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El 18 de abril terminó la veda para proyectos de retiro de los fondos de pensiones y en el Congreso comenzaron a circular al menos seis alternativas para sacar dinero de las AFP. Las posibilidades de que alguna de estas iniciativas prospere son bajas y el Ministerio de Hacienda ha hecho un trabajo sistemático para lograr desincentivar la idea, argumentando que solo logrará empeorar aún más las bajas pensiones de la gente y mantener o aumentar la dolorosa inflación. Sin embargo, hay solamente un proyecto que se presenta como una alternativa sensata en términos de responsabilidad fiscal, aunque todavía hay mucha tela por cortar, sobre todo con el oficialismo. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, tiene una carta bajo la manga: el aumento del ingreso mínimo a $500.000.
El debate sobre el retiro de fondos de pensiones está lejos de ver su fin, a pesar de que todos los especialistas han explicado los problemas que tales retiros generan. Cuando se planteó por primera vez un retiro único fue debido a los complejos momentos que vivían las personas tras la pandemia y los efectos que esta había generado en la economía de los hogares. Actualmente, en el Congreso volvió a debatirse sobre el sexto retiro –luego de haber rechazado el quinto– y existen seis propuestas diferentes que intentan lograr retiros desde las cuentas de las AFP. Si bien hay unas alternativas que corren con más ventaja que otras, hay muy pocas posibilidades de que alguna de ellas se apruebe y, en caso de lograrse su aprobación, los más probable es que sea respecto de la que produzca menos impacto económico negativo.
El trámite comenzó de nuevo el martes 18 de abril, esta vez con la justificación de la recesión que estaría enfrentando Chile, el aumento del desempleo y el posible complejo panorama económico que se avecina. Hubo preocupación en el Gobierno de que entrara a jugar el componente electoral en esta iniciativa, en los días previos a la elección de consejeros constitucionales el 7 de mayo. Sin embargo, ninguna de las propuestas tiene aún fecha para votarse, ni siquiera en la Comisión de Constitución.
Desde la oposición advierten que la ayuda es necesaria, pero deben tomarse en cuenta los efectos inflacionarios que pueda generar un nuevo retiro. Es ahí, según lo que marcan los datos, en donde radica la diferencia.
El ministro Mario Marcel aclaró esta semana en entrevista con Radio Infinita: “En un principio éramos unos pocos los que advertíamos de los riesgos de los retiros. Hoy día es algo que ya se entiende, porque se ha vivido, y esos riesgos son cosas que hemos visto pasar, que han sucedido. Gran parte del aumento de la inflación que hemos tenido durante los últimos dos años es producto de los retiros y lo ha sufrido la población y especialmente las personas de menores recursos. Ya se ha ido construyendo un cierto sentido común respecto de los riesgos y el daño que provocan los retiros de fondos de pensiones”.
Entre las iniciativas existen varias fórmulas que pretenden darle forma al retiro. Existen algunas –que tienen menos probabilidad de avanzar– que proponen el retiro del 100% de los fondos, mientras otras plantean disponer nuevamente solo del 10% de los mismos. En esa discusión, hay voces que proponen una moción para fusionar las propuestas.
El diputado y jefe de la bancada RN, Frank Sauerbaum, advierte que, en caso de que se concrete esta fusión de iniciativas, “no hay ninguna posibilidad de que se vaya a aprobar”. Si bien Sauerbaum señala que “el Gobierno no ha empujado esta situación” y que “vamos a seguir discutiendo materias de retiro si es que no hay una ayuda económica importante a los sectores de clase media que no han sido atendidos”, están conscientes de que un retiro genera un “problema económico, porque produciría inflación que terminarían pagando obviamente los más pobres”. Incluso, Sauerbaum reveló que también se están trabajando algunos proyectos paralelos de ayuda a las familias, con el fin de descomprimir la discusión de los retiros.
Desde el oficialismo sostienen que la política de retiro de fondos previsionales es “una mala política pública”. En tal sentido, la diputada Catalina Pérez (RD) señala que la política debería encontrar otras formas para apoyar a las familias, a la vez que puntualiza que “debe ser el Estado el que entregue certezas económicas y cuidados a quienes sufren los efectos de la crisis”. La expresidenta de Revolución Democrática cree que es urgente avanzar en una reforma previsional para aumentar el monto de las pensiones, pero “esto se hace muy complejo lograrlo sin fondos en las cuentas”.
