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El rector de la Universidad Diego Portales (UDP), Carlos Peña, el escritor Óscar Contardo y la periodista Paula Escobar se manifestaron a través de diversos textos en relación a la polémica por la demolición de las “narco-casas”, una campaña del alcalde de la comuna de La Florida, Rodolfo Carter, así como al apoyo del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, a la suspensión de clases en Valparaíso por el funeral de un traficante de drogas. Este fin de semana una carabinera murió tras ser baleada por un delincuente en Quilpué.
Columnistas de varios medios de comunicación coincidieron en que es urgente que las autoridades salgan del letargo en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, en un fin de semana marcado por el asesinato de la carabinera Rita Olivares en Quilpué.
El rector de la Universidad Diego Portales (UDP), Carlos Peña, el escritor Óscar Contardo y la periodista Paula Escobar y se manifestaron en diversos textos.
Peña y Contardo abordaron la campaña del alcalde de la comuna de La Florida, Rodolfo Carter (UDI), contra las “narco-casas”, mientras Escobar criticó al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila (RD), por lo ocurrido con el funeral de un traficante que obligó a suspender clases en varios colegios por motivos de seguridad en Valparaíso.
Las autoridades temían que hubiera incidentes durante la procesión hasta el cementerio de Playa Ancha en el funeral de Camilo Noé Rojas Chepulich, alias “El Ñaju”, de 27 años, que murió acribillado en las afueras de un colegio Las Acacias, en el acceso al puerto, durante una emboscada de un grupo rival.
En un violento escenario, Carlos Peña, por ejemplo, asegura que las acciones del alcalde Carter “empequeñecen al resto de las autoridades, las que, al contrario de lo que hace el jefe comunal, preparan escoltas para los narcos armados de metralla, hacen declaraciones al abrigo de su escritorio y revisan con calma las reglas”.
Eso, para el abogado y académico universitario, explica que, como se vio esta semana, Carter, “junto con hacerse de enemigos entre los narcos, también esté juntando algunos en el Gobierno”.
Peña destacó que “Carter es la única autoridad que ha enfrentado cara a cara al narcotráfico”.
“En un país donde a la hora de referirse a este último abundan las abstracciones y los rodeos con que se oculta la incapacidad y disimula la cobardía (declaraciones genéricas, condenas puramente retóricas), Carter es capaz de adoptar medidas inmediatas que muestran en la práctica, siquiera de forma simbólica, quién es la autoridad, dónde radica el poder. En un país de autoridades más o menos pusilánimes y tímidas que cuentan hasta cien, dos o tres veces, y tocan madera y se persignan antes de hacer cualquier cosa, Carter planta cara al narco y posa como autoridad frente a él, sin remilgos ni excusas”, escribe el rector.
“Es verdad que las acciones que realiza son apenas demoliciones de ampliaciones irregulares y representaciones mediáticas. Es cierto. Pero quedarse ahí es no comprender la envergadura simbólica de lo que Carter hace: mientras los encargados del orden público organizan custodias para los narcofunerales que se toman las calles empuñando armas, y mientras el ministro de Educación avala que se suspendan las clases cuando ello ocurre, y el conjunto del Estado parece estar sin conducta frente a las bandas, Carter sale de su oficina y encabeza una demolición mostrando fictamente (pero ¿quién dijo que las ficciones en política no importan?) dónde está la autoridad y dónde radica el poder”, señala.
“Todo esto —mal que pese— empequeñece al resto de las autoridades, las que, al contrario de lo que hace Carter, preparan escoltas para los narcos armados de metralla, hacen declaraciones al abrigo de su escritorio y revisan con calma las reglas (como si para saber que exhibir metralletas, cerrar las calles y amedrentar es ilegal se necesitara un informe en derecho). Y eso explica que, como se vio esta semana, junto con hacerse de enemigos entre los narcos, también esté juntando algunos en el Gobierno”, reflexiona Peña.
“En suma, Carter es una piedra en el zapato porque con su escena algo exagerada muestra cuánta lenidad, cuánta blandura, cuánto apocamiento, cuánta flojedad, cuánta indecisión hay en quienes debieran, en vez de escoltar a los narcos, evitar que se enseñoreen de las calles y transiten en ellas exhibiendo armas con desparpajo. ¿Tiene ideas Carter, acerca del conjunto del país, que puedan tejer un programa? Al parecer, no (y las que tiene han de padecer el grave defecto de ser de derecha y de la UDI); pero capacidad de comprensión de la vida vivida en Chile, de la cotidianidad y de los miedos que inundan los barrios sí que tiene, y la voluntad le sobra”.
