Uno de los impulsores del acuerdo político que abre paso al nuevo proceso constituyente, el diputado Raúl Soto (PPD), sale al paso de las críticas y cuestionamientos en torno al proyecto aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados este miércoles, y asegura que la nueva Carta Magna «no va a ser un programa de Gobierno ni un proyecto de un determinado sector político, sino que va a ser más bien un marco de acción constitucional sobre el cual se pueden desarrollar todos los proyectos políticos en un contexto democrático». Por otra parte, el parlamentario se refiere a la necesidad de un cambio de dirección en la marcha del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, advirtiendo que se debe revisar «ministerio por ministerio» para detectar los errores cometidos durante el año pasado, y corregirlos a la brevedad.
Este miércoles 11 de enero, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó el proyecto de reforma constitucional que habilita un nuevo proceso constituyente. La iniciativa, que emerge del «Acuerdo por Chile», fue sometida a votación en general, donde obtuvo 109 votos a favor, 37 en contra y 2 abstenciones, y a votación en particular con sus seis indicaciones. De esta manera, el proyecto –que quedó en condiciones de ser promulgado por el Presidente Gabriel Boric– asegura la creación de un Consejo Constitucional, una Comisión Experta y un Comité Técnico de Admisibilidad, con el propósito de redactar una nueva propuesta de Constitución, la que sería sometida al escrutinio ciudadano mediante plebiscito con voto obligatorio.
En ese contexto, y después que el Servicio Electoral (Servel) criticara duramente haber sido excluido de dicho acuerdo político, mostrando «preocupación» por la omisión respecto a su autonomía constitucional, sumando voces pesimistas frente a un nuevo intento por aprobar una nueva Carta Fundamental, uno de sus impulsores, el expresidente de la Cámara Baja, Raúl Soto (PPD), evidencia su confianza y asegura que «si se toman buenas decisiones, el proceso se va a ir legitimando solo». Al respecto, el parlamentario expresa su intención de que este nuevo proceso esté lo más lejos posible de la contingencia política y siempre vinculado con la ciudadanía.
Pero, además, el diputado por la Región de O’Higgins se refiere a los cuestionamientos y críticas que ha recibido el Gobierno del Presidente Boric en las últimas semanas, y respalda la idea que han sugerido personeros oficialistas de realizar un cambio de gabinete ministerial. Al respecto, Soto considera que se debe evaluar «cartera por cartera», para reconocer dónde están las debilidades y, a partir de ahí, corregirlas, entendiendo que –a su juicio– el Ejecutivo requiere de un cambio de dirección, para volver a conectar con la ciudadanía. No obstante, el expresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados reconoce la dificultad de encauzar dicho proceso por parte de una clase política deslegitimada, en el contexto de una enorme crisis de confianza. El desafío –advierte Soto– es «generar una nueva sintonía con el sentido común de las mayorías y no solamente en sintonía con el sentido ideológico de una minoría».
-¿Cuál es, a su juicio, el estado actual de la convivencia interna en el oficialismo? ¿Qué tan cierto es el eventual empoderamiento del Socialismo Democrático? ¿Podría esto implicar un «cambio de rumbo» en la forma de gobernar por parte del Presidente Gabriel Boric?
-Primero, debo señalar que yo creo que no es bueno entrar en una disputa por la hegemonía al interior del Gobierno entre las dos coaliciones, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático. Acá hay un trabajo unitario, basado en dos coaliciones que son esencialmente distintas, que tienen identidades y domicilios políticos distintos, historias distintas, y esas diferencias y matices obviamente que tienen que también expresarse, es saludable que así sea, pero que tienen, al mismo tiempo, una coordinación en función de objetivos comunes, que es sacar adelante el programa de transformaciones del Presidente Gabriel Boric. No se trata, por tanto, de una disputa de poder interno, ni siquiera se trata de un tema cuantitativo, desde el punto de vista de qué coalición tiene más o menos presencia al interior del Gobierno. Se trata de entender que efectivamente ha habido errores, en distintos episodios que durante el 2022 se han producido en la gestión del Gobierno, y que es necesario corregirlo a la brevedad y, a partir de allí, enmendar el rumbo para estar, de manera mucho más eficaz y mucho más eficiente, enfocados en las urgencias sociales, en los temas de seguridad y en los temas económicos, y desde allí generar una nueva sintonía con el sentido común de las grandes mayorías de nuestro país y no solamente en sintonía con el sentido ideológico de una minoría.
-¿Por qué cree que es necesario modificar el rumbo del Gobierno y su relación con los otros poderes del Estado? ¿Cuáles son las garantías de que el Socialismo Democrático pudiese aportar «aire fresco» al Ejecutivo?
-Creo que lo más relevante hoy día es generar un golpe de timón que permita, efectivamente, que la matriz política e ideológica del proceso de toma de decisiones al interior del Gobierno vaya efectivamente cambiando. Y de tal manera, creemos que en los lineamientos políticos y en las maneras de enfrentar los problemas, debido a su experiencia en la gestión de Gobierno, el Socialismo Democrático evidentemente que toma mayor relevancia.
