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Crédito: Agencia Uno
En medio de las investigaciones penales que pesan en su contra por fraude al fisco y malversación de caudales públicos, Contraloría formuló nuevos cargos contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, tras concluir la etapa investigativa del sumario que inició en 2021 y que determinó que el entonces edil cometió una “infracción grave al principio de probidad”. Según lo establecido en la ley orgánica de municipalidades, la entrega de fondos públicos o subvenciones es una facultad indelegable de los jefes comunales. Los que además deben contar con la aprobación del concejo municipal para aquello. Así, el ente fiscalizador determinó que el exjefe comunal le delegó dicha facultad al entonces director de Administración y Finanzas de Vitacura, José Bucarey, quién habría realizado transferencias a al menos tres corporaciones, sin que existieran vínculos contractuales entre ambas, lo que es una ilegalidad administrativa.
En medio de la investigación penal por fraude al fisco y malversación de caudales públicos que pesa en su contra, se suma una nueva formulación de cargos realizada por Contraloría General de la República. Lo anterior, tras concluir la etapa investigativa del sumario, que determinó que el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, cometió una “infracción grave al principio de probidad”.
Según consigna T13, la investigación, que inició en 2021, tiene como finalidad determinar las responsabilidades administrativas en el proceso de otorgamiento, pago y rendición de los dineros entregados por el municipio a tres organizaciones creadas bajo la administración de Torrealba. En paralelo, Fiscalía indaga el eventual desvió de dineros hacia el exalcalde desde las corporaciones Vita Deportes, Vita Emprende y el Consejo Local de Deportes.
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Según lo establecido en la ley orgánica de municipalidades, la entrega de fondos públicos o subvenciones es una facultad indelegable de los jefes comunales. Los que además deben contar con la aprobación del concejo municipal para aquello.
En la primera etapa del sumario, Contraloría determinó que el exjefe comunal le delegó dicha facultad al entonces director de Administración y Finanzas de Vitacura, José Bucarey, quién habría realizado transferencias a, al menos tres corporaciones, sin que existieran vínculos contractuales entre ambas. Lo anterior es una ilegalidad administrativa.
En esa misma línea, el órgano contralor formuló cargos contra Bucarey, quien en septiembre del 2021 percibió más de $20 millones por horas extraordinarias realizadas durante la pandemia. La investigación también determinó que Bucarey, aparte de recibir alto montos de horas extraordinarias, aprobadas por el propio Torrealba, también percibía pagos en la Municipalidad de Colina.
Debido a que la apertura del sumario se concretó cuando aún era alcalde de Vitacura, Torrealba podría arriesgar sanciones por “infracción grave al principio de probidad”. De esta forma, el exedil podría arriesgar la inhabilidad de cinco años para ejercer cargos públicos, máxima sanción contemplada en el estatuto administrativo.
Por otro lado, Contraloría detectó que otra de las irregularidades contra Torrealba guardaba relación con la circulación de millones de pesos en efectivo desde las corporaciones “Vita”, donde su exjefe comunal instruía a su chofer municipal, Luis Jara Gallardo, a realizar depósitos en diversas cuentas bancarias como parte de sus “labores” diarias.
Aparte de Torrealba, fueron sancionados también su estrecha colaboradora y quién destapó el sistema de entrega de dineros, Antonio Larraín, su director de administración y finanzas, José Bucarey, la subdirectora de finanzas, Natalia Ortiz; la directora de control, Patricia Bravo; entre otros funcionarios de la administración del ex RN.
Durante la jornada de este jueves la gran mayoría de los inculpados fue notificado sobre los resultados del sumario. Con la formulación de cargos de Contraloría, comienza la etapa de la defensa de los inculpados para presentar sus respectivos reclamos.
Una vez finalice el plazo, en el caso de Torrealba, como es un exalcalde, la propuesta de sanción de Contraloría será remitida al concejo municipal para que la apruebe o rechace. Sobre los otros inculpados, será la actual alcaldesa de la comuna, Camila Merino, será la que tendrá la última palabra. En el caso de funcionarios activos, estos podrán ser destituidos del municipio.
