PAÍS
El Congreso ya definió a los 24 expertos y a los 14 «árbitros» del nuevo proceso constituyente. El Senado eligió, entre otros, a Gabriel Osorio, Katherine Martorell, Teodoro Ribera, Alejandra Krauss, Sebastián Soto, Bettina Horst y Hernán Larraín Fernández como miembros del grupo que redactará el anteproyecto de Carta Magna. En tanto, fueron ratificados abogados como Julia Urquieta, Claudio Grossman, Tomás Jordán y Marisol Peña como integrantes del Comité Técnico de Admisibilidad. Además, se aprobó la propuesta de reglamento, que fue elaborada por una comisión bicameral. Ahora sólo queda que el Comité de Expertos y el Comité Técnico de Admisibilidad se instale, cuyos procesos se iniciarán el 6 de marzo, para luego dar paso a la elección de las y los consejeros constitucionales, que se llevará a cabo el 7 de mayo próximo.
El nuevo proceso constituyente sigue tomando forma luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado aprobaran la nómina (12 cada uno) de las 24 personas que serán parte del Comité de Expertos, el que estará encargado de redactar, en conjunto con el nuevo órgano, la propuesta de nueva Constitución.
Una de las cosas que llama la atención, es que en ambas Corporaciones primó una lógica «política», donde cada uno de los partidos «instaló» a un experto en relación a sus vínculos más que por sus destacados conocimientos técnicos y/o jurídicos. Entre ellos destacan diversas exautoridades de los gobiernos de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet.
¿Quiénes son los elegidos por la Cámara de Diputados?
Oficialismo
Convergencia Social (CS) escogió a Antonia Rivas, quien es abogada de la Universidad Diego Portales y doctor en Antropología de la Universidad Berkeley. Es especialista en derecho indígena y Derechos Humanos y fue asesora en la Convención Constitucional. También se desempeñó como jefa de unidad de investigación y coordinación del Ministerio de Justicia.
Otro nombre de la lista del oficialismo es el de Domingo Lovera (militante Revolución Democrática), quien es abogado de la Universidad Diego Portales y doctor en Derecho de la Osgoode Hall Law School de Canadá. Es director e investigador en el programa de Derecho Público en la UDP. Se ha dedicado a la investigación en el marco del Derecho Constitucional, derecho a la protesta y derechos constitucionales de niños, niñas y adolescentes.
Desde el Partido Comunista, el escogido Alexis Cortés, quien es sociólogo y Doctor en Sociología de la Universidad del Estado Río de Janeiro. En profesor de la Universidad Alberto Hurtado y se desempeñó como presidente del Colegio de Sociólogos y Sociólogas de Chile.
Por el Partido Socialista se decantaron por Flavio Quesada, quien es abogado de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho con mención Derecho Público. Ha sido abogado asesor del Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación y del Tribunal Constitucional (TC).
Finalmente, el PPD impulsó el nombre de Verónica Undurraga Valdés, quien es abogada y doctora en Derecho de la Universidad de Chile. Asimismo, es profesora titular de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Es integrante del directorio de la Fundación Pro Bono y del centro de estudios Espacio Público. Además, es miembro de la Red Latinoamericana de Académicas y Académicos del Derecho (Red ALAS) y socia fundadora de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas.
Oposición
Desde la UDI, el elegido fue Máximo Pavez, quien es abogado de la Universidad Católica y especialista en derecho constitucional. Entre 2012 y 2016 fue concejal por la Municipalidad de Conchalí y encabezó por tres años el programa legislativo de la Fundación Jaime Guzmán.
Se desempeñó como subsecretario de Segpres durante la segunda administración de Sebastián Piñera y formó parte de la comisión que estuvo a cargo de redactar el «Acuerdo por Chile» y la reforma constitucional que habilitó el nuevo proceso constituyente.
Desde el gremialismo el otro nombre que sumaron al de Pavez fue el de Natalia González, quien es abogada de la Universidad Católica de Chile y máster en Derechos de la Universidad de Chicago. Fue directora de programas en Libertad y Desarrollo y en 2020 fue elegida como consejera del Consejo de la Transparencia.
