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Cuando falta un día para que la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados vote la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, el despliegue oficialista tiene un solo foco: Renovación Nacional. Esto, después que el partido de Chile Vamos anunciara que rechazará la cuestión previa –a la cual apeló el secretario de Estado–, para conocer el fondo de la acusación. Así, mientras surgen dudas sobre si desde dicha colectividad apoyarán o no el libelo contra Jackson, su bancada –que suma 22 votos– se transformó en el factor clave y determinante en el proceso gestado en el Partido Republicano. De hecho, las fuerzas opositoras han alertado respecto a que «no sería gratuito» para RN el descolgarse de la acusación. Sin embargo, desde el Gobierno advierten que, en caso de que esta avance al Senado, las posibilidades de evitar la destitución pasarían del gris al gris oscuro, debido a que el exministro de la Segpres no cosechó buenas relaciones con la Cámara Alta.
Este jueves 19 de enero, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados votará la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. El Partido Republicano acusa al secretario de Estado de faltar al deber de supervigilancia respecto de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), infringir gravemente la Constitución y las leyes, y vulnerar el principio de probidad administrativa, con supuestas presiones a la exseremi de la cartera, Patricia Hidalgo. En su defensa, la autoridad de Gobierno anunció que invocará la cuestión previa para que la acusación sea desechada, sin que se discuta su fondo.
Al respecto, el ministro Jackson expresó que “tenemos los argumentos a disposición, la ciudadanía podrá ver cómo esta es una acusación que carece de fundamento jurídico y que al menos nosotros, habiéndola revisado por completo y habiendo escuchado a los distintos expertos y expertas que se presentaron en la comisión, estamos muy convencidos de los argumentos de fondo (…). Al menos hemos tratado de que ninguno (de los parlamentarios) no tenga esos argumentos a su consideración».
Según indica la Ley Orgánica Constitucional (LOC) del Congreso, antes de que la Cámara Baja inicie el debate este jueves, «el afectado podrá deducir, de palabra o por escrito, la cuestión previa de que la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución Política señala». Una vez discutida la cuestión previa, la Cámara resolverá al respecto por mayoría simple de los diputados y diputadas presentes, después de oír a los miembros de la comisión revisora. En caso de aprobarse dicha cuestión previa, la acusación se tendrá por no interpuesta, argumento al que apela el Gobierno para evitar que el libelo avance en el Congreso Nacional. Si se rechaza, sin embargo, la acusación sigue su curso, conociéndose el fondo de la misma.
En ese contexto, durante el martes se vivió una nueva tanda de audiencias frente a la comisión revisora –cuya composición es mayoritariamente oficialista– y que este miércoles deberá despachar a Sala un informe que de todas maneras no es vinculante con el proceso de destitución de la autoridad de Gobierno. Cabe mencionar que dicha instancia es presidida por Clara Sagardia (IND-CS) e integrada por Karol Cariola (PC), Ericka Ñanco (RD), Joaquín Lavín León (UDI) y Bernardo Berger (RN). En ese contexto, el libelo solo requiere de la mayoría simple de los presentes en la Sala para ser aprobado por la Cámara. Si ello ocurre, pasaría al Senado, que se constituye como jurado para resolver el asunto, por medio de una votación de dos tercios.
En la previa de la importante votación, el propio ministro Giorgio Jackson, quien pertenece al círculo de hierro del Presidente Gabriel Boric, ha sido el encargado de encabezar las gestiones para evitar que la acusación consiga el apoyo necesario para avanzar esta semana, pues desde el Ministerio de Desarrollo Social advierten que en el Senado el panorama sería mucho más complejo, asumiendo que, durante su paso por la Segpres, Jackson sumó varios enemigos. Es por esto que desde este lunes el secretario de Estado ha sostenido varias reuniones, como con el senador Gastón Saavedra (PS) y el jefe de la bancada DC, el diputado Eric Aedo. Además, fuentes cercanas a La Moneda detallaron que, durante las últimas horas, el ministro Jackson ha mantenido igualmente contacto telefónico con otros parlamentarios.
