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Foto: Leonardo Rubilar Chandía, Agencia Uno.
Marcela Ríos (CS) vive días turbulentos. La doctorada en Ciencias Políticas en la Universidad de Wisconsin (EE.UU.) se enfrentará la próxima semana –según calculan en La Moneda– a otra votación en el Senado para ratificar o no la nueva propuesta del Gobierno para Fiscal Nacional, tras los dos rechazos anteriores. Si bien fuentes oficialistas y ciertos sectores de oposición sostienen que la voltereta que se dio en la tarde del miércoles el Ejecutivo, para proponer a Ángel Valencia en lugar de Juan Agustín Meléndez –quien desde temprano tenía los votos para ser ratificado en el Senado–, fue parte de una negociación dirigida a evitar que se presenten acusaciones constitucionales contra ella y el ministro Giorgio Jackson, el incierto escenario en la Cámara Alta, a la hora de votar la nueva propuesta para encabezar el Ministerio Público, hace que el delicado momento que atraviesa Ríos siga en suspenso. Esto porque, de fracasar el nombre de Valencia, se caería también la negociación, quedando la ministra a la deriva en un ambiente hostil.
“El país necesita que la tercera sea la vencida”, dijo este miércoles la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, después que La Moneda oficializara el nombre de Ángel Valencia como su nueva propuesta para Fiscal Nacional. Aunque el país lleva casi 100 días sin un jefe titular del Ministerio Público, la frase de Ríos –a juicio de diversos observadores– más bien encerraría un deseo propio: ella más que nadie necesita que la tercera sea la vencida.
Las fallidas propuestas que ha hecho el Gobierno para nombrar a una o un Fiscal Nacional, más la reciente polémica por la desprolijidad en el tema de los indultos presidenciales, han llevado a la ministra de Justicia a un nivel de exposición que desconocía antes de ingresar al gabinete del Presidente Boric y que la tienen hoy caminado al borde la cornisa.
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Si bien varias fuentes oficialistas y de ciertos sectores de oposición sostienen que la voltereta que se dio en la tarde de ayer el Gobierno, para proponer finalmente a Ángel Valencia en lugar de Juan Agustín Meléndez –quien desde temprano tenía los votos para ser ratificado en el Senado–, fue parte de una negociación dirigida a desactivar las acusaciones constitucionales contra ella y el ministro Giorgio Jackson, el incierto escenario en la Cámara Alta, a la hora de votar la nueva propuesta para encabezar el Ministerio Público, hace que el delicado momento que atraviesa Ríos siga en suspenso. Esto porque, de fracasar el nombre de Valencia, se cae también la negociación, quedando la ministra a la deriva en un ambiente hostil.
“Hay situaciones pendientes que les molestan a algunos”, explica en privado un senador oficialista en relación con el nombramiento de nuevo Fiscal Nacional. Un ejemplo, según el parlamentario, fue el aviso de la UDI de que no votaría por Marta Herrera antes, incluso, de que ella hiciera su presentación ante la Comisión de Constitución de la Cámara Alta.
Hay senadores –tanto de la alianza de Gobierno como de la oposición– que tienen un cierto grado de resentimiento por las palabras de la titular de Justicia el 1 julio pasado, cuando dijo que “el clima en el Senado ha estado muy marcado por las decisiones de la Convención” y aseguró que “en algunos casos el comportamiento hacia los ministros (de Gobierno) ha sido extremadamente descortés”.
Días después, durante una sesión de la Comisión de Constitución, el senador independiente pro Partido por la Democracia (PPD), Pedro Araya, pidió la palabra y manifestó su “profunda molestia” con las declaraciones de Ríos. “Basta ya de que aquí se trate de maltratar al Senado y a los senadores de forma genérica”, señaló, y agregó que, hasta que no recibieran una disculpa pública, se opondría a que ingresaran a la sala los asesores de la ministra. La titular de la cartera de Justicia respondió que “le hace bien a la política mantener buenas formas, y si es necesario, no tengo problema en pedir disculpas, si las declaraciones fueron mal interpretadas”. Un episodio que algunos parlamentarios dicen haber superado, pero que sigue generando resentimiento en otros hasta el día de hoy.
Desde Chile Vamos los roces con la ministra se remontan todavía más atrás. La primera declaración que generó tensión fue cuando –en entrevista con El Mercurio, el 8 de mayo–, consultada sobre si el machi Celestino Córdova era un preso político o un homicida, Ríos se limitó a contestar que “no me compete pronunciarme respecto de la calificación específica que tengan los casos”. Dichas declaraciones –de las que se retractó asegurando que Córdova era «un preso común»– le significaron una serie de recriminaciones de figuras políticas de oposición, como el presidente de la UDI, Javier Macaya, y el fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast.
