PAÍS
Los fiscales regionales Juan Agustín Meléndez y Carlos Palma, y el abogado Ángel Valencia, serían los tres nombres que concitan mayor apoyo en el Senado, el día en que el Gobierno hará pública la decisión del Presidente Boric sobre quién será su candidato o candidata para asumir como Fiscal Nacional. Después de dos intentos fallidos, y sin margen de error, el Ejecutivo se enfrenta a una discusión en que se ha querido leer este cargo como un botín político, donde los cuestionamientos a Valencia (por defender a acusados por delitos sexuales) y a Palma (por la querella que le puso un imputado en el Caso Huracán), dejarían a Meléndez como la opción con mayores posibilidades y que podría salvar a La Moneda de una nueva derrota en el Senado.
Este miércoles 4 de enero, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric debería dar a conocer el tercer nombre propuesto para asumir el cargo de Fiscal Nacional, vacante desde hace tres meses, y después de que el Senado rechazara, de manera inédita, a sus dos primeros candidatos, José Morales y Marta Herrera. De esta manera, el Ejecutivo queda con un mínimo margen de acción, en medio de un clima político tenso, por los cuestionados roles de las ministras de Justicia, Marcela Ríos, y de la Segpres, Ana Lya Uriarte, salpicado también, por cierto, por los indultos otorgados por el Mandatario y las reacciones que provocó en la derecha tal decisión.
El Presidente Boric entiende que un tercer intento fallido sería lapidario, no solo en cuanto a su liderazgo y la conducción política de su Gobierno, sino porque ensuciaría aún más su compleja relación con el Congreso Nacional, al tiempo que profundizaría la enorme crisis institucional interna del organismo persecutor. Es por eso que la decisión de este miércoles resulta tan relevante, considerando que requiere del quórum de dos tercios de los senadores y senadoras en ejercicio –33 votos–, para confirmar el nombre de quien dirigirá los destinos de la Fiscalía Nacional por los próximos ocho años.
La decisión del Mandatario deberá restringirse a la quina elaborada por la Corte Suprema, compuesta por los fiscales Juan Agustín Meléndez (actual Fiscal Nacional subrogante), Carlos Palma, Nayalet Mansilla, además de los abogados Erika Maira y Ángel Valencia. Las conversaciones al interior del Senado sobre los nombres que se ubican en la pole position giran en primer lugar en torno a Meléndez, actual Fiscal Regional de Los Ríos, seguido por Palma y, en tercer lugar, Valencia, quien mantiene un apoyo importante en la Cámara Alta.
Cabe recordar que el abogado Ángel Valencia, quien contaba con los votos necesarios para ser ratificado en el Congreso Nacional, nunca convenció por completo en el Comité Político, donde la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, lo cuestionó –cosa que el Gobierno negó– por haber defendido a acusados por delitos sexuales. Respecto al Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma, también con un amplio apoyo en el Senado y el beneplácito de instituciones como la PDI, la querella que le puso un imputado del Caso Huracán sería, hasta ahora, la razón del freno de mano que impuso La Moneda a su nominación.
En ese contexto, surge con fuerza el nombre de Juan Agustín Meléndez, Fiscal Regional de Los Ríos desde 2015, y que en septiembre de 2022 asumió como Fiscal Nacional subrogante, en reemplazo de un cuestionado Jorge Abbott. Pese a que en el Senado muchos califican su experiencia como óptima para encabezar los importantes desafíos que tiene el Ministerio Público por delante, surgen voces críticas que admiten que su elección se parecería mucho a la de Sabas Chahuán y del propio Jorge Abbott, vale decir, que su opción crece en la medida que se reduce la viabilidad de nombrar a otros.
Por su parte, el senador Iván Flores (DC) descartó que Meléndez sea una opción de descarte, asegurando que «sencillamente, creo que es hoy día la mejor carta que puede tener el Gobierno, que concite la adhesión y el respeto del Senado. Así de simple». En tanto, desde el oficialismo, el senador Jaime Quintana (PPD) dijo que en esta discusión debería primar la seguridad del país, por sobre las definiciones políticas sobre cuánto daño se le hace al Ejecutivo por parte de algunos sectores.
En tanto, desde la oposición también juegan sus cartas, y Chile Vamos avisó a La Moneda que no patrocinará una eventual candidatura de la abogada recién incorporada a la quina, Erika Maira, quien fue cuestionada por unos antiguos tuits en donde criticaba e ironizaba contra dicho sector. Precisamente, un senador de RN reconoció que la decisión debiese estar entre Palma, Meléndez o Valencia, a la espera de la nominación del Gobierno. «Si el Presidente sigue insistiendo y no nos escucha, vamos a votar en contra, pero no hay una definición oficial. Lo importante es que no tengan compromisos con cercanos a Abbott, que tengan independencia», admitió el parlamentario.
De esta manera, sin margen de error, el Presidente Gabriel Boric entregará este miércoles el nombre de quien, espera, sea su carta definitiva para asumir un cargo que muchos han interpretado como un botín político. Esto, en el contexto de un Ministerio Público descabezado por más de 100 días, un Gobierno presionado y deslegitimado por un fallido proceso que ha tenido evidentes costos políticos, y un Senado que tampoco ha sido capaz de asumir su propia responsabilidad en la crisis institucional del órgano persecutor que se agudizó con la elección de Jorge Abbott en 2015, con su propio patrocinio. Ahora, y luego de la nominación del Primer Mandatario, será la propia Cámara Alta la encargada de pronunciarse al respecto, con una quina compuesta por candidatos cuestionados y que no generan mayores consensos.
