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Dos ejecutivas condenadas por fraude al fisco y malversación de fondos y representantes legales de las agencias de viaje investigadas en el marco del caso Milicogate, siguen trabajando y vendiendo paquetes aéreos al Estado. Según la Ley de Compras, empresas como Turavion y Latrach no tienen que ser inhabilitadas para participar de licitaciones y convenios marco, a pesar de haber sido parte de casos de corrupción. Fuentes expertas aseguran que esta norma no contempla sanciones suficientes para los proveedores que han incurrido en fraudes, además de ser deficiente en materias de transparencia y probidad.
El coronel Sergio Vásquez Undurraga, que se desempeñaba como jefe de finanzas de la Comandancia en Jefe del Ejército de Chile, viajó el 1 de julio de 2012 desde Santiago hasta Washington DC para cumplir una misión militar en la capital de Estados Unidos. En este viaje lo acompañaron sus dos hijos y su esposa. Los cuatro pasajes de ida y vuelta fueron financiados con fondos fiscales y gestionados por la agencia de viajes Turavion, a través de una de sus ejecutivas: Annie Stange.
El regreso, sin embargo, tuvo una parada extra que no estaba contemplada ni autorizada en la orden fiscal de compra: un hotel all inclusive en Punta Cana. Allí se sumó la madre del coronel Vásquez, para quien también el Estado compró un pasaje de ida y vuelta. Este lujoso paquete fue facilitado por la misma Annie Stange.
Después del viaje, Turavion -de propiedad de la familia Sacchetti- depositó en la cuenta personal de Sergio Vázquez un monto de $2.491.434, equivalentes al saldo sobrante de la compra fiscal original pagada por el Ejército, que correspondía a una factura falsa por la suma de $7.356.830. Este monto sobrante debía volver a la institución, pero no fue así.
Nueve casos con este mismo modus operandi ocurrieron en el Ejército, y fueron investigados por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago. Esta fue la denominada “arista agencias de viajes”, enmarcada dentro del caso de fraude fiscal conocido como Milicogate, la malversación de fondos públicos más grande en la historia de la institución castrense, y según el periodista Mauricio Weibel, quien investigó ampliamente el caso, “en cuanto a monto, solo está por debajo del Pacogate”.
En septiembre de 2021, Annie Stange fue condenada a tres años y un día por ser autora del delito de fraude al fisco, aunque su pena fue sustituida por la de libertad vigilada. Es decir, no fue a la cárcel. También se le sancionó con la inhabilitación absoluta para desempeñar cargos y oficios públicos por el tiempo que dure la condena. Hoy, Stange sigue trabajando como ejecutiva de ventas en Turavion, en el mismo puesto en el que se encontraba al ser hallada culpable, aunque según indica su informe de seguimiento, no se relaciona directamente con el Estado.
Según este mismo informe, elaborado en noviembre de 2022 por el Centro de Reinserción Social de Santiago Oriente, en donde Stange debe acudir para que se evalúe su progreso por el delito cometido, la ejecutiva ha presentado avances en su tratamiento de rehabilitación. “Ha trabajado en torno a aumentar la conciencia de conductas que eran normalizadas por décadas”, asegura el informe, en referencia al modus operandi para defraudar al Fisco. El informe agrega que el riesgo de reincidencia de Stange es de “nivel bajo”, “dado que el sistema de trabajo tiene un sistema de control que tienen los servicios públicos para viajes y de gastos reservados o de otro tipo, lo que reduce aún más el riesgo de involucrarse en situaciones que pudieran ser irregulares”.
¿Existen realmente los “sistemas de control” para evitar fraudes? Esta investigación revela, por medio de información obtenida a través de transparencia, que siete años después del Milicogate, las distintas instituciones del Estado no cuentan con un sistema claro para registrar cambios de pasajes. De hecho, muchas no tienen registro alguno de estas operaciones, dejando cualquier modificación al itinerario de viajes en manos de las propias agencias y los funcionarios. Al parecer, después del Milicogate, pocas cosas han cambiado.