A lo anterior se suma la molestia que ha causado entre parlamentarios de derecha la autorización que dio para trasladar a internos mapuches, cumpliendo condena, a una cárcel de Angol, luego que el alcaide del penal fuera amenazado de muerte.
Otra circunstancia que relevan senadores, pero esta vez desde el oficialismo, es que la titular de Justicia –quien cuenta con un PhD en Ciencia Política de la Universidad de Wisconsin-Madison, EE.UU.– sea politóloga y no abogada. Explican que lo segundo pareciera ser la tradición en Justicia.
Un cercano a los parlamentarios sostiene que –a su modo de ver– la ministra forma parte de un círculo intelectual muy crítico del estado actual de la institucionalidad chilena, y un senador oficialista asegura que ha existido prejuicio a raíz de la profesión de la ministra, ya que –de acuerdo con el parlamentario– el sector judicial es celoso de su “prerrogativa”.
Integrantes de su tienda política, Convergencia Social, tienen otra visión. En tal sentido, señalan que el foco que vino a imprimir Ríos a la cartera de Justicia es el de los derechos humanos –tema al que ha estado relacionada su carrera profesional–. Subrayan que tiene una “mirada más amplia» del Poder Judicial por no venir de allí, junto con recordar una de las razones por las que fue elegida para el cargo: acercar el ministerio al ciudadano de a pie, cosa que no se ha logrado.
Cercanos a la secretaria de Estado resaltan que cuenta con «bastante más currículum que otros ministros que fueron abogados», y que ha tenido cercanía con el mundo del Ministerio Público. Remarcan el convenio que suscribió en 2018 con la Fiscalía, cuando trabajó en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El objetivo era que el organismo internacional apoyara al Ministerio Público, tanto en la elaboración de un Código de Ética para fiscales y funcionarios como en la puesta en marcha de un Sistema de Integridad.
Uno de los flancos abiertos por el que atraviesa la ministra dice relación con cuando desclasificó que su par en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, manifestó su preocupación por las defensas que ha asumido el abogado Ángel Valencia a imputados en casos de delitos sexuales contra la mujer. Aunque más tarde Ríos rectificó –en entrevista con CNN–, señalando que “la ministra de la Mujer no ha manifestado preocupación en ese sentido”, el error político quedó al descubierto e impreso con tinta negra.
Otro de los flancos se abrió con ocasión de los indultos presidenciales. Cuando el viernes pasado el Gobierno dio a conocer el listado de 10 indultos presidenciales a condenados por delitos asociados al estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna, el anuncio se vio opacado luego que equipos de Justicia advirtieran a los medios de comunicación que, en el listado enviado por prensa de la Presidencia de la República, existían errores: dos de los condenados no estaban originalmente contemplados como beneficiarios –Luis Castillo y Sebastián Montenegro– y faltaban otros dos nombres –Alejandro Carvajal y Matías Rojas–. Finalmente se corrigió y se comunicaron 13 indultos.
La responsabilidad giró hacia la unidad de Comunicaciones del Ministerio de Justicia y la titular de la cartera tuvo que aceptar la renuncia de su directora de Comunicaciones, Alejandra Lazo.
El mismo viernes, desde la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), anunciaron la presentación de una acusación constitucional en contra de la ministra Ríos, “por la errática y dudosa conformación en el listado de los indultados”, y el martes 3 de enero se sumaron los diputados de la UDI.
“Es una facultad de la Cámara de Diputados. Nosotros como gobierno somos muy respetuosos de las facultades del Poder Legislativo. Estamos, por supuesto, totalmente disponibles para concurrir en los procedimientos que sean necesarios y poder responder cualquier duda que tengan las y los diputados de la República”, sostuvo la ministra de Justicia desde el Congreso el martes.
Como una falta de cuidado por parte del Ministerio de Justicia juzgaron senadores, tanto de oposición como de la alianza de Gobierno, la equivocación en el número de indultados el viernes pasado. Eso –decían en reserva– “denota falta de prolijidad en el armado del listado de la búsqueda de antecedentes, en la función que la ministra Ríos desempeña”, sostuvo un senador del Socialismo Democrático.
Otro, de la oposición al Gobierno de Gabriel Boric, encendía las alarmas diciendo que el incluir finalmente dos nombres que se supone que no estaban en el listado original, hacía preguntarse con qué rigurosidad se llevó a cabo la decisión.
