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La comisionada experta por RN y exsubsecretaria de Prevención del Delito en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, declaró en calidad de imputada en la causa por corrupción que instruye el fiscal Francisco Ledesma, por la licitación de más de $380 millones destinados a la compra de cámaras corporales para Carabineros, que fue adjudicada a la empresa Motorola Solutions, y que no servían para los fines requeridos. En su declaración –en el marco de la investigación por fraude al fisco, falsificación de instrumento público y prevaricación administrativa–, Martorell exculpó a la compañía y, por el contrario, responsabilizó a la institución policial por falta de competencia en materia tecnológica. “No se pudo cumplir con los plazos por un tema exógeno, que se vinculaba con el poco conocimiento que Carabineros tenía de la tecnología”, señaló.
Katherine Martorell –actual comisionada experta por Renovación Nacional– enfrenta desde 2020 una investigación por delitos de corrupción en la Fiscalía Centro Norte. Esto, por la adquisición de cámaras personales Motorola para Carabineros, cuando se desempeñaba como subsecretaria de Prevención del Delito en el segundo mandato de Sebastián Piñera, cuya licitación fue declarada ilegal por el Tribunal de Contratación Pública (TCP).
En ese contexto, la exsubsecretaria prestó declaración el pasado 17 de marzo en calidad de imputada ante el fiscal Francisco Ledesma. En el testimonio, de 35 páginas y 111 preguntas –que publica íntegramente El Mostrador–, la abogada culpó a la institución policial de los problemas tecnológicos que presentaron los aparatos. Acto seguido, aseguró que la empresa no tuvo ninguna responsabilidad en la implementación.
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“(…) No se pudo cumplir con los plazos por un tema exógeno, que se vinculaba con el poco conocimiento que Carabineros tenía de la tecnología, las complicaciones para la implementación y el uso de las cámaras por temas de infraestructura y temas que más bien no eran imputables a la empresa”, testimonió Martorell.
Sin embargo, sus dichos se contradicen con las declaraciones prestadas por funcionarios de Carabineros contenidas en la carpeta de investigación. Entre varios aspectos, los uniformados aseveraron que el sistema presentaba serias fallas de seguridad y trazabilidad de los videos que debían enviarse a la Fiscalía.
De hecho, en septiembre de 2022 la policía uniformada puso término al contrato que mantenía con la firma, de acuerdo al documento firmado por el coronel Enrique Villarroel, jefe de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Carabineros.
Los hechos materia de la indagatoria se remontan al 11 de marzo de 2020, cuando Katherine Martorell, como jefa superior del servicio, adjudicó a Motorola la compra de 300 cámaras por $378 millones.
En dicho concurso participaron –además de Motorola– las empresas Axon y Pegasus, las que quedaron fuera de la licitación. Fue precisamente esta última compañía la que reclamó, ya que Motorola no cumplía con la función de pre y postgrabado, requisito ineludible contenido en las bases de licitación. Por esta razón, nunca debió ser elegida, se detalla en la querella que tramita hoy el Ministerio Público.
La decisión firmada por Martorell derivó en la presentación de dos recursos –los que fueron rechazados–, aludiendo a que todo estaba en regla.
En su versión ante el fiscal reiteró que no existió un ilícito en el concurso: “En la actualidad, considero que la respuesta que se dio no cumplía con el principio de estricta sujeción a las bases, y considero, en particular, que supone un error administrativo y no un delito”.
Y agregó: “Me cuesta entender todo lo que esto ha significado porque acá no hay ningún delito y estoy completamente segura de eso. Lo que sí podría haber existido es un error, pero nunca con mala fe (…), por lo que estoy pidiendo en definitiva sensatez, y se consideren las cosas como son (…)”.
El fiscal Ledesma inquirió a la exfuncionaria respecto a si las cámaras operaron correctamente, a lo que Martorell respondió que si bien “la implementación no fue fácil, su funcionamiento fue adecuado”.
