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Crédito: Agencia Uno
Después de dos reuniones fallidas, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, ha convocado a la fiscal adjunto de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad, Ximena Chong, para prestar declaración en calidad de imputado por una de las causas que investiga la eventual omisión de apremios ilegítimos durante el estallido social. Yáñez ocupaba el cargo de director de Orden y Seguridad en ese momento. La cita está programada para las 12:00 horas del próximo lunes.
El General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, declarará ante la fiscal Ximena Chong en calidad de imputado, por una de las causas que investiga delitos de omisión de apremios ilegítimos cometidos por la institución policial en el contexto del estallido social de 2019.
Según consigna Radio Biobío, la persecutora, fiscal adjunto jefe de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad, confirmó su asistencia a la oficina de Yáñez para que preste declaración, lo que se concretará el próximo lunes 27 de marzo a eso de las 12:00 horas, en el edificio de Carabineros.
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En un comienzo la fiscal Chong, encargada de emblemáticos casos del estallido social, había citado al general Yáñez en septiembre del año pasado, pero el uniformado solicitó postergar su declaración para noviembre del 2022, momento cuando nuevamente pidió posponer su testimonio.
Cabe destacar que esta no es la primera vez que el general director declarará como imputado en una causa vinculada a la revuelta social de 2019, debido a que testificó en uno de los casos por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en aquella oportunidad.
Ahora, Yáñez declarará por una causa que investiga el delito de omisión en apremios ilegítimos. La investigación, hoy en manos de la jefa de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la fiscal Ximena Chong, inició en 2019 en Valparaíso y puso el foco en el actual jefe de Carabineros por su rol como director de Orden y Seguridad al momento de que estallaran las movilizaciones del país.
La diligencia se enmarca en la indagatoria por crímenes de lesa humanidad, aunque está vinculada a una causa iniciada en 2021 que busca establecer responsabilidades de mando por delitos de omisión en apremios ilegítimos ocurridos durante la revuelta social, entre el 18 de octubre de 2019 y el 30 de marzo de 2021.
