Diego Ibáñez (CS) y crisis de seguridad: ‘‘Decir que ocupando el monopolio de la fuerza se resuelven problemas que son más profundos y multifactoriales, es vender humo a la ciudadanía’’

La semana recién pasada fue compleja para el Gobierno. Las discrepancias oficialistas en el marco de la discusión de la Ley Naín-Retamal en la Cámara de Diputadas y Diputados, se sumaron a la preocupación de organismos internacionales, como la del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, respecto a la legítima defensa privilegiada, una de las medidas más comentadas de esta iniciativa, la que invoca la presunción del uso justificado de armas de servicio y otros medios de defensa por parte de uniformados y policías de civil.

En medio de este debate, el diputado y presidente de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez, niega que su sector esté en contra del fortalecimiento de la labor de Carabineros, sino que es necesario regular el tema con una buena técnica para evitar caer en populismos. “Hay estándares para proteger la dignidad humana y también proteger la trayectoria de los Estados de Derecho, buscando regular el monopolio de la fuerza del Estado. Entonces, decir que ocupando ese monopolio de la fuerza se resuelven problemas que son más profundos y multifactoriales, es vender humo a la ciudadanía”, plantea.

Además, el líder del Frente Amplio (FA) sostiene que “si la sociedad entra en una espiral de miedo se inmoviliza y no se dispone a las transformaciones”, refiriéndose con esto a la crisis de seguridad que hoy acapara la atención mediática, en contraposición a un proceso constituyente que se ha iniciado con una silenciosa labor de la Comisión Experta, con muy bajo interés ciudadano –según se remarca en las encuestas–. “Por eso, el proceso constituyente tiene que ofrecer certezas, persiguiendo cambios profundos y estructurales, pero con estabilidad. Y eso va a ser un desafío que no está dado, sino que hay que ir a disputarlo para que justamente se puedan resolver los problemas de violencia en la sociedad de manera integral, con un Estado Social y Democrático de Derecho, que aborde con profundidad las soluciones que requiere hoy la ciudadanía”, sentencia el diputado Ibáñez.

-En cuanto a la Ley Naín-Retamal y el polémico artículo referido a la legítima defensa privilegiada, ¿cuánto de este proyecto cree que es posible modificar mediante indicaciones en el Senado?
-Quedamos con una sensación amarga, porque es una ley que vulnera principios democráticos, tal como lo señala el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Estamos haciendo todos los esfuerzos, conversando con las bancadas de senadores para revertir el articulado de la legítima defensa privilegiada, y no confundir el respaldo a Carabineros con vulneración al debido proceso. Creemos que hay posibilidades, el Gobierno debe ocupar todas las herramientas constitucionales para revertir esta situación, incluido el veto presidencial.

-Este proyecto obedece a una agenda impulsada por la derecha. La ministra Camila Vallejo acusaba precisamente a la derecha de politizar la crisis de seguridad y aprovecharla para atacar al Gobierno, ¿coincide con esa mirada? 
-Es funcional a un discurso que mira los fenómenos delictivos solo desde el punto de vista del aumento de penas y el populismo penal. En todos los lugares donde las penas son igualmente o mucho más altas que en Chile, el crimen organizado no termina sino con una regulación social mucho más integral, que va desde la aprobación de derechos de la niñez hasta la recuperación de espacios públicos, y la reinserción social de quienes han cometido crímenes y que hoy están asilados en las cárceles. Es una puesta en escena que pretende invisibilizar los problemas sociales que ocurren –desde la criminalidad–, frente a lo cual hoy necesitamos levantar propuestas, desde la regulación de las drogas hasta el levantamiento del secreto bancario.

