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Créditos: Agencia Uno.
A limpiar la “sala de máquinas” convocó la Comisión Experta el martes en la noche, votando por unanimidad la decisión de terminar con la proliferación de partidos pequeños y de independientes que renuncian a su partido apenas son electos. Si entra en vigencia lo postulado por esta comisión que está trabajando en el ex Congreso Nacional, varios de los 21 partidos existentes en el Parlamento desaparecerían y muchos de los 12 en formación no verán la luz. El nuevo texto exigirá a los parlamentarios electos que sus partidos políticos obtengan 5% de votación a nivel nacional. Si no logran esa votación, no podrán asumir su escaño. Tampoco podrán declararse independientes del partido con que fueron elegidos, porque, si lo hacen, perderán su puesto en el Congreso.
La “sala de máquinas” de la política está funcionando mal, ese fue el diagnóstico de la Comisión Experta. Chile tiene actualmente 21 partidos políticos en el Congreso y hay 12 en proceso de formación que intentan entrar a disputar puestos en el Parlamento. Pero es muy probable que muchos de esos 12 en formación no lleguen a puerto y que desaparezcan otros entre los 21 existentes, si se mantiene la propuesta de la Comisión Experta. El martes, en votación unánime, sus 24 miembros aprobaron por unanimidad la propuesta de Sistema Político que terminaría definitivamente con el actual sistema proporcional que favorece la fragmentación de fuerzas políticas y la proliferación de partidos.
El unánime rechazo al actual escenario con muchos partidos políticos se apoyó en el lapidario diagnóstico preliminar de la Subcomisión de Sistema Político de la Comisión Experta, la que concluyó –en su mes de trabajo– que uno de los grandes problemas del actual ambiente político es la ausencia de gobernabilidad, vale decir, que hace mucho tiempo que los gobiernos electos no son capaces de cumplir sus agendas políticas porque no tienen suficiente apoyo en el Congreso. Clara muestra de esta situación es el Gobierno del Presidente Boric, que cada iniciativa que presenta al Parlamento tiene que negociarla con 21 partidos diferentes y cada uno de estos tiene un precio distinto.
Ante esta problemática, la Comisión Experta, a eso de las 20:00 horas del martes, dio un duro golpe a esta proliferación de partidos y aprobó por unanimidad la propuesta que define el Sistema Político y regula el mapa de fuerzas en el Parlamento del país. El contenido aprobado es diametralmente opuesto al del proceso constituyente del 2022.
Previo al plebiscito del 4 septiembre del año pasado, el exministro y economista Andrés Velasco decidió votar Rechazo y hacer campaña por esta opción, argumentando justamente que la propuesta postulaba “una estructura política que podría aumentar la conflictividad, debilitaría ciertos controles democráticos y haría aún más difícil tomar decisiones colectivas con criterios de futuro”. Para Velasco –actual decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics–, una “omisión grave e incomprensible” fue que la Convención Constitucional que funcionó el año 2022 despachase un proyecto que no regulaba los partidos políticos.
Para la Comisión Experta que está sesionando en estos días, el tema fue prioritario. En términos generales, la propuesta habla de un sistema de partidos políticos grandes, que representen ideas políticas amplias y que terminen con la fragmentación que existe en el Congreso actual. Además, los artículos contienen una regulación de los partidos más estricta en términos de democracia interna y transparencia.
Juan José Ossa (RN), el líder de la Subcomisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado, declara: “Con orgullo y, aunque suene difícil, estamos fortaleciendo los partidos políticos”. Esto, debido a que son claves para la democracia, puntualiza Ossa. Es necesario fortalecerlos, advierte el exministro Secretario General de la Presidencia, dado que “la señal de fragilidad en la que se encuentran es la que genera ingobernabilidad”.
En cuanto al Congreso, para terminar con la actual atomización de los partidos –es decir, muchos partidos pequeños en un mismo espacio legislativo–, el nuevo texto constitucional exigiría que la persona electa tiene que pertenecer a un partido político que haya obtenido por lo menos el 5% de los votos a nivel nacional. Un partido puede ganar un escaño en su distrito, pero no podría asumir si pertenece a un partido político nacional con menos del 5% de los votos a nivel país. Esto sería un antídoto para los caciques locales.