En tanto, en Renovación Nacional, el elegido fue Juan José Ossa, quien es abogado y máster en Leyes de London School of Economics. Es ex ministro Secretario General de la Presidencia de Sebastián Piñera entre 2021 y marzo de 2022. También fue subsecretario de Justicia y subsecretario general de la Presidencia.
El último nombre de RN es el de Catalina Salem, quien es abogada de la Universidad Católica de Chile y magíster en Derecho. Asimismo, es profesora investigadora y profesora de la Universidad del Desarrollo. Es miembro del Consejo Asesor del área constitucional de Idea País y abogada de la Corte Suprema en 2011.
Partidos restantes
Por su parte, la Democracia Cristiana (DC) eligió a Paz Anastasiadis, quien es abogada de la Universidad Adolfo Ibáñez, fue Seremi de Justicia y DD.HH de la Región de Valparaíso para el segundo mandato de Michelle Bachelet. Además, es asesora legislativa en la Cámara de Diputados para la bancada DC y participó del equipo que redactó el Acuerdo por Chile.
Con firmas de ex PDG, Chile Vamos e independientes, Marcela Peredo será parte del Comité de Expertos. Peredo es abogada de la Universidad de Talca y profesora de Introducción al Derecho Positivo y Derecho Constitucional en la Universidad de Los Andes.
Finalmente, el Partido Republicano optó por Carlos Frontaura, quien es abogado de la Universidad Católica y profesor en la misma institución. Fue investigador y asesor en la Fundación Jaime Guzmán. Hasta octubre de 2022 fue consejero designado del Instituto de Derechos Humanos.
¿Quiénes son los elegidos por el Senado?
Oficialismo
La carta del oficialismo es la periodista Magaly Fuenzalida (FRVS), quien se desempeñó como encargada de comunicaciones para el comité del FRVS en el Senado.
Desde el Partido Socialista, uno de los elegidos es Gabriel Osorio, quien es abogado y magíster en Derecho con mención en Derecho Público de la Universidad de Chile. Fue asesor en el Ministerio del Interior entre 2014 y 2015 y luego asesor del ministerio Secretaría General de la Presidencia. Participó en la mesa técnica del Acuerdo por la Paz y luego del equipo redactor del Acuerdo por Chile.
Asimismo, escogieron a Catalina Lagos, abogada de la Universidad Diego Portales y magíster en Derecho con mención en Derecho Público de la Universidad de Chile. Fue asesora y jefa de Relaciones Internacionales en el Ministerio de la Mujer entre 2017 y 2019. Fue candidata a constituyente en el proceso anterior y es profesora en las Universidad Alberto Hurtado y en la Universidad Diego Portales.
En el PPD, instaron por Francisco Soto, quien es abogado de la Universidad Diego Portales y doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona. Fue parte de la Secretaría Técnica de Participación Popular de la Convención Constitucional y se desempeña como director de investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Asimismo, se decantaron por Leslie Sánchez, quien es abogada de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), Magíster y Doctora en Derecho por la PUC y Doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca. Actualmente, es asesora legislativa del Ministerio del Interior.
Oposición
Desde la UDI, se inclinaron por Hernán Larraín, quien es abogado de la Universidad Católica de Chile y máster en leyes en London School of Economics. Fue ministro de Justicia durante el segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
Asimismo, eligieron a Bettina Horst, ingeniera comercial de la Universidad Gabriela Mistral y master en Economía con mención en Políticas Públicas de la Universidad Católica. Actualmente es directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo.
En tanto, desde Renovación Nacional se inclinaron por Jaime Arancibia, abogado de la Universidad Católica y doctor en Derecho de la Universidad de Cambridge. Actualmente es Director de Departamento de Derecho Público de la Universidad de los Andes. Se desempeñó como ministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
A él se suma Teodoro Rivera, abogado de la Universidad de Chile y doctor de la Universidad Julius Maximiliam de Würtzbur. Fue ministro de Justicia durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y en 2019 ministro de Relaciones Exteriores en el segundo mandato del mismo Presidente.