-¿Descarta que su rechazo a la legítima defensa privilegiada se base meramente en argumentos ideológicos? ¿Hay ejemplos concretos para demostrar que esta propuesta incentiva el “gatillo fácil”, como plantean ustedes?
-Este tema se ha discutido en muchas instancias internacionales, hay estándares para proteger la dignidad humana y proteger también la trayectoria de los Estados de Derecho, buscando regular el abuso del monopolio de la fuerza del Estado. Entonces, decir que ocupando el monopolio de la fuerza se resuelven problemas que son más profundos y multifactoriales, es vender humo a la ciudadanía. Esto ha ocurrido en países como Colombia, donde incluso las policías militares han sido desbordadas, o en Estados Unidos, donde se descontroló el punitivismo. De hecho, esta misma semana el presidente Biden tuvo que ir a una escuela a lamentar un tiroteo contra niñas, niños y adolescentes. Me parece que es una preocupación que debe estar en permanente batalla contra las soluciones fáciles y contra los atajos, que sirven electoralmente, pero destruyen a las sociedades a la larga.

-Y, a su juicio, ¿es la seguridad un tema político-ideológico?
-Creo que la seguridad es un problema social cuyas soluciones comunican lecturas antropológicas que sí están enmarcadas dentro del mundo de las ideas que dividen a las posiciones políticas en izquierdas y derechas. Si bien hoy la ciudadanía no se identifica ni con la izquierda ni con la derecha, hay un reflejo conservador en las propuestas que solo con garrote pretenden corregir situaciones de abandono del Estado. Porque un Estado más fuerte y más presente, con políticas públicas desplegadas en promoción de derechos o en cobertura de servicios básicos, a la larga construye cohesión comunitaria y resguardo de la violencia mediante un colchón social, que hoy Chile en un modelo neoliberal no tiene. Y allí hay diferencias políticas sustantivas que debemos ser capaces de abordar con acuerdos transversales, sin atajos, con sentido de urgencia, pero con mirada a largo plazo.

-Y a raíz de eso, ¿es posible arribar a un punto en común en materia de seguridad al interior del oficialismo? ¿Cómo cree posible administrar las diferencias?
-Sí, yo creo que en el 90% de las cosas estamos de acuerdo, en promover la prevención y dotar de más recursos a las policías –como fue en la Ley de Presupuestos–; de mejorar los procedimientos administrativos y judiciales para efectos de la aplicación de las normas; de resguardar la labor de Gendarmería. Hay muchos puntos en común, debemos construir espacios transversales de conversación y empujar una agenda que mire problemas en lo urgente, pero también a mediano y largo plazo.

-En otra materia, ¿qué le pareció la citación a declarar de la fiscal Ximena Chong, para el ex Presidente Piñera y algunos de sus ministros? ¿Qué tipo de señal observa ahí?
-El Ministerio Público tiene todas las atribuciones para recabar antecedentes en los procedimientos investigativos, con el objeto de hacer cumplir la ley. Creemos que, si hay autoridades que deben declarar a los Tribunales o ante Fiscalía, nadie tiene ningún privilegio de guardar silencio o de omitir cumplir con el Estado de Derecho. Me parece muy bien que la fiscal Chong tome el mundo político y lo ponga al servicio de los procedimientos judiciales, como debe ser en cualquier república democrática.

-Por último, y frente a esta agenda de seguridad, ¿no les preocupa como oficialismo la posibilidad de que el proceso constituyente pase a un segundo plano? ¿Cómo lo observan desde el Frente Amplio?
-Naturalmente, si la sociedad entra en una espiral de miedo se inmoviliza y no se dispone a las transformaciones. Por eso, el proceso constituyente tiene que ofrecer certezas, persiguiendo cambios profundos y estructurales, pero con estabilidad. Y eso va a ser un desafío que no está dado, sino que hay que ir a disputarlo para que justamente se puedan resolver los problemas de violencia en la sociedad de manera integral, con un Estado Social y Democrático de Derecho, que aborde con profundidad las soluciones que requiere hoy la ciudadanía. Y, al mismo tiempo, nosotros esperamos ir avanzando en legislación sobre lo inmediato, con varios proyectos, por ejemplo, de la bancada socialista, tal como el que apunta a modificaciones procesales para hacer más inteligente el trabajo del Ministerio Público. Todos esos elementos tenemos que ir trabajándolos también en paralelo.