Además, para proteger la fuerza de dichas colectividades dentro del Congreso, la norma establece que aquel legislador que renuncie al partido por el cual fue electo, perderá inmediatamente su escaño dentro del Parlamento. Esto, a propósito de que últimamente se volvió un vicio ocupar la plataforma de un partido para acceder al Legislativo y luego presentar la renuncia y declararse independiente. Los comisionados afirman que esta nueva norma aumenta la disciplina partidaria y deja fuera la política de los díscolos.
Mauricio Morales, doctor en Ciencia Política y académico de la Universidad de Talca, sostiene que “la Comisión Experta avanza en dirección correcta”. Una clave, para Morales, son las bases institucionales que se establecieron previamente, pues permiten que el debate se aborde “desde una perspectiva estructural, en mejoras muy concretas”.
El hecho de atacar la fragmentación de manera mecánica en el Congreso es “prácticamente eliminar la probabilidad de éxito de los partidos regionales”, añade Morales. Además, explica que “es como una quimioterapia: mata las células buenas y también las malas”. Sin embargo, advierte que los partidos regionales “canalizan intereses locales, pero en este contexto de ultrafragmentación es mejor renunciar a ese beneficio a cambio de una mayor estabilidad política”. El cientista político estima que es una “decisión adecuada”.
Por su parte, Antonia Rivas –la comisionada de Convergencia Social– valora el diálogo y el diagnóstico que se hizo en la subcomisión. Además, declara que “los partidos políticos juegan un rol fundamental en la democracia”, sin embargo, recalca que el “problema no es el multipartidismo” y agrega que “es incluso deseable en la medida que esa diversidad logre representar intereses sociales relevantes”.
“Los partidos políticos de nuestro país están en deuda con el pueblo”, afirma, y sostiene que, por más que se incluyan incentivos en fortalecer estas entidades, “si esto no va emparejado en la práctica política, en la forma en que se debaten los asuntos públicos, no quedarán en nada”.
Rodrigo Espinoza, actual director de la Facultad de Administración Pública de la Universidad Diego Portales, considera que la propuesta tiene más luces que sombras y es clave el fortalecimiento tanto de los partidos políticos como de fórmulas para disminuir la fragmentación, sin embargo, advierte que estas no pueden apuntar a un binominalismo –dado que se potencia la presencia de partidos más grandes– y transformarse en dos bloques: uno oficialista y otro de oposición.
Ese punto –dice– podría “atentar contra la representación del sistema político, ya que en el último Congreso hemos visto tres grandes bloques”. Ahora, sí cree que existen soluciones dentro del diseño institucional, como lo son el establecimiento de listas cerradas, lo que podría favorecer, por una parte, grandes proyectos políticos y, por otra, terminar con la política de los díscolos
Entre otras innovaciones, propone un sistema de participación y democracia directa: iniciativa popular de ley y la iniciativa popular de derogación de ley. “Un grupo de personas habilitadas para sufragar equivalente al dos por ciento del último padrón electoral podrá presentar a cualquiera de las ramas del Congreso Nacional una iniciativa popular de ley para su tramitación legislativa”, detalla la norma que se presentó en el informe. Antonia Rivas (CS) destacó la iniciativa, ya “que funciona como un catalizador de la voluntad”.
Para la derogación de ley, establece un umbral del tres por ciento del último padrón electoral y, además, un plazo temporal de cuatro meses siguientes a haberse publicado una ley para presentar la iniciativa de derogación total o parcial de la misma.
Respecto a la participación ciudadana, Ossa advierte que es un cambio necesario, debido a cómo se entiende la democracia hoy, pues esta cambió: “Los ciudadanos dialogan directamente con sus autoridades, pero lo hacen de forma poco institucional. De ahí que valoro profundamente lo que se está incorporando en iniciativas populares de ley e incluso las derogatorias de ley”, expresa.
