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Crédito: Agencia UNO
“Los diputados y diputadas que suscribimos venimos a solicitar la creación de una Comisión Especial Investigadora a fin de reunir antecedentes respecto de la labor de los órganos públicos competentes en el funcionamiento de organizaciones comunitarias funcionales, en particular, respecto de la situación que afecta a las organizaciones funcionales coadyuvantes de la función municipal conocidas como corporaciones ‘Vita’ de la comuna de Vitacura”, indica el documento, de 5 páginas, y que cuenta con las firmas de 66 diputados del PC, PS, PPD, DC, PDG y Republicanos. La iniciativa no contó con los apoyos de RN y la UDI. Este martes, la propuesta fue aprobada en votación en sala.
En una de sus primeras sesiones tras el receso legislativo de febrero, la mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados, presidida por Vlado Mirosevic, recibió un oficio en donde pedían indagar, a través de la instauración de una comisión investigadora, una serie de desvíos de caudales públicos en la comuna de Vitacura, bajo el mandato del exalcalde Raúl Torrealba (ex RN).
“Los diputados y diputadas que suscribimos venimos en solicitar la creación de una Comisión Especial Investigadora a fin de reunir antecedentes respecto de la labor de los órganos públicos competentes en el funcionamiento de organizaciones comunitarias funcionales, en particular, respecto de la situación que afecta a las organizaciones funcionales coadyuvantes de la función municipal conocidas como corporaciones ‘Vita’ de la comuna de Vitacura”, indica el documento, de 5 páginas, y que cuenta con firmas de 66 transversales diputados, ya que cuenta con rúbricas del PC, PS, PPD, la DC, el PDG y Republicanos. Sin embargo, no cuenta con apoyos de RN y la UDI. Este martes, la propuesta fue sometida a votación en sala, siendo aprobada.
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De esta manera, la comisión tendrá 90 días para indagar las irregularidades cometidas entre 2008 y 2021 en la comuna, lapso de tiempo en el que Torrealba fue alcalde. De este modo se sumó una nueva instancia que indagará estos delitos, ya que desde 2021 es investigado por parte de la fiscalía por presunta malversación de caudales públicos, cohecho, fraude al fisco, falsificación de documentos públicos y lavado de activos. Además, en diciembre del año pasado el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en su contra, sumándose así a la acción penal presentada por la actual alcaldesa de Vitacura, Camila Merino (Evópoli).
Los diputados firmantes piden aclarar 5 ilegalidades, por lo que solicitan “reunir antecedentes relativos a los actos de Gobierno, especialmente de las actuaciones de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Dirección del Trabajo, Ministerio del Deporte, Ministerio de Salud, Servicio de Impuestos Internos, Corporación de Fomento (CORFO), sin perjuicio de los demás organismos que resulten competentes, en relación al funcionamiento de las organizaciones comunitarias” de Vitacura.
En el primer punto, afirman que de acuerdo a publicaciones en prensa y a la querella del CDE, Torrealba “habría creado un mecanismo para desviar recursos públicos con fines particulares, mediante la creación de organizaciones comunitarias funcionales coadyuvantes de la función municipal y el otorgamiento de subvenciones, las cuales, habrían sido desviadas, entre otros fines, para el financiamiento ilegal de la política, tal como lo habrían expresado testigos”.
“Que, por ahora, el perjuicio fiscal se estima en más de 2.500 millones de pesos, afectando la ejecución de programas comunitarios que van en directo beneficio de la comunidad, lesionando el presupuesto destinado para la misión de las referidas organizaciones, entre ellas, VitaEmprende, VitaSalud y VitaDeporte”, dice en otra arista.
Según se sabe -dice el documento- “la creación de este mecanismo data desde el año 2001 hasta el presente y se estima que hasta el 2020 los traspasos ascenderían a 41 mil millones de pesos. Solo el año 2021 se traspasaron a las corporaciones Vita, por ejemplo, fondos aprobados por un monto cercano a los $3 mil millones”.
“Que, tal como han consignados diversos testigos en medios de comunicación, el mecanismo consistía en crear organizaciones coadyuvantes de la función municipal, hacer que estas recibieran subvención municipal, solicitar a personas particulares integrantes de las mismas el retiro de dinero en efectivo, luego depositarlos en cuentas personales o de otros funcionarios, para posteriormente ser retirado cuando el ex alcalde señor Raúl Torrealba del Pedregal se los requiriera”, agregan.
Finalmente, indican que Domingo Prieto Urrejola, testigo clave del caso, “ha señalado que el mecanismo habría sido ideado por el ex alcalde y ex intendente señor Felipe Guevara y que el accionar tendría como una de las finalidades el financiamiento de campañas políticas”. El ex intendente ha rechazado públicamente la acusación”.
