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Todos los gobiernos han indultado personas privadas de libertad, pero por razones políticas el caso de los indultados del Presidente Gabriel Boric ha sido el más polémico desde el retorno de la democracia. El mismo ministro de Justicia, Luis Cordero, recordó que todos los indultos presidenciales han sido objeto de críticas, “pero es indudable que en esta ocasión han dado más que hablar y por más tiempo”. La presión que ha ejercido la oposición ha contribuido a provocar errores y respuestas poco claras en el Gobierno. El aprovechamiento del caso comenzó cuando Chile Vamos abandonó la mesa de seguridad días antes de que se concretaran importantes acuerdos, sin pagar ningún costo político por ausentarse. Luego, Chile Vamos junto a Demócratas, presentaron un requerimiento al TC para impugnar los indultos, a pesar de que sabían que las probabilidades de éxito eran bajas. La resolución del Tribunal Constitucional no fue suficiente para que la oposición bajara la guardia, por el contrario, ahora adelantan que seguirán con la temática tras anunciar que solicitarán una comisión Investigadora en la Cámara de Diputados y que pretenden citar al propio Presidente Boric.
Todos los gobiernos han indultado personas privadas de libertad, pero por razones políticas el caso de los 13 indultados del Presidente Gabriel Boric ha sido el más complejo y polémico desde el retorno de la democracia. Analistas y políticos de diferentes sectores señalan que, entre las variables que podrían explicar el revuelo por este caso, está el hecho de que los indultados son personas que participaron en hechos de violencia ocurridos en el estallido social del 2019 y los delitos que pudieran haber cometido están muy frescos en la cabeza de la opinión pública y cuesta no sentirse parte del debate. También se argumenta que el caso llega en un momento muy sensible, donde el tema de la delincuencia es prioridad en todas las encuestas. Pero más allá de estas posibles explicaciones, un elemento que nadie discute en este caso es la capitalización -correcta o incorrecta, depende del sector que se mire- que ha hecho la oposición de esta polémica, casi monopolizando el tema de conversación entre el 29 de diciembre, día en que se anunció el indulto presidencial, y ayer que se conoció la resolución del Tribunal Constitucional (TC).
Otra razón que podría explicar el debate de unos de los temas más complejos que ha enfrentado la administración del Presidente Gabriel Boric, es la serie de “desprolijidades” -como dijo el propio Mandatario- en que ha incurrido el Gobierno. El anuncio estuvo marcado por errores en la lista, divergencias respecto al número de indultados. La mala evaluación del procedimiento significó la salida inmediata de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y del jefe de gabinete y amigo del Presidente, Matías Meza-Lopehandía. Desde ahí en adelante, vino la unión de Chile Vamos con Demócratas en la estrategia de presentar el caso al Tribunal Constitucional, las filtraciones sobre los antecedentes de los involucrados y, más recientemente, la molestia y rebeldía del ministro del TC, José Miguel Vásquez, porque se adelantó la resolución de la causa dos días.
El senador Iván Moreira agregó dramatismo luego del fallo del TC al señalar que este era un tema “que nunca vamos a superar”. El senador republicano Rojo Edwards también advirtió que “siguen aristas abiertas” respecto a si el Presidente tenía o no todos los antecedentes. Un cierre que al que parecer la oposición se niega a dar. Por otro lado, la senadora de la bancada de Evópoli, Ximena Rincón, da algo de tranquilidad al sostener que “se cierra la página, por cierto, es un fallo de un tribunal y no lo vamos a cuestionar”.
El ministro de justicia, Luis Cordero, intentó terminar con el tema con sus acostumbradas vocerías llenas de términos judiciales y para especialistas .“Esa votación demuestra que la atribución presidencial se ha ejercido ajustada a la Constitución y a la ley y, en consecuencia, como lo anticipé, la forma en que se había ejercido la impugnación al TC obligaba inminentemente, en mi calidad de ministro de Justicia, a defender de forma y modo en que se ha ejercido la atribución de indulto”.
Los problemas de los indultos partieron desde el primer minuto, en las vísperas del Año nuevo, cuando se conoció a través de un comunicado de la Dirección de Prensa de la Presidencia que “a solicitud del Presidente de la República, amparado en la Ley 18.050, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos Tobar, firmó el indulto particular en favor de once personas, quienes, como la ley exige, realizaron el trámite de solicitud formal del caso”.
En Chile Vamos, las críticas no tardaron y, más allá de mostrar su desacuerdo con indultar a presos del estallido y al exfrentista Jorge Mateluna, rápidamente reaccionaron anunciando su salida de la mesa de seguridad -que estaba a punto de mostrar resultados- y colocaron al Presidente en un escenario donde los indultos y la agenda de seguridad eran irreconciliables: “Presidente Boric, usted tiene que tomar una decisión, o está del lado de las víctimas, del orden público o la seguridad o está del lado de los delincuentes y la señal que usted está dando hoy día, la verdad es que da la impresión que tiene al menos una complicidad pasiva con combatir el crimen organizado y la delincuencia de la manera que Chile lo necesita”, dijo el diputado Diego Schalper.
Desde la UDI, el senador Moreira confesó que quedaban días para cerrar el acuerdo de seguridad, pero “con esto no cabe duda que nos tenemos que parar de esa mesa de seguridad porque la señal que envía el Gobierno es contraria”, sentenció. Extrañamente, la retirada de la mesa de seguridad no tuvo costo político para la oposición, aUn cuando estaba abandonando un espacio clave para resolver el tema que más preocupa a la gente. El Gobierno, en medio de tanta “desprolijidad”, no tuvo estrategia para enfrentar la decisión de la oposición de no conversar la agenda de seguridad.