Y evidentemente que, si se mejora la gestión del Gobierno –en función de un trabajo mucho más claro, con un norte y un objetivo, tanto de corto como de mediano y largo plazo–, por cierto que debiesen mejorar las coordinaciones y las comunicaciones al interior de las fuerzas políticas que forman parte del oficialismo, pero también en la relación con los otros poderes del Estado. Creo que es necesario hoy día generar un clima de entendimiento, de diálogo y de búsqueda de acuerdos, que incluso permita también retomar ese diálogo y esa conversación por estos días tan necesaria con la oposición, que se vio dinamitada a propósito de la decisión de los indultos y la caída de la mesa de acuerdo en materia de seguridad.
-¿Cuáles son los principales desafíos que deberá enfrentar la clase política en este año que recién comienza? ¿Por qué considera que se hace urgente y necesario un cambio de dirección del Gobierno?
-Va a ser un año 2023 muy complejo, con un proceso constituyente en curso, que debe resolverse y ejecutarse de manera exitosa; con una recesión económica durante el primer semestre, con inflación y alto costo de la vida, causando efectos negativos en los bolsillos de las familias chilenas; con un clima de polarización, donde los extremos políticos parece que están más empoderados que nunca. Frente a esto, se hace necesario propiciar estabilidad institucional durante este año y, a partir de allí, generar las condiciones, por un lado, de apoyo ciudadano, para que las reformas sean viables y tengan la fuerza política y social que se requiere, pero, al mismo tiempo, generar las condiciones de diálogo político que permitan tener también la viabilidad desde el punto de vista de los apoyos legislativos que se van a requerir. Si no somos capaces de construir eso, estamos bajo el riesgo de una paralización política durante este año 2023, que sería muy nociva para el Gobierno y, obviamente, muy nociva para el país. Por tanto, yo creo que este Gobierno tiene hoy día la responsabilidad de sacar a flote su programa, sacar a flote su proyecto político, y sacar a flote al país. Yo creo que ese es el camino que hay que buscar, y si eso implica revisar cartera por cartera dónde están los problemas, dónde hay mala gestión, dónde las cosas se podrían hacer mejor –no solamente en relación a nombres o personas, sino que en cuanto a los enfoques de las políticas públicas y cómo estas se están comunicando–, por cierto, que tiene que hacerse.
-¿Cómo enfrentan ustedes, como parlamentarios, esta crisis de confianza con las instituciones, y cómo, en medio de este escenario, se puede avanzar en el proceso constituyente?
-Uno de los factores que hace complejo el devenir del Gobierno, y el devenir del futuro proceso constituyente, y por tanto hay que ver la forma de abordarlo con prontitud, dice relación justamente con el divorcio entre la ciudadanía y el mundo político. Probablemente, la desconfianza y el descrédito de la institucionalidad política de nuestra democracia es un problema mundial, donde la crisis de las democracias liberales es algo que está afectando a muchos países y Chile no está exento de eso. Estamos en un clima con mayor polarización, los extremos están más fuertes, la centroizquierda y la centroderecha se ven un poco tironeadas en ese escenario. Pero yo creo que el «Acuerdo por Chile» y el resultado robusto que tuvimos en la aprobación de la reforma constitucional, dan cuenta de que en el mundo político hay un amplio espectro, en la centroizquierda y en la centroderecha, de personas que tenemos conciencia de la responsabilidad histórica que hoy nos toca vivir y que, a partir de allí, tenemos que actuar de forma seria y responsable, para generar condiciones de certeza, no solamente en las urgencias que tenemos que en conjunto enfrentar hoy día, sino también en aquellos temas que aseguren que en el mediano y largo plazo Chile no va a caminar por el sendero que vienen caminando Perú y Brasil, por ejemplo, con condiciones de inestabilidad política que son brutales y que se vienen arrastrando hace muchos años.
-¿Cuál es el grado de responsabilidad que tienen a partir de ahora los partidos políticos con el proceso constituyente? ¿Está latente el riesgo de cometer los mismos errores del proceso anterior?
-Muchas de las partes no quedaron totalmente conformes, y eso es evidente en cualquier acuerdo. Los acuerdos se tratan, justamente, de que todas las partes cedan y que se encuentre un punto de encuentro y de equilibrio (…). Yo creo que, en gran parte, el éxito y la legitimidad de este proceso constituyente no se juega en el acuerdo ni en el diseño mismo del proceso, sino más bien en las decisiones que hay que tomar ahora a propósito de la ejecución de este proyecto constitucional. Si los partidos toman buenas decisiones, eligen a las personas indicadas para ser expertos y expertas, y eligen a buenos candidatos para ser consejeros y consejeras constitucionales, sin duda que eso nos va a dar certeza de un proceso que se inicia por un buen camino y que, eventualmente, se puede traducir en un texto constitucional que va a ser serio y minimalista. Es decir, no va a ser un programa de Gobierno ni un proyecto de un determinado sector político, sino que va a ser más bien un marco de acción constitucional sobre el cual se pueden desarrollar todos los proyectos políticos en un contexto democrático, cualquiera sea el color que este tenga.