Según indica la Ley de Compras Públicas, Mercado Público es una plataforma electrónica administrada por ChileCompra, en donde más de 850 organismos del Estado realizan adquisiciones y contratan productos y servicios ofrecidos por 123 mil empresas de todos los tamaños y rubros. Dentro de esta, tal como dice la normativa, se pueden negociar tres modalidades: trato directo, las licitaciones de medianas y grandes compras, y el convenio marco.
Según el Decreto 250, que aprueba el reglamento de la Ley 19.886, que regula los contratos administrativos y prestación de servicios, los convenios marco “son una modalidad de compra de bienes y servicios que opera a través de un catálogo electrónico o tienda virtual y constituyen la primera opción de compra de los organismos públicos”. Estos se agrupan en uno o más rubros, en donde los proveedores se incorporan a este catálogo electrónico luego de una licitación pública efectuada por ChileCompra. La misma entidad define los criterios para que un convenio marco se aplique a una industria: deben ser bienes altamente estandarizables, de consumo frecuente o de uso transversal por el Estado.
Debido a que distintas instituciones del Estado requieren comprar pasajes aéreos, este rubro entra en la categoría tanto de uso transversal como de consumo frecuente.
El convenio marco es una alternativa más rápida que el llamado a licitación pública y promueve la competencia entre varios proveedores. Según la normativa de contratos administrativos, el organismo público debe elegir, entre los proveedores adscritos, la opción más conveniente para lo que necesite adquirir. En este caso, deben elegir a la empresa que les ofrezca los pasajes más baratos.
Una vez que una compañía es parte del convenio marco, tiene una amplia vitrina para vender sus productos o servicios. Para las agencias de turismo, se trata de rutas y seguros de viajes. Aquí está Turavion, en donde compite con otras empresas del rubro como Latam y Sky Airlines. Sin embargo, la sociedad en la que trabaja Annie Stange sigue siendo la mayor proveedora de pasajes aéreos del Estado.
Según indica la base de datos obtenida a través de Mercado Público, desde el 1 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2022, 474 instituciones distintas han comprado 48.326 pasajes a Turavion. El organismo público que más ha adquirido los productos y servicios de la empresa, en ese rango de fechas, es el Ejército con 3.362 pasajes, según el desglose de los datos de Mercado Público.
La fraudulenta práctica de utilizar pasajes comprados con dineros fiscales, para luego cambiar su destino o agregar a personas ajenas a las instituciones del Estado, era una “práctica normalizada por décadas”, según indica el informe de seguimiento realizado a Annie Stange. Pero la arista “agencias de viajes” de la investigación logró revelar estas operaciones fraudulentas.
A pesar de ello, a siete años de que se destapara el fraude del Ejército, el proceso de cambios de pasajes sigue siendo un foco de opacidad. Para esta investigación se pidió información a través de transparencia a diferentes organismos del Estado, como la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Se solicitó una lista o nómina con información de los pasajes comprados por la institución que hayan sido modificados, entre el 1 de enero de 2018 y el 1 de octubre de 2022.
Ante esta solicitud, ambos organismos señalaron: “Este Servicio no cuenta con un registro asociado a los cambios de pasajes generados en este período (…) los cambios de pasajes no se encuentran contemplados en la operatoria del propio convenio marco, por corresponder a un servicio post venta, donde el propio funcionario gestiona con la agencia de viaje el cambio de fecha requerido”.
Incluso el Ejército de Chile, protagonista del fraude de sus altos mandos, aseguró que “la institución no tiene sistematizada y parametrizada los antecedentes requeridos, así como tampoco tiene ingresado como motor de búsqueda en sus archivos ‘pasajes aéreos modificados’”. Sobre esto, Michel Figueroa, administrador público y miembro de la organización Chile Transparente, asegura que “los encargados de control interno no están haciendo su trabajo. Este tipo de respuesta demuestra fallas en los sistemas de la institución. Se está dejando la puerta abierta a posibles irregularidades”.
