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Crédito: Agencia Uno
Tras más de 10 horas de debate, el proyecto que busca reforzar la función de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, entre otros, fue despachado por la Sala del Senado a tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados. Luego de un duro debate, se logró un acuerdo que establece un nuevo estatuto de legítima defensa respecto de los funcionarios de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Gendarmería, además de miembros de las Fuerzas Armadas cuando cumplen tareas de orden público y seguridad interna, que se incluirá en el Código Penal. La normativa establece el uso racional del medio empleado y considera la reducción de la pena por uso de arma en algunos casos, salvo que concurra dolo. Ahora, resta ver si los diputados aprueban el texto tal cual llega desde el Senado, lo que lo dejaría listo para su promulgación. En caso contrario, ambas instancias deberán arribar a un acuerdo a través de comisiones mixtas. [ACTUALIZADA]
Tras un arduo debate y búsqueda de acuerdos, la Sala del Senado despachó a tercer trámite, a la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto que refuerza la función de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, así como de la Policía Marítima y funcionarios de aeronáutica civil, más conocido como Ley Naín-Retamal. La discusión no ha terminado, pero hubo avances.
En la primera etapa se aprobó la idea de legislar la iniciativa por 40 votos a favor y 5 en contra. La discusión y las votaciones fueron seguidas desde las tribunas por víctimas en el marco de las manifestaciones del 18-O y familiares de detenidos desaparecidos; además, por las viudas de los carabineros Eugenio Naín y Carlos Retamal; también, por los familiares de la sargento de Carabineros, Rita Olivares, todos asesinados en el marco del cumplimiento de sus labores, así como representantes de organizaciones de apoyo a la policía uniformada.
Tras la intervención de todos los senadores durante la votación en general, la mesa de la Sala informó un receso de 20 minutos antes de la votación en particular del proyecto. El momento, que se extendió por más de 40 minutos, sirvió para iniciar las negociaciones para alcanzar un acuerdo.
En dichas conversaciones participaron los ministros del Interior, Justicia, Segpres (s), Segegob y de la Mujer por parte del Ejecutivo, y el presidente del Senado junto con senadores de la oposición.
El acuerdo se alcanzó cerca de las 23:15 horas y se distribuyó entre todos los senadores presentes. En lo esencial, el nuevo estatuto de legítima defensa de policías, gendarmes y miembros de las Fuerzas Armadas que cumplen tareas de orden público y seguridad interna se incluyó en el Código Penal.
Durante la votación en particular, después de la 1 de la madrugada del miércoles, la Sala aprobó con 42 votos a favor y 3 abstenciones la nueva indicación surgida tras las negociaciones entre el Ejecutivo y la oposición sobre la legítima defensa. Según esta, en el artículo 8 del proyecto se establece que “el uso racional del medio empleado se entenderá si, en razón de su cargo o con motivo u ocasión del cumplimiento de funciones de resguardo de orden público y seguridad pública interior, repelen o impiden una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida o la de un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de defensa”.
Además, se agrega que “respecto de lo dispuesto en los párrafos anteriores, los Tribunales, según las circunstancias y si éstas demostraran que no había necesidad racional de usar el arma de servicio o armamento menos letal en toda la extensión que aparece, deberán considerar esta circunstancia como atenuante de la responsabilidad y reducir la pena en virtud de uno, dos o tres grados, salvo que concurra dolo”.
A la 1:53 horas, el Senado finalizó la discusión en particular de la ley, que pasará ahora al tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que “durante el día el Ejecutivo promovió conjuntamente con los senadores dos normas que tenían especial preocupación para el Ejecutivo en el debate de la comisión del día de ayer. La primera tenía que ver con la exención de responsabilidad del mando, y la segunda con la restricción de las hipótesis de apremios ilegítimos. Ambas han sido corregidas en la sesión de hoy, la primera rechazada y en la segunda eliminados los aspectos que limitaban esa hipótesis”.
En efecto, la Sala optó por eliminar la modificación del Art. 150 D del Código Penal, vale decir que se aprobó la inadmisibilidad de modificar el delito de apremios ilegítimos, con lo cual las actuales investigaciones, por ejemplo, por los daños oculares provocados por uniformados policiales durante el estallido, no se verán afectadas y seguirán su curso en los Tribunales de Justicia.
Y el ministro Cordero agregó: “Por cierto, en procesos de estas características, lo relevante es haber obtenido un acuerdo en común, las posiciones ideales de cada uno de nosotros han quedado atrás, y por cierto lo más relevante era lograr un acuerdo que les diera tranquilidad a las policías, pero sobre todo también que resguardara los derechos de todas las personas en su relación cotidiana con ellas”.
El titular de Justicia recalcó que el Ejecutivo no tiene dentro de sus estrategias próximas el veto. Y valoró las conversaciones con los senadores de oposición. “El Gobierno promovió un acuerdo amplio y lo promovió con distritos grupos de senadores, y yo creo que esa es la noticia relevante“, cerró.
Por su parte, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), sostuvo que “en la esencia, lo más relevante, el ADN que genera esta defensa especial privilegiada, quedó de buena manera, con una amplia votación, que de alguna manera revela el compromiso para que, aquellos que nos cuidan, se sientan más cuidados, que era el compromiso central de esta ley”.
El titular del la Comisión de Seguridad Pública, Felipe Kast (Evópoli), explicó que “esta nueva redacción de la legítima defensa privilegiada plantea lo siguiente: había una preocupación del Ejecutivo de que esta legítima defensa fuese solamente utilizada cuando era atentada la integridad física o la vida de Carabineros, y no que fuese utilizada para el caso en que fuese atentado un vehículo o bienes, y nosotros no teníamos ningún problema en esa redacción”.