Sauerbaum, quien ha visto la tramitación de cerca, declaró que “la única iniciativa que tiene más apoyo, quizás, es la iniciativa que va a poder habilitar sacar $1.000.000 máximo, o también la otra posibilidad de que sea con algunos costos específicos o gastos específicos establecidos en otro proyecto”, pero existe consenso –añade– en que las otras alternativas tienen una consecuencia económica dañina. En este punto coinciden otras voces de oposición.
El diputado RN se refiere al proyecto que aparece en el resumen de la comisión y que está firmado por su correligionario Eduardo Durán, Miguel Ángel Calisto (Independiente) y Erika Olivera (Demócrata). Este, propone un retiro con límite de $1.000.000 en el plazo de un año y “consagra derecho de propiedad sobre los fondos y los hace inexpropiables, ni siquiera bajo la excusa del interés nacional”, dice el resumen al que accedió El Mostrador.
Las propuestas cumplen con un estándar homogéneo, como –por ejemplo– en cuanto al plazo máximo de pago al beneficiario, que sería de 15 días. El plazo en que se puede retirar sería cercano a un año –exceptuando una propuesta que plantea el retiro del 100%, que se podría hacer en dos–, y en todas las propuestas figura la retención del retiro para los deudores de pensión alimenticia.
La iniciativa, que cuenta con las firmas de la diputada Pamela Jiles (Partido Humanista) y los diputados Félix González (Partido Ecologista Verde) y Rubén Oyarzo (PDG), plantea el retiro del 10% de los fondos con un máximo de 150 UF y un mínimo de 35 UF. Si el saldo es inferior a esta última cifra, se abre la posibilidad de retirar la totalidad de los fondos. Existe otra que habla del 10%, sin embargo, no especifica el límite temporal e incluye a pensionados de rentas vitalicias.
Las mociones que tienen menos posibilidad de prosperar son las que proponen el retiro del 100%. El boletín, firmado por Félix González (PEV), Camila Flores (RN) y Rubén Oyarzo (PDG), no propone topes en cuanto al retiro y establece el plazo de un año para solicitarlo. Este, si bien se parece al tercer retiro, no incluye la posibilidad de reponer lo retirado mediante un aumento de la cotización obligatoria, como sí lo hacía el proyecto anterior.
Jorge Durán (RN) aparece como el firmante de la otra iniciativa que pretende instalar el retiro del 100% de los fondos. A diferencia del proyecto de González, Flores y Oyarzo, se puede solicitar el dinero en un lapso de dos años y el plazo máximo para recibirlo es de 15 días para pagos de 35 UF o menos. En caso contrario, se paga en dos cuotas en un plazo máximo de 15 y 45 días.
El diputado Gaspar Rivas (PDG) también suscribe una norma que plantea el 100% del retiro sin topes. Sin embargo, innova respecto a las otras propuestas en el sentido que “obliga a restituir las pérdidas de las AFP a los afiliados desde el 1 de enero de 2000 a la fecha”, como consigna el resumen que manejan en la Comisión de Trabajo y Seguridad de la Cámara.
Existe un último boletín dentro del informe que se destaca por contener “un texto incoherente”, advierte el resumen. En el fondo, entrega la posibilidad “de hacer un retiro del 10% de la cuenta de capitalización individual, incluyendo a pensionados de rentas vitalicias (que, por regla general, no tienen saldos restantes en sus cuentas), a exonerados políticos y familiares de detenidos desaparecidos”. Este, está firmado por los diputados René Alinco (Independiente), Pamela Jiles (PH) y Rubén Oyarzo (PDG).
Ante los que critican la falta de atención del Estado a las personas con problemas de recursos, el ministro Marcel dijo: “A nosotros nos preocupa la situación de las familias de menores recursos. Por eso llegamos a un acuerdo en torno al ingreso mínimo, lo que va a permitir materializar esta meta de tener un ingreso mínimo de $500.000, a julio del 2024. Junto con eso, también se han acordado mejoras en materia de asignación familiar, extensión del Bolsillo Familiar Electrónico, que recuerdo que va a empezar a operar ahora el 1 de mayo. También estamos trabajando en algunas iniciativas que vamos a proponer prontamente sobre el Seguro de Cesantía y sobreendeudamiento de los hogares. Pero no estamos proponiendo esto por el tema de los retiros, sino porque queremos que, en este proceso de recuperación que ya está ocurriendo en Chile, nadie se quede atrás, porque cuando la economía logra estabilizarse, bajar la inflación, siempre hay algunos sectores que pueden quedarse fuera del buque. Acá se trata justamente, a través de este conjunto de medidas, de ayudar a que todos nos beneficiemos de la recuperación económica”, subrayó el jefe de las arcas fiscales.
