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Crédito: Agencia UNO
En su exposición, la abogada del ministro de Desarrollo Social, Claudia Sarmiento indicó que el libelo «no satisface requisitos de su procedencia, por no dar cuenta de los elementos propios de acusación constitucional», además de recalcar que el ministro sólo lleva 4 meses en su cargo. En ese sentido, dijo que «se usó a la acusación constitucional como un mecanismo político». Antes de pasar a explicar uno a uno los capítulos acusatorios, la abogada hizo una crítica a uno de los puntos del libelo: que está basado en juicios de valor. «El texto está plagado de juicios de valor, de cómo las labores del Ministerio podrían hacerse de otra forma. Además, sorprende ver que existen pasajes donde se habla del carácter del Ministro», añadió, haciendo referencia al carácter «mesiánico» que le atribuyen a Jackson.
La abogada del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson frente a la acusación constitucional en su contra, Claudia Sarmiento, criticó los motivos por lo que diputados del Partido Republicano impulsaron este libelo acusatorio, con el objetivo de que se apruebe la cuestión previa.
En su exposición, Sarmiento indicó que el libelo «no satisface requisitos de su procedencia, por no dar cuenta de los elementos propios de acusación constitucional», además de recalcar que el ministro sólo lleva 4 meses en su cargo. En ese sentido, dijo que «se usó a la acusación constitucional como un mecanismo político».
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Sarmiento hizo una crítica a uno de los puntos del libelo: que está basado en juicios de valor. «El texto está plagado de juicios de valor, de cómo las labores del Ministerio podrían hacerse de otra forma. Además, sorprende ver que existen pasajes donde se habla del carácter del Ministro», añadió, haciendo referencia al carácter «mesiánico» que le atribuyen a Jackson.
Posteriormente, hizo un repaso de los capitulos acusatorios, pero advirtió que «la acusación carece de un estándar mínimo de fundamentación al no identificar hechos personales y concretos que sean responsabilidad del acusado» y que «confunden hechos por juicios de valor, además asignarle responsabilidad por hechos en los cuales no tuvo responsabilidad alguna». «Solo presentan hechos de terceros, respecto de los cuales esperan una conducta distinta del Ministro», advierte.
En el primer punto, Sarmiento indicó que «la compra de tierras indígenas no es facultad del Ministro, por lo que existe un error fáctico en la acusación del Partido Republicano. El error de la acusación fue apresurarse y utilizar la información disponible antes de que estuvieran listos los actos administrativos propios de estos procesos. La propia acusación reconoce que durante el gobierno de (Sebastián) Piñera, también hubo baja ejecución presupuestaria, pero no indica que debería haber una acusación constitucional que mereciera análisis».
Sobre la desvinculación de la exseremi de Desarrollo Social de la Región Metropolitana, Patricia Hidalgo, Sarmiento dijo que la «acusación tampoco presenta hechos concretos y directos del Ministro. La exseremi señaló que la votación fue conforme a convicciones personales y que el Ministro no la llamó, y que ella informó de las presiones el 30 de noviembre cuando él le solicita su renuncia. No existen hechos específicos que el ministro haya cometido que constituyan delitos o abuso de poder según nuestra constitución. Lo que contiene la acusación son especulaciones y deseos de que dichos actos sean verídicos y responsabilidad del Ministro».
«Se reprocha la supervigilancia del Servicio Nacional de Protección Especializada, en consecuencia, las y los acusadores acusan que el servicio ha cometido errores y ha sido incapaz de resolver listas de espera para niñas, niños y adolescentes. Para esto se registra que existió una ineficiencia presupuestaria», dijo en otro punto. «Buena parte de la gestión del servicio nacional se realiza mediante la cooperación de particulares. y se desconcentra en municipios, luego la cooperación pública – privada, pero es indispensable que esté sometida a un control robusto, y es deber del director que esto suceda», añadió.
«Misma situación se genera por las listas de espera de los niños, donde sin desconocer un ápice la gravedad de esto, hay que reconocer que se arrastra como un problema histórico de esta administración y las pasadas, y es un problema que sobrepasa los 4 meses en el ministro ha detentado el cargo», dijo.
En ese sentido, Sarmiento indicó que dicha «ejecución recae en la Directora Nacional, no es responsabilidad del Ministro Jackson la administración de concursos públicos del servicio, porque no posee esa facultad». «Nuevamente, no existe nada que el ministro haya realizado o dejado de realizar que sea constitutivo de una acusación constitucional», afirma.
«En ninguno de los capítulos de la acusación existe un acto que sea merecedor de la acusación constitucional», dice en la parte final de su exposición. Esto, porque «se invoca erróneamente la causal de infracción a la constitución o las leyes o dejar de ejecutarlas. La excepcionalidad de la acusación exige que la ejecución de las causales se refiera siempre a hechos realizados dentro de la esfera de la competencia de la autoridad. Así se intenta asegurar que los hechos que se invoquen para asegurar la causal de acusación, no pueden ser ajenos al ejercicio de las propias atribuciones del cargo».
«Ningún grupo puede atribuirse otra autoridad o derechos de lo que expresamente se le haya conferido en virtud de la constitución y las leyes. De esta forma en el marco de la acusación, las causales invocadas deben entenderse dentro de las competencias del Ministro de Desarrollo Social», agrega.
«La acusación no imputa responsabilidad por hechos propios. Para que exista una responsabilidad personal del Ministro, sus actuaciones deben significar una infracción directa a una norma constitucional, o bien a alguna ley. La presente acusación no cumple con estos requisitos, ya que se le imputan ciertos hechos de los cuales no tuvo participación directa, respecto de los cuales no tenía una competencia reconocida por la Constitución y las leyes», asegura.
«Se denuncian hechos de terceras personas, respecto de lo que ellos hubieran esperado hubiesen sucedido. Como el Ministro no hizo lo que los acusadores esperaban, transforman sus expectativas en incumplimientos legales, los cuales a su vez no existen, porque se refieren a actos de otras autoridades de gobierno. Esta acusación no satisface los estándares mínimos para su procedencia», dijo. Por tal motivo, les pidió a los diputados que «aprueben la cuestión previa», antes de cerrar su discurso entre aplausos.