Tras la secuencia de hechos, la noche del lunes 2 de enero se reunió parte de la directiva y de la bancada de Convergencia Social con la ministra Marcela Ríos, del mismo partido. La vicepresidenta de la tienda política, Ximena Peralta, publicó una foto en su perfil de Instagram. En la imagen se veían, además de la ministra y Peralta, a las diputadas Gael Yeomans y Emilia Schneider –que recién se incorporó al partido, saliendo de Comunes–. Esto fue leído como «un espaldarazo»
Las palabras del Presidente Boric en Brasil, cuando aseguró que en el juicio al exintegrante del FPMR, Jorge Mateluna, «hubo irregularidades», y que le valieron una categórica respuesta de la Corte Suprema en que sostuvo que “ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales», se suman a varios percances que han enfrentado al Ejecutivo con el Poder Judicial, quedando la ministra en el fuego cruzado.
La confusión con la lista de indultados, las palabras del Presidente sobre el caso Mateluna y la equivocación de este en la mención a la Ley 18.050 (dijo que era la 19.050) que faculta la concesión de indultos, están precedidas por otra situación que puso al desnudo la falta de puentes de la ministra con la Corte Suprema.
Antes de que el máximo tribunal del país decidiera cómo seguir el proceso tras el segundo rechazo del candidato a Fiscal Nacional nombrado por el Presidente, este contactó vía telefónica en dos oportunidades al presidente de la Suprema, el ministro Juan Eduardo Fuentes. Esto, para preguntarle si existía la posibilidad de que el pleno del alto tribunal llamara a un nuevo concurso y, así, confeccionar una nueva quina para liderar el Ministerio Público.
Desde el oficialismo, un senador asegura que se leyó esto como si la ministra de Justicia no fuera capaz de establecer esas comunicaciones y que por eso el Presidente había tomado ese rol. Por parte de la oposición, un senador sostiene que existe la posibilidad de que fuera Ríos quien asesoró a Boric, por ser un tema de su cartera.
Cercanos a la titular de Justicia reconocen que «fue un asunto complejo», al tiempo que explican que ese contacto podría haberlo hecho la ministra y, si hubiera sido así, advierten que lo más probable es que los ministros de la Corte Suprema se lo habrían tomado como un criterio de la secretaria de Estado y no se habría provocado tanta molestia.
Aseguran que el Mandatario tomó la iniciativa y que, en esos casos, los secretarios de Estado no tienen otra alternativa que secundarlo. Sin embargo, destacan que no es el primer Presidente que establece contactos con la Suprema y que la filtración de las llamadas generó extrañeza en el círculo de la ministra.
“El Gobierno la tiene ocupando el cargo, pero no ejerciendo realmente la función», asegura el senador independiente Karim Bianchi. Por eso –agrega–, “no entraría a criticar tanto a la ministra de Justicia, porque finalmente he visto que no ha llevado ninguna negociación, lo ha hecho Ana Lya Uriarte –ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres)—, lo ha hecho Carolina Tohá —Interior—».
De acuerdo con cercanos a senadores, la ministra Ríos no ha generado confianzas, siendo que –subrayan– debiera velar especialmente por que sus relaciones con la Comisión de Constitución sean “fluidas”, por ser esa instancia la encargada de ver los proyectos de reforma constitucional o reformas legales. La misma fuente asegura que, a raíz de esto, la titular de la cartera de Justicia se habría visto en la necesidad de acudir por apoyo a la Segpres y a Interior.
Sin embargo, un senador de Chile Vamos comenta en privado que la ministra recoge información y establece conversaciones con ellos. El mismo advierte que existe la posibilidad de que el Presidente no esté tomando en cuenta los datos que le traspasa Ríos. Otro senador de oposición dice que pareciera que no se están estudiando todos los ángulos de los candidatos y entrega como ejemplo el comunicado que lanzó la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (Anfumip) en contra de la segunda nominación del Presidente, Marta Herrera.
Personas de su círculo cercano tienen conocimiento de la relación difícil que mantiene con los senadores. Explican que hay ciertos códigos en el Ministerio de Justicia, que incluían operarios para recoger solicitudes del Senado en temas como nombramientos de notarios, contralores, conservador de Bienes Raíces, y que la ministra Ríos «no ha entrado en esa lógica».
Cuentan que tiene un estilo distinto, y que en nombramientos ha intentado optar por enfocarse en el mérito y no en contactos con el Senado, lo que le ha supuesto —según quienes la conocen— una relación en ocasiones tensa con la Cámara Alta.
Aseguran que Ríos mantiene contacto con los senadores de la Comisión de Constitución Rodrigo Galilea (RN) y Pedro Araya (independiente pro PPD). Fuera de esta comisión, tiene coincidencias con las senadoras Ximena Órdenes (independiente del comité PPD) e Isabel Allende (PS).