Por otro lado, la Subsecretaría de Energía y la Subsecretaría del Interior sí enviaron un archivo Excel con la información, en donde se detallan 140 y 150 cambios de pasajes respectivamente. Las modificaciones son de fecha, principalmente, y fueron gestionadas por otras agencias de viajes, como Sky Airlines o Latam.
Si bien, seis de las siete instituciones consultadas no tienen registros de que funcionarios hayan cambiado pasajes de manera particular, todas reconocen que estos cambios siguen ocurriendo. Incluso, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo respondió a la solicitud de transparencia enviando un instructivo que detalla el paso a paso a seguir en caso de que se quiera modificar un ticket aéreo. El instructivo indica que “el funcionario que viaja deberá gestionar directamente el cambio del pasaje aéreo con la AGENCIA DE VIAJES TURAVION SpA”.
Felipe Ahumada, abogado y académico del diplomado en Compras y Contratación Pública de la Universidad Alberto Hurtado cuestiona esta falta de información: “Tras el escándalo del Fraude en el Ejército, no contar con información de registros de cambios de pasajes, es una acción desprolija y una falta de criterio estratégico”.
Turavion es una empresa nacida en 1935, pero adquirida por Tito Sachetti en 1962, un empresario que también participó de la propiedad del haras Figurón, uno de los principales criaderos de caballos de carrera del siglo pasado, junto a Anacleto Angelini y Norberto D’Alessandro, entre otros negocios. Desde entonces, distintos miembros del clan Sacchetti se han hecho cargo de la compañía. En la actualidad Enrique Sacchetti Wagner (65), el hijo mayor de la familia, ejerce como gerente general y representante legal de la agencia que se ubica en Apoquindo 3000, en la comuna de Las Condes.
Entre 2009 y 2015, la compañía se vio involucrada en delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento privado mercantil en el marco del Milicogate. Estos delitos, comprobados por el 7mo Juzgado de Garantía de Santiago, fueron perpetrados por una de sus ejecutivas de ventas, Annie Stange, encargada de gestionar los viajes del Ejército de Chile.
El modus operandi para concretar los ilícitos era que se compraban los pasajes por un monto determinado, generando su respectiva factura. Luego, un funcionario de la institución se contactaba con la ejecutiva, y con un acuerdo previo, se buscaban cambios en el itinerario que redujeran el precio de los pasajes, o agregaban a personas ajenas al organismo, también creando paradas que no estaban previstas en los recorridos iniciales. Tras esto, la ejecutiva de la agencia devolvía el monto que no se utilizó al funcionario militar. Ya que la factura original era de mayor precio, la empresa percibía comisiones superiores y los viajeros obtenían sus pasajes junto a un monto de dinero extra en sus bolsillos.
A pesar de haberse comprobado este fraude, el 29 de octubre de 2021, la empresa Turavion se adjudicó la licitación, vía convenio marco, para gestionar los viajes de distintos organismos públicos. En esta, compitió con otras empresas del rubro como Travel Security, Cocha, Latrach, Upgrade Travel y Mundo Tour. Aquí, la agencia de viajes de los Sacchetti Wagner se llevó en solitario la categoría “Agencia de Viajes Corporativos Online”. Es decir, a través del sitio web de Turavion se ofrecerán las distintas ofertas de viajes que requiera el Estado. Además, ganó la licitación de asistencia de viajes internacionales, junto a dos empresas más: Mundotour y Cocha.
En ambas categorías participó también la empresa Latrach, otra de las compañías cuestionadas por el caso de fraude en el Ejército, teniendo a una de sus dueñas imputada por fraude al fisco.
