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El abogado Ciro Colombara, defensor de Marco Enríquez-Ominami (ME-O) en el juicio oral por el caso SQM, acusó que el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos han actuado de manera parcial, favoreciendo a contendores de ME-O, cuando este fue candidato presidencial. “La investigación ha sido torcida, parcial, ha protegido irregularmente a algunos y ha atacado a otros. En cuanto a las imputaciones, que se le hacen (a ME-O), no tuvo conocimiento de una factura específica, de un monto determinado, sino que obviamente tenía información general de los aspectos financieros de su campaña”. Durante la misma jornada de alegatos, el abogado Aldo Díaz pidió la absolución del exsecretario general del Partido Progresista (PRO), Cristián Warner. El defensor planteó que el exasesor clave de ME-O “es inocente, porque nunca actuó dolosamente y con el propósito de generar un perjuicio fiscal o con el propósito u objetivo de cometer un delito tributario”. [ACTUALIZADA]
La defensa de Marco Enríquez-Ominami (ME-O) presentó sus alegatos ante el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, en el marco de una nueva jornada de los alegatos de apertura del juicio oral por cohecho y delitos tributarios en el caso SQM.
En concreto, el abogado Ciro Colombara acusó que, tanto el Ministerio Público como el Servicio de Impuestos Internos (SII), han actuado de manera parcial, favoreciendo así a contendores de ME-O, cuando este fue candidato presidencial.
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Colombara apuntó a que “la investigación ha sido torcida, parcial, ha protegido irregularmente a algunos y ha atacado a otros. En cuanto a las imputaciones, que se le hacen (a ME-O), no tuvo conocimiento de una factura específica, de un monto determinado, sino que obviamente tenía información general de los aspectos financieros de su campaña”.
En ese sentido, el defensor explicó que en una campaña presidencial los candidatos hacen diversas tareas durante las 24 horas del día, por lo que delegan funciones. En vista de lo anterior, Colombara señaló que “es imposible, es irracional, es contrario a las máximas de la experiencia, pretender que un candidato pueda hacer todo, entre otras cosas, preocuparse de los detalles de la administración”.
“Al transformarse en el candidato mejor aspectado en octubre de 2014, pensemos que este caso se inicia en febrero de 2015, obviamente amenazaba tanto a los candidatos de la derecha como de la Concertación, que fueron aquellos favorecidos o protegidos en la investigación del Ministerio Público y en las querellas del Servicio de Impuestos Internos. Lo cierto es que el señor Enríquez-Ominami no emitió facturas, no las vendió ni las facilitó, y respecto a la acusación en relación al año 2009, habiendo querella solo muchos años después, evidentemente hay prescripción”, adicionó Colombara.
Por otro lado, el abogado defensor cuestionó la desigualdad respecto al trato de otros imputados en el caso SQM, donde se decidió no perseverar en la investigación a 51 personas, a otras 127 se les ofreció la suspensión condicional del procedimiento y 68 fueron directamente sobreseídas. Y 10 personas fueron condenadas en procedimientos abreviados.
“Además, hubo dos desafueros rechazados porque no son delitos las conductas que se le imputan al señor Enríquez-Ominami, y con la evidencia de que tanto el Ministerio Público como el Servicio de Impuestos Internos en esta investigación han actuado de manera torcida e irregular, protegiendo a políticos y empresarios poderosos, negándose a investigarlos”, sostuvo Colombara.
Finalmente, la defensa solicitó la absolución de ME-O apelando a su inocencia, aludiendo a que “este caso ha excedido -con creces- el plazo razonable de acuerdo a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos”.
Colombara solicitó también la condena en costas tanto para la Fiscalía como para el SII, afirmando que “ha habido frivolidad, parcialidad y manipulación” por parte de las entidades estatales.
Durante la misma jornada de alegatos ante el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, el abogado Aldo Díaz pidió la absolución del exsecretario general del Partido Progresista (PRO), Cristián Warner. El defensor planteó que el exasesor clave de ME-O es inocente y que la investigación en su contra es “abusiva, larga y tediosa”.
Apuntando que “se ha perseguido a unos y se ha dejado libres a otros”, la defensa de Warner acusó una “persecución selectiva” de parte del Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos (SII).” Esto es inaceptable”, sentenció el abogado, junto con exponer cómo ha afectado el proceso a su representado.
“El señor Warner, por más de dos años, se le va a obligar a estar en un juicio permanentemente, un juicio que eventualmente tiene un vicio de origen y que eventualmente podría ser anulado, porque estamos trabajando sobre la base de un borrador de auto de apertura complementado con certificaciones de un ministro de fe, no de un juez. Y solo por ese hecho es que solicitamos la absolución, porque estamos en presencia de un juicio que tiene un inicio viciado y que el juicio posterior será eventualmente anulado”, espetó el abogado Aldo Díaz.
Por tanto, agregó, “con sus decisiones selectivas, unido a la obsesión de agrupar estas investigaciones, en definitiva, estamos en presencia de un juicio inéditamente largo, y este es el corolario del contexto de una investigación y un proceso enrarecido”.
“Warner no ha cometido delito, es inocente, porque nunca actuó dolosamente y con el propósito de generar un perjuicio fiscal o con el propósito u objetivo de cometer un delito tributario”, manifestó el defensor.
Cabe mencionar que la acusación en contra de Warner señala que “con el fin de recibir aportes de terceros y efectuar a través de esas pagos operativos propios de la actividad política del PRO y de las campañas del mismo partido, Warner Comunicaciones, Publicidad y Marketing tomó parte y utilizó la empresa CPCA”. Con el mismo propósito, añade la acusación, adquirió la empresa Cono Sur Research.
Ante esto, la defensa de Cristián Warner señala que todas estas actuaciones y hechos no eran constitutivos a la fecha de ocurrencia de delitos y solo lo fueron luego de la modificación en 2016 de la Ley 19.884 sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral. Entonces, frente a esta situación, que este tipo de actos no eran constitutivos de delito y solo de una falta administrativa, “el Ministerio Público y el SII tratan de calzar artificiosamente en los tipos penales del Código Tributario conductas que no eran constitutivas de delito a la fecha, persiguiéndolas selectivamente”, recalcó el abogado Aldo Díaz.
A continuación, la sesión de alegatos de apertura del caso SQM del 27 de febrero de 2023.