Quien también se ha desplegado en defensa de la autoridad de Gobierno es la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, que ha estado presente desde este lunes en el Congreso Nacional, en compañía de una parte del equipo del Ministerio de Desarrollo Social y de la abogada defensora de Jackson, Claudia Sarmiento. Al respecto, la ministra Uriarte dijo ayer, en conversación con Radio Cooperativa, que “no solo es destituirlo, sino que dejarlo cinco años en una especie de destierro de la actividad pública. Me parece que es un exceso (…). El Partido Republicano en esta acusación actúa más desde una perspectiva política, divergente a la del Gobierno, mucho más que desde un punto de vista jurídico y objetivo”, sostuvo.
En esa línea, ayer el jefe de la bancada de diputadas y diputados del Partido Socialista, Marcos Ilabaca, salió en defensa del acusado secretario de Estado de una particular forma, planteando que «al ministro Jackson uno podría acusarlo de cualquier cosa, puede ser muy arrogante y muy altivo, pero ser arrogante y muy altivo no es argumento suficiente para poder generar una acusación constitucional de estas características (…). Estas acusaciones no son un método para cobrar cuentas pasadas o para sancionar a una persona por ser arrogante; es un juicio político a un ministro, donde se evalúa si ha hecho abandono en su función o ha infringido las normas constitucionales».
Pero más allá de las críticas a la hipotética instrumentalización del libelo para sacar provecho político, en contra de uno de los ministros protegidos por el Mandatario, en el oficialismo son conscientes de su condición minoritaria en la Sala de la Cámara, y apuestan a la cuestión previa como principal estrategia, además del descuelgue de algunos diputados y diputadas de oposición, entendiendo que la relación entre Chile Vamos y el Partido Republicano está en su peor estado, luego del apoyo de algunos de sus parlamentarios al acuerdo político que dio paso al nuevo proceso constituyente. En términos hipotéticos, el oficialismo suma 65 diputados, sin considerar a independientes, como Carlos Bianchi y Andrés Jouannet, asociados a bancadas de Gobierno.
Actualmente, las fuerzas declaradamente de oposición al Gobierno suman 70 diputados, número que está cerca de la mayoría absoluta de la Cámara –esto es, 78 de 155 legisladores–. El grupo opositor incluye a los comités de Chile Vamos (23 UDI, 22 RN y 4 Evópoli), los republicanos (13 escaños), los ex-PDG (3 legisladores), la diputada Sara Concha (Partido Conservador Cristiano) y los independientes Gonzalo de la Carrera, Gloria Naveillán, Enrique Lee y Francesa Muñoz (ex-RN). Si a ese piso hipotético se le suman los cuatro miembros del subcomité PDG-independiente –hasta ahora a favor del libelo–, faltarían solo cuatro votos para asegurar la mayoría para acusar al ministro Jackson.
Mientras los parlamentarios de la bancada “Independientes y Social Cristiano” (7 votos) ratificaron ayer su votación a favor de la acusación contra el secretario de Estado, aún existen dudas sobre cómo lo harán los cuatro integrantes del comité Centro Democrático Unido (CDU), así como los cinco diputados de la Democracia Cristiana. Precisamente, el diputado y jefe de la bancada falangista, Eric Aedo, sin adelantar el contenido de su voto, admitió que como partido no pierden de vista que, frente a esta acusación, se puede acrecentar la inestabilidad política del país, y aseguró que, dentro de los esfuerzos que debería hacer el Gobierno para evitar que el libelo avance al Senado, se podría considerar un cambio de gabinete, «que saque al ministro para bajar la presión sobre él».