Por otro lado, el 9 de febrero de 2022, Turavion se adjudicó otra licitación, esta vez con la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, la que buscaba contratar el servicio para la venta de pasajes, seguros de viaje y post venta, entre otras cosas. La post venta tiene que ver con la asistencia otorgada por la empresa luego de adquirir los pasajes, en el caso de encontrarse con algún problema con su itinerario previamente establecido, y también con cambios de vuelos. La idea era tener a algún proveedor asociado al convenio marco como mano derecha para simplificar el proceso.
En esta licitación, Turavion derrotó a Cocha por un margen mínimo en el puntaje final. Así, quedó con la posibilidad de trabajar directamente con la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, adjudicándose un pozo de 760 millones de pesos, los que luego de ser gastados por completo, darían por concluido el contrato. Es decir, la empresa nuevamente tiene la posibilidad de trabajar con el Estado con un millonario acuerdo.
No solo Turavion se encargó de gestionar y cambiar irregularmente los viajes del Ejército. Otras empresas también se vieron involucradas en un caso de corrupción que significó un desfalco cercano a los 6 mil millones de pesos, un monto equivalente a 330 viviendas sociales. Además de Turavion, las agencias Turismo Latrach, Tupper Limitada y Viajes Cocha son varias veces mencionadas en las distintas investigaciones que maneja la Fiscalía.
Uno de estos casos es el de Tupper Limitada, constituida en 1997 y liderada por los hermanos Tupper Fuenzalida. Al igual que Turavion, la empresa incurrió en desviación de fondos y fraude al fisco, siendo Fernando Tupper, gerente general de la agencia y Luciana Figueroa, ejecutiva de ventas, los principales responsables de los delitos, cometidos entre 2008 y 2014. El papel de la ejecutiva de ventas era fundamental a la hora de realizar vínculos y acuerdos extraoficiales con el Ejército, puesto que Figueroa está casada con el coronel José Lira, quien actualmente se encuentra en retiro.
Según la Fiscalía, hubo cuatro casos en donde se vendían pasajes con un precio sobrevalorado respecto al de mercado. También se gestionaron viajes que no estaban autorizados por las instituciones públicas y se realizaron devoluciones de dinero. Por estos hechos se le dio una pena de tres años y un día a la ejecutiva Luciana Figueroa.
Una sanción insuficiente, dice Trinidad Inostroza, exdirectora de ChileCompra: “La agencia debería responder por los actos de su personal. Para eso hay una propuesta en ChileCompra de que las empresas firmen un pacto de integridad. Firmar dicho pacto haría que el personal de la empresa privada que trabaja con el Estado cumpla con obligaciones éticas equivalentes a las que tiene un funcionario público”. Hoy ese pacto existe, pero es voluntario, señala Inostroza, quien es también directora académica del Diplomado en Compras Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Al día de hoy, Fernando Tupper dejó Tupper Limitada para trabajar en Turismo Oroco. Sin embargo, la investigación sigue activa: el 28 de noviembre de 2022 se le formalizó por los delitos de fraude al fisco y falsificación de documentos privados, ordenando la medida cautelar de arraigo nacional mientras dure la investigación. Hasta ahora, Turismo Oroco no aparece registrado como proveedor del Estado en Mercado Público.
Otro de los casos que pasó por la justicia es el de Turismo Latrach. En la misma querella que interpuso el Consejo de Defensa del Estado, que llevó a Annie Stange y a Luciana Figueroa a ser declaradas culpables, estaba incluida María Victoria Latrach, quien tenía la particularidad de no ser solo una ejecutiva de la empresa, sino la representante legal. El juicio de Latrach estaba programado para el 8 de agosto de 2019, pero la imputada nunca llegó. A fines de septiembre de 2022, su defensa pidió el sobreseimiento definitivo del juicio, asegurando que la mujer de 83 años tiene problemas tanto físicos como psiquiátricos.
Durante la investigación inicial, Victoria Latrach reconoció haber realizado cambios de vuelos y devoluciones de dinero en efectivo a funcionarios del Ejército. “Hoy no lo haría”, agregó Latrach, según indica el expediente de la causa publicado por Bio Bio.
