de esta reforma constitucional, puntualiza que “habrá personas que estarán vinculadas al mundo constitucional y quizá otras que no, pero que pueden tener una visión de Estado”. Lo importante, agrega, es que “puedan representar una mirada desapasionada de la coyuntura y que pueda proyectar un debate constitucional y, para eso, no hay que ser abogado”.
La senadora Ximena Rincón (Demócratas) se ha reunido con los ex Presidentes de la República para invitarlos a formar parte de la Comisión y esa posibilidad ha dado que hablar. Sin embargo, los tres especialistas desestiman que sea una buena idea. Advierten que, aunque la nominación es legítima y podrían considerarse expertos, preferirían que su participación provenga desde un espacio más colaborativo y consultivo, como en audiencias para el Consejo Constitucional.
Cuánto más o cuánto menos va a afectar la palabra de los expertos, depende de la etapa del proceso. Y estas etapas son tres.
En la primera, la Comisión Experta está encargada de la elaboración de un anteproyecto, un borrador no vinculante, que podría servir de base para la discusión que tendrá el Consejo Constitucional.
Luego, durante la discusión de las normas constitucionales, la Comisión solo tendrá derecho a voz, por lo tanto, no determinará directamente el resultado de las votaciones. En caso de que una norma no alcance consenso, la iniciativa pasará a una Comisión Mixta que estará compuesta por 12 personas: 6 expertos y 6 consejeros, en donde se resolverá el nudo con 3/5 de los votos. En caso de que la norma tampoco logre llegar al quórum, la Comisión de Expertos tendrá que elaborar una propuesta de norma para que el Consejo Constitucional la vuelva a votar.
En la última etapa, en la de armonización, la Comisión Experta solo puede hacer menciones a cuestiones de estilo y comprensión del texto, es decir, no puede modificar las normas ya aprobadas por el Consejo Constitucional.
Según los últimos datos publicados por Cadem, un 46% de las personas estaría en desacuerdo con que la nueva Constitución sea redactada por 50 constituyentes electos y 24 expertos. Es que uno de los aspectos del acuerdo que se ha puesto en tela de juicio, por parte de Comunes principalmente, es que la Comisión Experta representa “un excesivo tutelaje” a la discusión constituyente.
García estuvo en la redacción de la reforma constitucional del acuerdo del 15 de noviembre para el proceso constituyente anterior y también ha estudiado la experiencia comparada: “Un modelo como el que se está proponiendo ahora, en que los expertos tengan tanta incidencia, incluso derecho a voto en una Comisión Mixta, a mí me cuesta encontrar un caso parecido”. El doctor en Derecho agrega que “el poder que van a tener nuestros expertos y expertas en este proceso es bastante alto”. Sin embargo, también advierte que “no significa que no haya experiencias comparadas en donde no hayan tenido un rol significativo”, como lo que sucedió en Sudáfrica, Kenia e Islandia.
Para Jordán, en cambio, la participación de la Comisión Experta en la Comisión Mixta no representa una posición de poder muy alta, sino que “busca solucionar un problema para efectos de no dejar sin texto o dejar con un texto con ripio”.
Otra crítica que recibió el acuerdo, fue sobre la poca legitimidad que tendría la Comisión Experta por el hecho de ser nominada por los partidos políticos. La manera en que el acuerdo resuelve la controversia es a través del Consejo Constitucional, un órgano 100% electo y en donde recae el poder constituyente. Ahora bien, los especialistas advierten que la elección de los expertos es el caudal principal de legitimidad para el proceso.
Los partidos tienen “toda la responsabilidad”, dice Pavez, de escoger a buenos especialistas. El exsubsecretario agrega que la señal que entregarán con la nómina de expertos es crucial: “Los partidos políticos que integran las fuerzas parlamentarias van a proyectar su seriedad en el proceso mismo, por lo tanto, es una forma de hacer responsable al mundo político de lo que va a pasar al interior de la Comisión Experta y del Consejo Constitucional”. Sin embargo, descarta que la legitimidad democrática esté en duda, porque está dada por el Congreso Nacional, como también opera “para dictar leyes o elegir a los consejeros del Banco Central”.
“La Comisión Experta ostenta la legitimidad del conocimiento, pero para eso tiene que haber efectivamente expertos y expertas, no operadores políticos disfrazados”, puntualiza García. Es por eso que coincide en que la elección de la nómina resulta clave para el desarrollo del proceso. El especialista explica que, si la Comisión Experta llega con una mala propuesta de base y el Consejo Constitucional la desecha, perdería “la autoridad del conocimiento, y menos va a tener una democrática”. Añade García que “los partidos tienen que ser muy cuidadosos en efectivamente nombrar expertos y expertas para que prevalezca la autoridad de los conocimientos”.
El profesor de Derecho en la Universidad Alberto Hurtado, Tomás Jordán, cree que la división de tareas es clara, por lo tanto, la legitimidad de este órgano no está en cuestión: “El órgano deliberativo, el que vota, el que decide cuáles van a ser las normas constitucionales, es el Consejo Constitucional. El Comité de Expertos funciona, por lo tanto, como un órgano asesor, colaborativo del Consejo Constitucional».
La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, entiende que la elección de la nómina de expertos es una “conversación entre todos los partidos, porque el número de ellos depende del porcentaje de parlamentarios que hay en cada una de las cámaras”. Vodanovic precisa que es importante ponerse de acuerdo entre los partidos “para tener perfiles diferenciados, no solo la visión del profesional del derecho”. Además, otro aspecto que llevaría a coordinarse entre bancadas, es el criterio de paridad que regirá en la conformación de la Comisión.
La presidenta del PS desestima que los partidos vayan por personas “neutras”, pues esa figura imparcial total “no existe”. Sin embargo, irán a buscar expertos que “sean representativos de su profesión y calidad técnica, pero también una visión coherente con quienes están representando”, es decir, en este caso, el PS. Un principal interés que tiene la presidenta para este Consejo es que “el mundo de los trabajadores y trabajadoras esté representado”, ya sea desde la academia u otra especialización.
En el caso de la UDI, las preferencias son diferentes naturalmente. El senador José Durana (UDI) admite que no está seguro de aprobar esta reforma constitucional y que esto lo ha socializado con sus correligionarios. Sin embargo, hay lineamientos que su partido sí ha definido y son tres: “Trayectoria demostrable como experto, que represente a la bancada de Chile Vamos y que sea capaz de dialogar”.
En cuanto a las áreas de desempeño que esperan de estos expertos, están la seguridad, recursos hídricos y agricultura y “por supuesto en materia constitucional”, detalla Durana.
En esa línea, Pavez espera que todos los partidos busquen personas capaces de crear un texto que “represente un pacto social y político”. En la Comisión Experta, si bien requiere de técnica, “también se puede tener una discusión política, pero en la medida que no sea teñida por la coyuntura”, afirma el abogado.
