PAÍS
Foto: Javier Salvo, Agencia Uno.
En horas, el candidato del Presidente Boric para suceder a Jorge Abbott en la Fiscalía Nacional se presentará ante la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado y, durante la tarde, se someterá a su eventual ratificación por la Sala de la Cámara Alta. De alcanzar el apoyo de los 2/3 de los senadores, a Ángel Valencia le tocará dirigir el Ministerio Público justo cuando se llevarán adelante las investigaciones de, al menos, tres casos emblemáticos de corrupción pública, con formas de delinquir parecidas, que afectan a los exalcaldes de Renovación Nacional Felipe Guevara, Pedro Sabat y Raúl Torrealba. En dos de ellos, el candidato a Fiscal Nacional ha sido su abogado defensor.
Aunque un Fiscal Nacional, por regla general, no lleva personalmente investigaciones penales –salvo excepciones, como la de Sabas Chahuán en los casos de financiamiento ilegal de la política que estallaron en 2014–, las directrices que de él emanen marcan y determinan el rumbo del Ministerio Público bajo su mandato, que dura ocho años, e influyen determinantemente en los casos particulares que llevan adelante las Fiscalías Regionales. Baste recordar la diferencia entre Sabas Chahuán, que creó un equipo especial bajo su dirección para investigar los caso Penta, Corpesca y Soquimich, y Jorge Abbott, que apenas asumió la dirección del Ministerio Público desarmó dicho equipo y les bajó la intensidad a las investigaciones, al punto de quedar marcada su gestión con la denominada «operación impunidad», que limitó el alcance de la indagaciones por las platas políticas.
Dentro de las críticas que se han acentuado en torno a la idoneidad de la carta del Gobierno para Fiscal Nacional, Ángel Valencia Vásquez, está la de tener amplios y transversales contactos a lo largo y ancho del espectro político, y de ser el favorito de importantes grupos empresariales. En la gran mayoría de los casos, el vínculo no es del tipo familiar –como el que lo une con el presidente del Senado, el PS Álvaro Elizalde, con quien son literalmente compadres, tras apadrinar recíprocamente a sus hijos–, sino que se trata de una relación profesional por haber representado, en calidad de abogado, a partidos políticos, como a la bancada de senadores de Renovación Nacional; haber sido empleado y/o compartido oficina con exsenadores, como es el caso del también exministro Alberto Espina (RN), actual abogado consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE); y haber representado judicialmente a políticos investigados en causas penales –algunas de las cuales hoy se encuentran en plena marcha– por hechos de corrupción pública.
Casos de alta connotación pública y que preocupan a varios senadores, tienen que ver con las investigaciones por delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos, que hoy tienen en la mira al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, emblemático exmilitante de RN, y también al exalcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, militante del mismo partido.
En una reciente declaración de Domingo Prieto, exencargado de los programas Vita de Vitacura –oficina a través de la cual, según se investiga, se habrían desviado fondos para el exacalde Torrealba, y también para financiar campañas políticas de la colectividad–, amigo cercano del exjefe comunal de Vitacura, se apuntó al exalcade de Lo Barnechea y exintendente de Santiago, Felipe Guevara, como el responsable de idear el sistema de triangulación de dineros.
En la declaración ante la Fiscalía, dada a conocer por La Tercera, Prieto señaló que el sistema para triangular dineros estatales hacia arcas particulares de Torrealba, tendría su origen en Guevara, quien por 12 años ocupó el cargo de director de Desarrollo Comunitario de Vitacura, todo esto antes de encabezar la Municipalidad de Lo Barnechea.
“Cuando dejó el cargo de director de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Vitacura, Felipe Guevara Stephens, aproximadamente el año 2007-2008, por instrucción de Renato Sepúlveda, se le debía pagar $2.000.000 mensuales, suma que salía de Vita Deportes y que se respaldaba con una boleta o factura que emitía un familiar de Felipe Guevara (…). Esta solicitud venía directamente por instrucción del alcalde Raúl Torrealba”, explicó Prieto en su declaración.
Esta declaración –de acuerdo a fuentes de este medio– sumaría a Felipe Guevara en calidad de imputado a la investigación que se sigue contra Raúl Torrealba, a quien se formalizaría en el mes de febrero.
Frente a tales hechos, de ser elegido Fiscal Nacional Ángel Valencia, se enfrentaría a un conflicto de intereses, ya que el penalista figura como abogado particular de Guevara en causas penales que se llevaron adelante apenas llegó a lo Barnechea.
La primera representación que hizo Valencia de Felipe Guevara fue en 2009, a propósito de una querella por prevaricación interpuesta en su contra por la empresa «Diseño Paisajista Ltda».
Esta defensa la asumió Valencia un año después de la triangulación de platas que –según Prieto– encabezó Guevara en Vitacura.
De acuerdo a la declaración de Domingo Prieto, el sobrino de Raúl Torrealba, elexdiputado RN Sebastián Torrealba, siendo funcionario de Lo Barnechea, recibió platas ilegales para llevar adelante su campaña parlamentaria.
«Tengo que señalar que, para la campaña a diputado del sobrino del alcalde, de nombre Sebastián Torrealba Alvarado, el año 2016, no recuerdo mes, el director de Decom, Renato Sepúlveda, me solicitó que debíamos entregar mensualmente la cantidad $1.500.000, a solicitud del alcalde Raúl Torrealba (tío del candidato), instruyéndome sacar el dinero de Vitadeportes, el cual se cobraba a través de un cheque siendo entregado en efectivo a Renato Sepúlveda, en un sobre”.
En el tiempo de estas triangulaciones, Sebastián Torrealba se desempeñaba como jefe de gabinete del alcalde Guevara, quien solo meses antes, en una sesión del Concejo de la Municipalidad de Lo Barnechea (en 2015), acordó la «conveniencia» de contratar nuevamente los servicios de Ángel Valencia, para que se hiciera cargo de distintos juicios en materia penal que llevaba adelante la municipalidad dirigida por Guevara.
Otro caso de corrupción pública que investiga actualmente el Ministerio Público, dice relación con el nuevo juicio oral el exalcalde de Ñuñoa Pedro Sabat, quien ininterrumpidamente ha estado sujeto a investigaciones penales por delitos de corrupción. Concretamente, este 10 de febrero parte el juicio contra Sabat, a quien el fiscal jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda, lo acusa de delitos reiterados de negociación incompatible y pide sea condenado a la pena de 4 años de presidio. En la instancia, el fiscal Sepúlveda pretende acreditar que Pedro Sabat suscribió contratos, en representación del municipio, con un tercero que era socio de su hijo.
El candidato de La Moneda para encabezar el Ministerio Público, Ángel Valencia, defendió judicialmente a Sabat en un anterior proceso penal en su contra, en el marco del bullado Caso Basura.
