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Crédito: Agencia Uno
La acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, incluye, entre otras materias, la renuncia de la exseremi metropolitana de la cartera Patricia Hidalgo. La otrora autoridad de Gobierno acusó haber recibido «presiones indebidas» del Gobierno para aprobar proyectos en el Comité de Evaluación del Servicio de Evaluación Medioambiental con los que no estaba de acuerdo. En su defensa -enviada a la comisión revisora de la AC-, el titular de Desarrollo Social apuntó que “no hay acción ni omisión imputable a este ministro. Aun si los hechos descritos por la exseremi de Desarrollo Social y Familia hubieran acaecido en la forma en que ella los ha descrito, y aún si estos hechos se considerasen ‘presiones políticas indebidas’, ninguno constituye un hecho personal de este ministro».
El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, envió este martes -a la comisión revisora de la acusación constitucional en su contra- sus reparos al libelo acusatorio. La acción fue ingresada por el Partido Republicano por infracciones o inejecución a la Constitución, funcionamiento de los servicios locales de Niñez, vulnerar el principio de probidad, entre otras materias.
La acusación -de cuatro capítulos- también incluye la renuncia de la exseremi metropolitana de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, quien acusó haber recibido «presiones indebidas» del Gobierno para aprobar proyectos en el Comité de Evaluación del Servicio de Evaluación Medioambiental con los que no estaba de acuerdo.
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“No hay acción ni omisión imputable a este ministro. Aun si los hechos descritos por la exseremi de Desarrollo Social y Familia hubieran acaecido en la forma en que ella los ha descrito, y aún si estos hechos se considerasen ‘presiones políticas indebidas’, ninguno constituye un hecho personal de este ministro», señaló Jackson en las observaciones al libelo.
«La atribución de responsabilidad que persigue la acusación constitucional es por hechos personales y directos de quien ejerce el cargo, lo que no tiene lugar en este caso”, añadió el secretario de Estado.
A su vez, apuntó que «aun si los hechos descritos por la exseremi Hidalgo hubieron acaecido en la forma en que ella los ha descrito, y aun si estos hechos se considerasen ‘presiones políticas indebidas’, ninguno constituye un hecho personal de este ministro y, por tanto, no hay acción ni omisión que me sea imputable».
Asimismo, sostuvo que «los acusadores interpretan incorrectamente las reglas sobre probidad administrativa a las que aluden y, por tal razón, llegan a conclusiones erradas. No ha habido vulneración a tales reglas”.
“Como ya se ha demostrado, una simple orden dada a un funcionario subalterno respecto de alguna materia en la cual el jefe de servicio u otro funcionario tienen claras atribuciones implica un ejercicio legal de las labores y funciones asignadas y no puede considerarse reprochable”, complementó.
También insistió que “no existieron presiones indebidas hacia la Sra. Patricia Hidalgo”.