En esos días, cundieron las críticas lapidarias como la de Guido Girardi que, en medio de la conformación de listas para el proceso constituyente, dijo que Apruebo Dignidad era la Lista de los Indultos. El mismo Presidente asumió que en el proceso hubo “desprolijidades”, dado que en un comienzo fueron once personas las indultadas y luego terminaron siendo trece. La ministra vocera, Camila Vallejo, logró empeorar el ambiente declarando que si el Presidente Boric “hubiera tenido todos los elementos a la vista la situación habría sido distinta”. En medio de estas explicaciones poco elocuentes, es que la la derecha comenzó a capitalizar los tropiezos del oficialismo y obtener trofeos en el combate, como las salidas de la ministra Marcela Ríos y Matías Meza-Lopehandía.
A diferencia de los indultos que se llevaron a cabo en gobiernos anteriores, ninguno ha tenido que atravesar tanta tormenta para cerrar el tema, pues ninguna oposición había sido tan dura. Ni la decisión del Presidente Ricardo Lagos de indultar al exagente de la DINA Manuel Contreras Donaire, involucrado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez, generó tanta polémica. Tampoco ocurrió en el caso del Presidente Piñera que indultó a algunos personajes involucrados en casos de delitos de lesa humanidad. En estos casos el Gobierno de Piñera esgrimió una justificación por el estado de salud del condenado. De los 24 indultos otorgados en esa oportunidad, 16 murieron tras ser beneficiados y 18 habían sido condenados por delitos como tráfico ilícito de estupefacientes, robo con violencia, hurto, porte ilegal de municiones, entre otros.
Durante el verano del 2023, con los incendios, el cambio de gabinete y el aniversario del primer año de este Gobierno, la agenda mediática parecía dejar atrás esta pesada mochila que cargaba sobre los hombros el Presidente de la República. Sin embargo, la decisión de Chile Vamos y Demócratas de recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar la mayoría de los indultos otorgados mantuvo viva la polémica. La decisión de involucrar al TC fue principalmente mediática, porque más allá de la composición del Tribunal Constitucional, que por primera vez no está en manos de la derecha, se sabía que los argumentos no eran del todo sólidos como para lograr la impugnación.
El senador Matías Walker, del movimiento Demócratas, advirtió que al Presidente le ha costado muy caro este tema, pues los indultos se dieron en un momento en que el nivel de los delitos está cada vez más violento y existe mucho cansancio por los altos niveles de violencia e impunidad que percibe la gente. Con esto, el tema se complejizó por “todas las contradicciones en las vocerías, cuando el Presidente aseguró que no eran delincuentes sino que eran personas jóvenes y, luego, por las propias declaraciones de la ministra vocera de Gobierno que señaló que el Presidente no tuvo todos los antecedentes”. Walker insiste en que independientemente del resultado en el TC “la ciudadanía formó su propio juicio respecto del tremendo error político o como señal frente a los delitos violentos”.
Otra particularidad de este proceso de indultos es el interés que tuvo la oposición por revelar en detalle el prontuario de las personas liberadas y exigir a las autoridades correspondientes más información sobre ellos.
El diputado Diego Schalper dice respetar el fallo del TC, pero advierte que es un tema que todavía tiene que desarrollarse. Lo que señala el documento, expresa el diputado RN, es que “el Presidente ejerció una facultad que es indelegable y, por lo tanto, ahora la pregunta cambia: ¿por qué el Presidente de la República ha ejercido esta facultad respecto de gente con amplio prontuario? Ahora la pregunta empieza a ser política”.
El secretario general de RN explica que existe una diferencia entre los indultos otorgados por los mandatarios anteriores y el actual Presidente: “Tiene un problema de oportunidad y también de prudencia porque dicta estos indultos en la mitad de una mesa de seguridad, cuando el país tiene pésimos indicadores en materia de crimen y crimen organizado y, por lo tanto, dar una señal pro impunidad era, al menos, poco oportuno”. Además, cuestionó el por qué entregar indultos a contrapelo de los informes de Gendarmería y por qué indultó a Jorge Mateluna, quien ya había sido indultado anteriormente por el ex Presidente Lagos.
La diputada oficialista de Convergencia Social Gael Yeomans no tiene dobles lecturas al respecto. “Yo veo un aprovechamiento político por parte de la derecha de este tema”, dice la representante del distrito 13. Este escenario colocó al Gobierno en un lugar poco comprometido con la seguridad, se ha instalado una “falsa polémica”. El compromiso con la seguridad se demuestra, dice la diputada, “cuando se aumentó de manera sustantiva el presupuesto en materia de seguridad y también al presentar 16 urgencias legislativas para poder llegar a acuerdo, y presentado iniciativas en miras de poder tener un control del crimen organizado y contra el narcotráfico”.
Para la diputada de Convergencia Social las críticas a los indultos han sido “excesivas”. Para ella, en definitiva, se trata de una estrategia que esgrime la oposición para que no se den “las discusiones importantes”.
Una certeza es que los réditos que puede sacar la oposición de los indultos están lejos de terminar. Hoy, la oposición se dispone a instalar la Comisión Investigadora en el Congreso para profundizar más en el tema. El objetivo sería determinar si hubo irregularidades en el otorgamiento de los indultos presidenciales. En la lista de invitados dicen que se incluirá al Presidente Boric y a la exministra Marcela Ríos.