Finalmente, desde RN también eligieron a Katherine Martorell, abogada de la Universidad Central de Chile y magíster en Derecho con mención en derecho regulatorio de la Universidad Católica. Fue subsecretaria de Prevención del Delito en el segundo mandato de Sebastián Piñera, luego fue parte del equipo del candidato a Presidente Sebastián Sichel.
Por su parte, desde Evópoli se inclinaron por Sebastián Soto, abogado de la Universidad Católica y doctor en Derecho de la Universidad de Chile. Fue jefe de la División Jurídico Legislativa de la Segpres entre 2010 y 2014, y en 2019 fue parte del equipo técnico del Acuerdo por la Paz. Actualmente es director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Católica.
Finalmente, desde la DC nombraron a Alejandra Krauss, abogada de la Universidad de Chile. Fue ministra de Planificación y Cooperación en el gobierno de Ricardo Lagos, luego también fue ministra del Trabajo en el segundo gobierno de Michelle Bachelet.
La Sala de la Cámara, además, aprobó por 123 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones, la nómina de abogadas y abogados que integrarán el Comité Técnico de Admisibilidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 146 de la Constitución Política.
De esta manera, el citado comité estará integrado por:
Viviana Ponce de León (Frente Amplio)
Foto: Derecho UACh
Julia Urquieta (PC)
Foto: Gobierno de Chile.
Marcos Contreras (Acción Humanista)
Foto. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Claudio Grossman (PPD)
Foto: Gobierno de Chile
Estefanía Esparza (Partido Radical)
Foto: INDH
Juan Carlos Ferrada (PS)
Foto: Ferrada y asociados
Tomás Jordán (DC)
Foto: Derecho UAH
Marisol Peña (RN)
Foto: UDD
Víctor Avilés (RN)
Foto: Linkedin
Héctor Mery (UDI)
Foto: Fundación Jaime Guzmán
Cecilia Flores (UDI)
Foto: Faro UDD
Ana María García (Chile Vamos)
Foto: Facultad de Derecho de la Universidad de Chile
Josefina Soto (Chile Vamos)
Foto: Ministerio de Hacienda
Enrique García (PDG)
Foto: Twitter
Ahora sólo queda que el Comité de Expertos y el Comité Técnico de Admisibilidad se instale, cuyos procesos se iniciarán el 6 de marzo, para luego dar paso a la elección de las y los consejeros constitucionales, que se llevará a cabo el 7 de mayo próximo.
Por 125 votos a favor, 6 en contra y 6 abstenciones, la Sala de la Cámara también aprobó la propuesta de reglamento para el funcionamiento de los órganos del nuevo proceso constitucional.
El reglamento tiene por objeto establecer la organización, el funcionamiento y las reglas de procedimiento de los órganos del proceso constitucional: el Consejo Constitucional, la Comisión Experta y el Comité Técnico de Admisibilidad (CTA).
Las normas establecidas en este reglamento se aplicarán a quienes integran los citados órganos, así como al personal y a toda persona que intervenga en su funcionamiento. Cada uno de los tres órganos, por las tres quintas partes de sus miembros en ejercicio, podrá formular una propuesta de modificación al Congreso Nacional; que tendrá un plazo de cinco días para pronunciarse sobre esta.
Además, se establece que el Consejo, la Comisión Experta y el CTA deberán respetar en sus acuerdos, votaciones, enmiendas y, en general en todas sus actuaciones, las bases institucionales y fundamentales establecidas en el artículo 154 de la Constitución Política de la República.
Los órganos que conforman el proceso constitucional, sus comisiones y subcomisiones sesionarán de manera presencial en la sede del Congreso Nacional en Santiago.
El reglamento también fija los deberes y derechos de los integrantes de cada órgano, su conformación paritaria, la organización interna de cada uno y los mecanismos de discusión y votación.
Los integrantes de las diferentes instancias emitirán su voto usando los términos “Sí” o “A favor”, “No” o “En contra” y “Abstención” o “Me Abstengo”. En ningún caso la abstención se considerará entre los votos a favor de una proposición o norma.
Finalmente, también se regula, entre otros puntos, el proceso de participación ciudadana, y las normas de ética, transparencia y probidad.
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