PAÍS
Descoordinaciones y diversos errores “no forzados” han marcado la pauta del Gobierno en el tema de los polémicos indultos presidenciales –a 12 condenados en el marco del estallido social y un exfrentista–. En el Ejecutivo existe coincidencia en que la consecuencia más grave que tuvo este caso para el oficialismo fue el retiro de la derecha de la mesa para el Acuerdo Transversal por la Seguridad, una iniciativa clave que habría permitido poner a la administración de Boric como protagonista ante el principal tema que preocupa a las personas, la delincuencia.
Esta semana, fue el ex Presidente Ricardo Lagos el encargado de criticar la decisión del Gobierno del Presidente Gabriel Boric de indultar “de nuevo” al exfrentista Jorge Mateluna, sumándose así a la larga lista de críticos –sobre todo ligados al Socialismo Democrático y a la esfera de la ex Concertación– surgida a partir de la decisión del Mandatario anunciada a fines de diciembre pasado y que consideró también indultar a otros 12 condenados en el contexto del estallido social. Una decisión del Presidente Boric que, para algunos analistas, fue más bien un “gesto al electorado más duro de la izquierda” que ha implicado enormes costos políticos para el Ejecutivo.
La implicancia más grave que tuvo el caso de los indultos para el Gobierno fue la salida inmediata de la oposición de la mesa de negociaciones donde se estaba preparando el Acuerdo Transversal por la Seguridad. Días después de conocidos los beneficios carcelarios, la ministra del Interior, Carolina Tohá, tenía planificado presentarles a miembros de la oposición y el oficialismo el documento preliminar con las principales propuestas que haría el Gobierno en materia de seguridad. Esa reunión nunca se pudo realizar y la ministra Tohá recién comenzará el trámite legislativo de sus propuestas en los próximos días, sin saber la recepción que tendrá de parte de la oposición.
El timonel de la UDI, Javier Macaya, explicó esa situación el domingo, en una entrevista concedida a El Mostrador: “Durante meses participamos con buena voluntad en esa mesa. La ministra estaba a punto de reconocer esos acuerdos, pero el Presidente Boric indultó a 12 delincuentes y eso puso término a las conversaciones porque eso fue un exabrupto, una señal de impunidad a la mesa de seguridad. Dejó delincuentes peligrosos libres y nosotros salimos de la mesa como una señal de coherencia. Es evidente que no se puede combatir con una mano la delincuencia y con la otra liberar condenados por delitos que le causaron un daño tremendo a Chile”. La ausencia de la derecha en la mesa que preparaba el acuerdo de seguridad obliga ahora a la ministra Tohá a conocer la opinión de la oposición en la discusión parlamentaria.
Otro tema complejo que surge periódicamente es el rol que jugó el Mandatario en los indultos y si tuvo o no conocimiento previo de los antecedentes de los beneficiados. El tema volvió a ser polémico luego que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, asegurara en un programa de televisión que el Presidente Boric sabía de los antecedentes penales previos al estallido social de los indultados. Se trata de una versión que se contrapone con la que en enero pasado había entregado la ministra vocera, Camila Vallejo, lo que vuelve a dejar al Jefe de Estado en entredicho, un día antes del pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el tema.
El otro asunto complejo que generaron los indultos fue el conflicto del Presidente Boric con el Poder Judicial. Tras la serie de críticas que generaron los indultos, el Primer Mandatario reconoció “desprolijidades” –las que nunca explicó en detalle–, lo que motivó las salidas de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y de su jefe de gabinete y amigo, Matías Meza-Lopehandía. Poco tiempo después de la salida de sus colaboradores del Gobierno, el Presidente justificó su decisión asegurando que los beneficiados no eran “delincuentes”. Desde diferentes sectores se reprocharon los dichos del Mandatario, considerando que es facultad del Poder Judicial y no del Poder Ejecutivo determinar si alguien es o no un delincuente.
Otro grave error no forzado que cometió el Presidente fue cuando opinó sobre el caso Mateluna, desatando una crisis con el Poder Judicial que lo obligó a retractarse. Aquel episodio ocurrió durante su gira presidencial a Brasil –en medio de su participación en la toma de posesión de Lula da Silva–. En aquella ocasión, su justificación del indulto al exfrentista no cayó bien en la Corte Suprema. “Tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la Justicia”, señaló Boric en aquella oportunidad.
La Suprema –que en ese momento arrastraba su molestia con el Ejecutivo por la accidentada nominación del Fiscal Nacional y cuando se había filtrado la existencia de una llamada del Mandatario al presidente del máximo tribunal del país– manifestó en esa oportunidad que “ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”. Un llamado de atención que obligó al Gobierno, y al Mandatario en particular, a cuidar el contenido de sus discursos y la forma de su relato, asumiendo que la seguridad y el combate contra la delincuencia son temas prioritarios y sensibles para gran parte de la población.
Fue la llegada del abogado Luis Cordero al Ministerio de Justicia lo que logró encauzar la áspera discusión que generó el caso y localizarla en el ámbito judicial, específicamente en el Tribunal Constitucional.