La Fiscalía profundizó en el rol que tuvo Martorell en la creación de las bases de licitación para los aparatos de grabación de imágenes. Básicamente, si los profesionales de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) le “comentaron” sobre las especificaciones que se requerían y que debían ser cumplidas por los oferentes.
“No me lo comentaron. La verdad es que incluso si me lo hubiesen explicado, tampoco lo hubiese entendido, porque las especificaciones dan cuenta de conceptos y elementos técnicos que no se asocian con mis conocimientos profesionales y mi experiencia laboral”, declaró.
Martorell dijo que tampoco revisó el contrato entre el Gobierno y Motorola en su totalidad.
“Solo revisé la parte expositiva hasta los considerandos, y verifiqué, como he dicho anteriormente, los temas de redacción, firmas de responsabilidad, y lo que hago respecto de los documentos cuando los firmo. Hago presente, con todo, que este documento en particular es extenso, y el contrato tiene aproximadamente setenta páginas”, insistió.
En la misma línea, Martorell agregó que el recurso de reposición interpuesto por Pegasus, que daba cuenta de las irregularidades en la adjudicación a Motorola, tampoco lo verificó .
“(…) Como ya señalé, no leí el recurso. Lo que sí recuerdo es que el jefe de división jurídica, Carlos Quintana, me indicó (…) que no tenía sustento jurídico por parte de una empresa, sin decirme el nombre, y que era respecto de la forma en que se habrían entregado las ofertas, y que respecto a eso habló y verificó la situación con el área técnica, no correspondiendo dar lugar a la reclamación del oferente”, señaló.
El fiscal insistió: “¿No consideró necesario revisar con mayor detalle los antecedentes dado que era un recurso de impugnación presentado directamente ante Ud. y que denunciaba irregularidades de la repartición que dirigía?” .
La exsubsecretaria contestó lo siguiente: “Si yo entrara al fondo del detalle respecto de cada cuestionamiento o impugnación a las resoluciones de la Subsecretaría, no podría darse continuidad al servicio, y es por eso que están las unidades técnicas. Lo que hace el jefe de servicio es sancionar, no encargarse de ver los aspectos técnicos que son competencia de la unidad respectiva”.
Entre las 111 preguntas que realizó el fiscal Ledesma, una parte importante estuvo dirigida a conocer los bienes y activos financieros de Martorell.
Según la abogada, al momento de los hechos investigados, mantenía un departamento, un auto marca Rover y una moto Harley-Davidson.
“A esa época no tenía inversiones. Tenía participación en una sociedad inmobiliaria de mi mamá, que no recuerdo el nombre, pero está en mi Declaración de Intereses, pero no recibía renta de estas. Además, tenía veinte acciones en el Club Sirio, que valen como $200.000 pesos”, aclaró.
A mediados de 2022, Martorell se casó con Claudio Pontillo, exjefe de avanzada del último Gobierno de Sebastián Piñera y uno de los coordinadores de la sociedad civil para el Rechazo.
Junto con él adquirió una casa cuyo valor supera los $450 millones y que mostró en el programa “La Divina Comida”, de CHV. Para la adquisición –a medias con su marido– recibió $50 millones de su mamá como regalo.
“Ese dinero era de propiedad de mi mamá producto de su trabajo y herencia de sus padres, que puede justificar si es lo que estima necesario”, le indicó al fiscal.
En la carpeta de investigación, consta que la PDI realizó un estudio de las cuentas bancarias de la exsubsecretaria de Prevención del Delito. Esta última, en todo caso, indicó que “no existe ningún pago que tenga que ver con la empresa Motorola”.
“Esta misma conclusión se ve confirmada en el escrito que (…) presentaron mis abogados, en que se explica en detalle los movimientos de mi cuenta bancaria y aporto todos los antecedentes de respaldo correspondientes”, concluyó Martorell.
