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Crédito: Agencia Uno
Tras el requerimiento ingresado por un grupo de diputados de la UDI, donde pedían a Contraloría que se pronunciara respecto a la legalidad de los indultos otorgados por el Presidente Boric a 12 condenados por delitos en el marco del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna, el órgano decidió abstenerse de emitir dicho pronunciamiento a raíz del hecho. Contraloría explicó que su decisión radica en que senadores de Chile Vamos y Demócratas ingresó una serie de requerimientos ante el Tribunal Constitucional por la misma situación, por lo que «en virtud de lo dispuesto en el artículo 6°, inciso tercero, de la ley N°10.336, de Organización y Atribuciones de esta Entidad Fiscalizadora, norma que prescribe, en lo que interesa, que ‘La Contraloría no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia».
La decisión se da luego de que el pasado 9 de enero, un grupo de diputados de la UDI ingresara un requerimiento solicitándole al organismo que se pronunciara respecto a dichos actos. Un día después, la institución pidió los antecedentes respectivos al Ministerio de Justicia.
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Contraloría explicó que su decisión se debe a que esta semana un grupo de senadores de Chile Vamos y el movimiento Demócratas ingresó una serie de requerimientos -por la misma situación- ante el Tribunal Constitucional.
«Con fecha 16 de enero de 2023, diversos senadores dedujeron ante el Tribunal Constitucional siete requerimientos de inconstitucionalidad en relación con los aludidos decretos exentos, los que fueron acogidos a tramitación por esa magistratura el día 24 de enero de 2023, y declarados admisibles el día 26 de enero de 2023», justificó el organismo.
«Considerando que los requerimientos sometidos al conocimiento del TC inciden en la misma materia sobre la que versan las solicitudes presentadas ante este Organismo de Control, como asimismo la íntima relación existente entre todos los actos administrativos de que se trata, esta Contraloría General debe abstenerse de emitir el pronunciamiento requerido, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6°, inciso tercero, de la ley N°10.336, de Organización y Atribuciones de esta Entidad Fiscalizadora, norma que prescribe, en lo que interesa, que ‘La Contraloría no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia», complementan.
Cabe recordar que el otorgamiento del beneficio por parte del Presidente Gabriel Boric generó malestar en la oposición. Incluso, el hecho provocó que Chile Vamos y el Partido Republicano abandonaran la mesa de seguridad que impulsaba el Ejecutivo. A lo que se suma una acusación constitucional contra la exministra de Justicia, Marcela Ríos.