En tanto, el senador DC Iván Flores, también integrante de la Comisión de Seguridad Pública, manifestó que “ha habido un avance, ha habido correcciones respecto de algunas aprensiones que tenían los ciudadanos y algunas organizaciones, como especialistas penales, sobre el alcance que tenía el proyecto original, que tenía un montón de problemas y fallas. Creo que hemos podido aclarar la mayoría de ellos”, indicó.
“Esto no termina aquí, va a ir a la Cámara de Diputados, probablemente o eventualmente puede ir a una Comisión Mixta, por lo tanto, este proyecto no está resuelto ahora. Sin embargo, ha habido avances”, destacó.
En lo sustantivo, la discusión sobre este punto se logró despejar luego de que el Gobierno abandonara la idea de radicar en el Código de Justicia Militar el nuevo estatuto de legítima defensa y accediera a incluir ese principio dentro del Código Penal. La oposición, en tanto, accedió a eliminar la causal de legítima defensa frente a ataques sin armas de dos o más personas.
Comenzado el debate en particular, la ministra (s) de la Segpres, Macarena Lobos, recordó que desde el Ejecutivo se buscó que el estatuto de protección estuviera en el Código de Justicia Militar; sin embargo, “dado el acuerdo transversal, el estado de protección queda en el Código Penal, incorporando nuevos párrafos (…)” y precisó que mantendrían la indicación para el artículo 1, con el fin de asegurar la proporcionalidad de la pena.
Con todo, la indicación fue rechazada y se mantuvo íntegro el señalado artículo 1, por mayoría de votos. Luego, se solicitó votación separada para el mismo artículo, lo que tampoco prosperó, y la senadora Yasna Provoste anunció reserva de constitucionalidad. Esto, pues –a su juicio– “no protege a las policías, se termina judicializando y afecta al principio de legalidad y proporcionalidad”.
Argumentaron a favor el senador José Miguel Insulza y la senadora Claudia Pascual, y en contra, el senador Felipe Kast.
Así las cosas, sobre penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, se mantiene lo siguiente: “Tampoco procederá respecto de aquellos delitos contra la vida y la integridad física de funcionarios de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile. Asimismo, tampoco procederá respecto de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y servicios de su dependencia, en cumplimiento del deber, exclusivamente, en el marco de funciones de resguardo del orden público, tales como durante estados de excepción constitucional, protección de la infraestructura crítica, resguardo de fronteras y funciones de policía, cuando correspondan, u obrando en el marco de sus funciones fiscalizadoras”.
Para todos los artículos se solicitaron votaciones separadas; sin embargo, por mayoría de votos no alcanzaron la mayoría.
En otro orden, se intentó reponer la indicación para contar con registros a través de cámaras, pero fue declarada inadmisible; sin embargo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, precisó que “el Ejecutivo ha tomado la idea” y pondrá como norma obligatoria el uso de las cámaras corporales, lo que será presentado en el proyecto sobre el uso de la fuerza.
Fue el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, senador Felipe Kast, quien entregó los alcances de la iniciativa y los cambios que se le hicieron en dicha instancia. En tal sentido, detalló que la idea es “entregar certezas jurídicas y garantías respecto del actuar de las FF.AA. y de Seguridad”.
Entre los argumentos esgrimidos a favor de la iniciativa, se mencionó que esta “otorga herramientas al Estado para asegurar el orden público” y permite que “las policías puedan cumplir sus labores de orden y seguridad con mayores certezas jurídicas”. Asimismo, se busca “dar mayor protección y garantías para que las policías, Gendarmería y las Fuerzas Armadas (cuando cumplen rol de orden público), la Policía Marítima y la Dirección General de Aeronáutica, puedan cumplir su labor”.
Agregaron que tales atribuciones, así como la figura de la legítima defensa, no implica que haya impunidad, toda vez que el proyecto no exime “per se” la responsabilidad penal del funcionario policial, pues “para que opere esa figura tendrá que operar el Ministerio Público”.
No obstante, en el sentido contrario, hubo senadores y senadoras que advirtieron que existen “inconsistencias” en la iniciativa y un tratamiento “confuso” en cuanto a las normas de legítima defensa privilegiada que podrían ser declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional (TC), por lo que plantearon “resolver de mejor manera estos aspectos en una Comisión Mixta o con un veto presidencial”.
Puntualizaron que, tal como está el proyecto, se podría considerar como una “ley gatillo fácil”, que además podría derivar en una suerte de “impunidad retroactiva”. Agregaron que existen “otras falencias en lo relativo a eximir de responsabilidad del mando” y otras disposiciones que no estarían bien resueltas en el proyecto, las que irían en directo desmedro de la protección y respeto de los derechos humanos.
En la contraparte, hubo quienes argumentaron que no se trata de una norma que pueda ser tachada de “gatillo fácil”, pues es una “necesidad de devolverles a las policías la legítima defensa en el cumplimiento de sus funciones”. Recalcaron que “esta iniciativa protegerá a los policías que hacen uso racional de la fuerza”.
Por otro lado, hubo coincidencia entre las distintas bancadas en que “es fundamental enfrentar los problemas de seguridad pública y el aumento de delitos importados, para lo cual se necesitan herramientas para atacar estas nuevas prácticas”.
Asimismo, los parlamentarios de manera transversal señalaron que el “dolor de las familias que perdieron un familiar no tiene color político”; mientras que otros relevaron que “la seguridad ciudadana no está en contradicción con los derechos humanos”.