En tanto, Contardo se manifestó en relación a la campaña del alcalde de la comuna de La Florida, Rodolfo Carter (UDI), contra las “narcocasas”, en que demuele viviendas supuestamente usadas por traficantes de drogas.
El objetivo de esta iniciativa es “sugerir que se está tomando el toro por las astas sobre una situación grave, que afecta a cientos de miles de personas que deben convivir con la violencia que provoca el tráfico de drogas en sus barrios. Pero una carnada no es una solución, tampoco el comienzo de una”.
“Lo que se transmite es sencillamente la destrucción de un inmueble perteneciente a una categoría que evoca muchas cosas al mismo tiempo, todas malas y dignas de ser derrumbadas, pero, ¿qué es lo que se logra concretamente con eso para frenar el narco?”, se pregunta Contardo.
“Con los operativos del alcalde, esas personas ven la presencia de una autoridad en acción concreta, alguien dirigiendo una actividad que en la narrativa de Rodolfo Carter es un ataque directo al crimen organizado. El alcalde, como otros políticos de su sector, conoce las demandas cotidianas de los vecinos de los suburbios de bajos ingresos, zonas de clase trabajadora que los partidos tradicionales de izquierda dejaron en el abandono hace décadas y que los nuevos líderes progresistas tienden a contemplar desde un pedestal teórico tamizado por su experiencia como voluntarios de alguna organización benefactora”.
En ese sentido, “satisfizo una demanda real de largo plazo, con una acción que, sin embargo, tiene toda la pinta de ser un paliativo comunicacional de corto plazo, que no resolverá el problema de los vecinos de manera duradera, pero sí lo posicionaran en una carrera presidencial jamás disimulada”.
Escobar, en tanto, criticó lo ocurrido en Valparaíso.
“Que decenas de colegios y dos universidades suspendieran esta semana las clases en Valparaíso por un funeral narco revela cuánto y hasta qué punto se ha ido normalizando el avance del crimen organizado, mientras crece la impotencia en las personas por la vida interrumpida, los espacios públicos tomados, las rutinas alteradas”, escribió la periodista.
“Es comprensible -quién podría juzgarlos- que directivos de los colegios y establecimientos universitarios, asustados por la posibilidad de violencia y baleos, hayan optado por suspender. Han dicho que no tenían conocimiento de protocolos ni de planes para garantizar la seguridad, que los apoderados estaban muy inquietos, que ya había barricadas y desórdenes que presagiaban un riesgo mayor. Haberse sentido solos frente a este peligro hace comprender la decisión, pero eso no le quita la gravedad a que esto haya pasado. Es una señal de entreguismo frente al narco. De sumisión, de impotencia respecto del deber y el poder del Estado y del imperio de la ley. Es claudicar”, lamentó la periodista.
Más adelante criticó a Ávila, por calificar la decisión de suspensión de clases de “buena decisión”, “abonando a la idea del repliegue frente a la coerción del crimen organizado”.
“Un ministro de Estado sucumbiendo al temor contra el narco, ¿qué les está diciendo a las y los estudiantes de todo Chile? Como clase de educación cívica, les dio una terrible: en vez de relevar la importancia del Estado de Derecho, del respeto a las reglas, sus declaraciones trasuntan la fatalidad frente a quienes hacen de eso nada. Los narcos no solo se saltan las leyes, sino que se enorgullecen de burlarlas. E intimidan con esa transgresión: basan su poder en su violencia y en su impunidad e inmunidad frente al poder del Estado. Así, además, destruyen la confianza y el respeto a las instituciones, a su capacidad de proveer seguridad y justicia”, escribió.
A su juicio, Ávila “debió haber intentado a toda costa evitar que funerales narcos u otras situaciones de este tipo saquen a los niños del aula. Debió prepararse, debió hablar con el municipio, con las policías, con los otros ministerios, y con urgencia, con firmeza, para evitar que los directivos tuvieran que optar por la suspensión, según ellos han dicho, por la falta de información y coordinación oficial”.
Escobar además comentó el caso de las “narcocasas”, al escribir que “existen legítimas dudas sobre la eficacia real de la política del alcalde Rodolfo Carter -de demolición de las llamadas ‘narcocasas’- con respecto al objetivo de disminuir el narcotráfico; y la iniciativa tiene, por cierto, bastante de efectismo y de estrategia mediática. Pero las personas valoran que al menos intente hacer algo -con las herramientas que tiene a mano- y, sobre todo, que esté ahí presente, donde las papas queman. Más que entrar en polémica con él, el gobierno debería mostrar su propia agenda, que fue exactamente lo que no pasó esta semana, porque el ministro de Educación brilló por su ausencia”.