En la actualidad, Turismo Latrach Limitada continúa vendiendo pasajes aéreos a diferentes instituciones del Estado. Entre agosto de 2021 y agosto de 2022, mismo período analizado para Turavion, Turismo Latrach ha vendido 118 viajes a través de convenio marco, en los cuales tiene como principales clientes a la Armada y a la Universidad de Chile.
Por último está Turismo Cocha, quienes habrían emitido boletas ideológicamente falsas, cobrando al Estado valores muy superiores a los reales por los pasajes aéreos. Todo esto en viajes realizados por el exgeneral y excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez Menanteau.
A diferencia de las agencias anteriores, de momento ningún ejecutivo o representante de Cocha ha recibido alguna condena por este fraude. Pero la investigación sigue en curso y faltan involucrados por declarar.
Existen discrepancias entre los expertos en compras públicas, transparencia y probidad frente a la regulación y fiscalización de las licitaciones que entrega el Estado a empresas privadas.
“Llama mucho la atención de que agencias que participaron activamente en la ejecución de este tipo de actos fraudulentos puedan después seguir libremente contratando con el Estado y no tengan ningún tipo de bloqueo”, dice José Morales, jefe de la Fiscalía Local Santiago Norte y fiscal a cargo del caso de Fraude en el Ejército.
En la actualidad sí existe un mecanismo para la prevención de delitos en la Ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho.
Este es un “Modelo de Prevención de Delitos” que, según se lee en la propia norma legal, tiene como primera exigencia que la máxima autoridad de la empresa nombre un encargado de prevención que durará tres años en el cargo, con posibilidad de reelegirse en otros periodos. Este deberá tener autonomía con el resto de los socios y controladores. El encargado de prevención, una vez electo, deberá establecer protocolos, reglas y sanciones internas para prevenir delitos dentro de la empresa. Además, será el encargado de informar los canales de denuncia para malas prácticas, y de fiscalizar el correcto cumplimiento de las normas internas. El problema es que, hasta ahora, este modelo es voluntario para las empresas privadas, incluso para aquellas que son proveedoras del Estado.
Patricio Bascuñán, académico del Magíster Control y Gestión de Riesgo Corporativo de la Universidad Central, aboga para que el Modelo de Prevención de Delitos se vuelva obligatorio para todas las empresas que trabajen con el Estado. “Para transparentar todos los procesos relacionados con los negocios o cualquier tipo de trato que se haga con las instituciones públicas. Esto ayudaría a dar mayor probidad y transparencia en los procesos relacionados a las licitaciones”, dice.
En tanto, el abogado José Luis Lara, experto en derecho administrativo y con amplia experiencia en derecho público, enfatiza en que mantener un alto estándar de probidad es clave en la imagen que proyecta el Estado: “los casos de cohecho y fraude al fisco son más graves, porque el Estado no puede estar contratando a quienes lo han engañado o a quien está incurriendo en malas prácticas”.
Sin embargo, el abogado Mauricio Cisternas, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad del Desarrollo, enfatiza en que no hay mucho que hacer si es que la persona condenada no es la representante legal de la empresa: “no puedes pedirle responsabilidad jurídica a la empresa porque uno de sus trabajadores cometió un ilícito para beneficio personal”.
La Ley 20.393 indica exactamente lo anterior en su artículo 3: “las personas jurídicas no serán responsables en los casos que las personas naturales indicadas en los incisos anteriores, hubieren cometido el delito exclusivamente en ventaja propia o a favor de un tercero”.
Pero Patricio Bascuñán plantea que en la arista de las agencias de viaje en el Milicogate, las empresas sí tuvieron ganancias mediante las comisiones cobradas a las instituciones estatales en cada venta, por lo que los casos de fraude las habrían beneficiado de manera directa. Con esto, podría aplicarse la responsabilidad penal hacia la empresa, que contempla penas que van desde multas hasta la disolución de la personalidad jurídica.