Respecto a este punto, son varias las voces oficialistas, e incluso de exparlamentarios de derecha, que alertan sobre la posibilidad de que dicha acusación contra el ministro Jackson esconda un mecanismo de presión hacia el Ejecutivo, para empujar a un cambio de gabinete incluso antes del receso legislativo, agendado para febrero próximo. En ese sentido, el exdiputado de Renovación Nacional y uno de los fundadores de Evópoli, Pedro Browne, sostuvo que «las acusaciones constitucionales hace rato que se desvirtuaron completamente y hoy son un mecanismo para forzar cambios de gabinete, llevándonos a un parlamentarismo de facto. Dicho eso, aún no encuentro un argumento que justifique la acusación contra Giorgio Jackson».
En ese contexto, en la oposición advierten que, al necesitar tan solo una mayoría circunstancial presente en Sala para que el libelo sea aprobado y remitido al Senado, es probable que incluso se requiera de menos votos para cumplir con dicho cometido, pese a que la coordinación entre las fuerzas opositoras pareciera ser hoy el principal escollo. En tal sentido, las miradas apuntan a la bancada de Renovación Nacional –la segunda más numerosa de la Cámara, compuesta por 22 diputadas y diputados–, desde donde han comenzado a emerger voces críticas a la acusación en contra del ministro Jackson. Precisamente, la estrategia oficialista por estas horas está abocada a conseguir el descuelgue de Renovación Nacional –o una parte de su bancada– respecto de la ofensiva del Partido Republicano.
De esta manera, el partido de Chile Vamos se ha transformado en el factor clave y decisivo para determinar el destino de la acusación constitucional contra el titular de la cartera de Desarrollo Social, y es probable que, pese a que como bancada tomen una decisión en conjunto, algunos de sus votos sean favorables al secretario de Estado. No obstante, desde la UDI y el Partido Republicano advierten que no sería «gratuito» para RN el actuar desalineado respecto de las otras fuerzas opositoras y que, además, en caso de que dicha colectividad se desmarque del libelo, reflotarían las suspicacias en torno a un hipotético acuerdo con el Presidente Gabriel Boric para nominar a Ángel Valencia como Fiscal Nacional, a cambio de que bajaran las acusaciones contra Giorgio Jackson y la exministra de Justicia, Marcela Ríos.
Sin embargo, a pesar de los intentos del ministro Jackson, la bancada de Renovación Nacional anunció ayer martes que rechazará la cuestión previa, para así conocer el fondo de la acusación interpuesta por el Partido Republicano. El diputado Andrés Longton señaló al respecto que “definimos una postura de bancada de avanzar al fondo de la acusación constitucional. Es decir, rechazar la cuestión previa para conocer el fondo. Creemos que es procedente en virtud de, en los distintos capítulos, conocer la fundamentación en Sala respecto a aquello. Escuchar a la defensa para poder formarnos una opinión y ver cómo vamos a votar en el fondo”, explicó.
Pero la verdad es que mientras algunos diputados de RN, como Diego Schalper, se mostraron a favor de la acusación, otros, como Eduardo Durán, manifestaron abiertamente su postura contraria, provocando una serie de dudas que causan malestar entre las huestes opositoras. “Su paso por el Congreso dejó mucho que desear (como parlamentario y ministro Secretario General de la Presidencia). Sin embargo, para mí esos no son motivos suficientes para apoyar, en principio, una acusación constitucional al ministro Jackson, a pesar de haber tenido él, como diputado, una actitud destructiva contra el Gobierno del Presidente Piñera”, planteó el parlamentario Durán.
Si bien en la bancada de Renovación Nacional –que incluye a algunos diputados independientes afines a dicho partido– persisten las dudas en torno a apoyar o no el libelo en contra de Jackson, una reunión desarrollada en la tarde del martes y que incluyó una exposición del diputado Bernardo Berger sobre su labor en la comisión revisora, podría ser determinante en su decisión, previo a la votación de este jueves. Pero un eventual descuelgue de RN de dicha acusación podría provocar un triunfo inesperado para el Gobierno, pues desde el Partido Republicano ya han advertido que dicha acción podría provocar que su bancada se reste del libelo contra la exministra de Justicia, Marcela Ríos. Es por eso que el factor Renovación Nacional es tan importante y, naturalmente, en La Moneda lo saben.
