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Crédito: Agencia Uno
En medio del frenesí legislativo tras la muerte de la sargento 2° de Carabineros Rita Olivares, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) manifestó su preocupación a raíz de la recién aprobada Ley Naín-Retamal en la Cámara de Diputadas y Diputados. La directora del organismo, Consuelo Contreras, aseguró que “lo que se hace en la práctica es juzgar de antemano la calidad de delincuentes de sus posibles víctimas algo que solo pueden establecer los Tribunales de Justicia. ¿Habían cometido un delito Camilo Catrillanca y Fabiola Campillai, o eran víctimas? Parece que en la nueva normativa propuesta, ellos, así como sus derechos humanos, no poseen relevancia”. “La delincuencia debe ser enfrentada desde la democracia y el resguardo de los derechos humanos de todos”, agregó.
En medio de la vorágine legislativa tras el asesinato de la sargento 2° de Carabineros, Rita Olivares, el Instituto Nacional de Derecho Humanos (INDH) dejó ver su preocupación ante la recién aprobada Ley Naín-Retamal en la Cámara de Diputadas y Diputados, que propone mayores atribuciones para las policías. Lo anterior, aseguran, eleva los riesgos en materia de derechos humanos.
En concreto, la directora del INDH, Consuelo Contreras, apuntó que desde 2017 el organismo “ha insistido en la urgencia de determinar por ley las Reglas del Uso de la Fuerza por los cuales deben actuar Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), así como las Fuerzas Armadas cuando estas se encuentran desplegadas en situaciones que impliquen el contacto con población civil”.
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Sin embargo, Contreras aseveró que “los proyectos de ley ahora discutidos en el Congreso no solo fracasan en hacerse cargo de los verdaderos problemas, operativos en seguridad, sino que se inclinan desproporcionadamente hacia Carabineros”.
“Al establecer presunciones legales a su favor que dificulten en demasía la posibilidad de la prueba en contrario, lo que se hace en la práctica es juzgar de antemano la calidad de delincuentes de sus posibles víctimas, algo que solo pueden establecer los Tribunales de Justicia. ¿Habían cometido un delito Camilo Catrillanca y Fabiola Campillai, o eran víctimas? Parece que en la nueva normativa propuesta, ellos, así como sus derechos humanos, no poseen relevancia”, lamentó la directora del organismo.
Por otro lado, Contreras abordó la “impunidad a las policías” que podría desencadenar el proyecto, teniendo en consideración que tiene una serie de “disposiciones” que significan retrocesos en materia de derechos humanos.
“La nueva normativa podría, en la práctica, favorecer la impunidad de las policías y dificultar que la investigación se realice con los estándares mínimos del debido proceso. Además de la regla sobre legítima defensa privilegiada, el proyecto contiene disposiciones que constituyen retrocesos en estándares de derechos humanos que tampoco resuelven los problemas operativos del trabajo policial y que puede tener efectos que aún no se pueden prever”, agregó.
En complemento de lo anterior, la directora del INDH aseveró que “los proyectos plantean dudas sobre la igualdad ante la ley, una garantía de la cual todos quienes habitan en este país son titulares. Esto, dado que no solo afectarían a quienes presuntamente están infringiendo la ley, sino de todos aquellos que están cerca y pueden sufrir sus efectos”.
“No olvidemos que se le entrega prácticamente inmunidad a Carabineros por los daños que causen a terceros o a sus bienes materiales durante un operativo policial. Esto último, además, viola el deber del Estado de entregar justicia a todos los afectados por su actuación”, expresó Contreras.
La directora del organismo sentenció que el “INDH “no puede sino plantear su profunda preocupación por el avance, en los términos actuales, de los proyectos de ley que buscan entregarle una ‘legítima defensa privilegiada’ a las Fuerzas de Orden y Seguridad. La delincuencia debe ser enfrentada desde la democracia y el resguardo de los derechos humanos de todos”.