En la discusión entre distinguir la responsabilidad penal de persona natural o jurídica, cabe otro punto relevante: ¿Qué se hace con los ejecutivos formalizados? La ley sobre la responsabilidad penal no da claridad al respecto, pero para José Luis Lara, “al menos debieran impedir o adoptar medidas de suspensión para que ese ejecutivo no se relacione con el Estado”. Pero eso debe quedar establecido dentro del Modelo de Prevención de Delitos de cada empresa. Como este aún no es obligatorio, ejecutivas como Annie Stange y Luciana Figueroa pueden seguir trabajando en sus respectivos puestos, y sus compañías vendiéndole al Estado sin problemas.
Para frenar las irregularidades y poder sancionar correctamente tanto a las instituciones públicas como a las empresas privadas involucradas, los expertos coinciden en que se deben hacer cambios a la Ley de Compras Públicas.
Uno de esos cambios se está trabajando desde el parlamento. Se trata de una iniciativa que busca sistematizar todos los delitos económicos, buscando mayores sanciones a quienes resulten responsables de fraude, colusión o lavado de activos, entre otros. Como sanciones posibles, el senador Matías Walker, entrevistado para este reportaje, expresó que una posibilidad es que se suspenda a aquellas empresas que han cometido alguno de estos ilícitos para que puedan celebrar contratos con el Estado. “Sería una sanción ejemplar”, asegura el senador. Hoy el proyecto se encuentra en la Comisión de Constitución del Senado.
Por otra parte, desde marzo de 2021, está en discusión una actualización a la Ley de Compras Públicas. Ingresado por el exministro de Hacienda Ignacio Briones, el proyecto propone “darle transparencia y probidad a las compras públicas, que es un buen disuasivo contra las malas prácticas”, afirma Briones, entrevistado para esta investigación.
En concreto, la actualización de la ley busca hacer obligatorio el registro en la plataforma de proveedores a la hora de ser contratado por el Estado; hacer pública la información de los contratos, para evitar que empresas que incumplan sus pactos sean elegidos nuevamente; perfeccionar el Tribunal de Compras, que actualmente solo ve los acuerdos en su etapa de licitación y no después; establecer nuevas causales de inhabilidad para participar en licitaciones; entre otras cosas.
«Lamentablemente, no veo que sea un asunto prioritario», afirma el exministro de Hacienda respecto a esta promulgación de ley. Felipe Ahumada, abogado y académico del diplomado en Compras y Contratación Pública de la Universidad Alberto Hurtado, concuerda con el exministro, y agrega que “este tipo de materias son muy de primer orden en el discurso, pero quedan muy en segundo plano en las prioridades legislativas”.
Mientras la discusión sigue en espera, los funcionarios de los diferentes organismos públicos siguen viajando gracias a los servicios de Turavion. En tanto, Annie Stange debe cumplir su siguiente objetivo de rehabilitación indicado en su informe de seguimiento de agosto de 2022: debe desarrollar estrategias de prevención de reincidencia de delitos relacionados con fraude al fisco, estrategias de prevención que serán difíciles de aplicar con la actual configuración de la ley de compras públicas.
Tras la respuesta entregada por el Ejército de Chile a la solicitud de transparencia, en donde el organismo negó acceso a la información de cambios de pasajes aéreos por no tenerla sistematizada, se presentó un recurso de amparo ante el Consejo para la Transparencia. En dicha presentación, el equipo de investigación de este reportaje mencionó que no tener la información sistematizada no es una causal de denegación prevista en la Ley de Transparencia, y que esta situación representa un riesgo dado el antecedente del gran fraude conocido como Milicogate. El Consejo tiene 120 días para revisar y decidir el caso.
*Este reportaje fue realizado por José Mora y Benjamín Huguet, en la sección de la profesora Catalina Gaete del curso Taller de Periodismo Avanzado de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
