La directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada, estuvo este martes en el programa Al Pan Pan con Mirna Schindler en El Mostrador, donde abordó los casos que se han tomado la agenda pública como es la gestión del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, acusado de fraude al fisco y malversación de caudales públicos. También se refirió a la nulidad por parte de la Contraloría de la compra de la clínica Sierra Bella por parte de la municipalidad de Santiago, bajo la administración de Irací Hassler. Al profundizar en el tema, sostuvo que desde el Consejo de Defensa del Estado han notificado que existe un 51% de los municipios del país con investigaciones de corrupción, algo que explica como una “mal entendida autonomía”. * (Ver al final Nota de la Redacción)
Las investigaciones que ha llevado a cabo la Contraloría General de la República en los municipios de Vitacura y Santiago a raíz de denuncias de funcionarios o exfuncionarios han puesto en la palestra la autonomía que existen en las Municipalidades del país a la hora de tomar decisiones sin medidas de transparencia en el proceso.
“Lamentablemente se mal entendido la autonomía de los municipios, en donde los otros poderes no pueden intervenir en sus funciones, además de una falta de controles externos e internos que ha provocado que proliferen los casos de corrupción en los municipios”, sostuvo la directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada a Mirna Schindler en Al Pan Pan de El Mostrador Radio.
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Al complementar la idea, añadió que “el Consejo de Defensa del Estado daba cifras el año pasado muy alarmantes, decía que al menos un 51% de los municipios en el 2022 tenían investigaciones pendientes en casos de corrupción y eso debe preocuparnos por falta de controles”.
Para la directora ejecutiva de Chile Transparente, se llega a estos casos de corrupción debido a que el ente contralor no tiene un rol preventivo, puesto que detecta las anomalías una vez que ya pasó cierto tiempo, sumado que antes de existir el límite a la reelección, “muchos de los ediles se perpetuaban en el poder”.
Asimismo, fue crítica con las instituciones financieras encargadas de investigar estos delitos, puesto que la Unidad de Análisis Financiero (UAF)* tiene las facultades para emitir alertas en caso de existir transacciones anormales en personalidades públicas y no sucedió con la administración de Raúl Torrealba.
Sin embargo, resaltó que a raíz de lo acontecido en Vitacura “ha habido cambios, donde los bancos y las instituciones financieras deben detectar casos de patrimonios alterados para estar fortalecidos frente a estos casos”.
María Jaraquemada al ahondar en los casos de Vitacura y Santiago (compra de clínica Sierra Bella), indicó que los municipios deben agotar las instancias de transparencia además de buscar un equilibrio entre que no exista demasiada burocracia para los vecinos a la hora de una necesidad y que ello no implique un mal uso de la función pública.
En el caso del exalcalde Raúl Torrealba, la directora ejecutiva de Chile Transparente señaló que “este caso tiene dos investigaciones paralelas: Contraloría que investiga temas administrativos y que podría llegar a sanciones de inhabilidades, además se está investigando el rol de personas que trabajaban en el municipio”.
“La otra arista es la penal, que tiene que ver con los delitos, que pueden ser lo mismo que ve contraloría, pero con otra consecuencia y que estamos esperando una formalización del exalcalde”.
Al profundizar lo que se investiga al exedil, Jaraquemada precisó que “Se parece al caso sobresueldo, al parecer el exalcalde recortaba de otro lado recursos públicos; y por otro lado se está investigando a las otras organizaciones comunitarias que se crearon, que lo que se hace es crear una ficción legal”.
Por otro lado, también fue consultada sobre el dictamen de Contraloría sobre la nulidad en la compra de la Clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago. “Lo que dice (Contraloría) es que no se explica el sobreprecio y que los informes de los tasadores, explica de forma suficiente este precio, entonces señala que hay sobreprecio y que va contra los deberes de probidad y eficacia, los medios que tienen las entidades públicas”, señaló al respecto.
Finalmente, sostuvo que esta situación “pone a la alcaldesa en una situación compleja y aunque ella lo hubiese querido, no cierra este tema con la desvinculación de las personas que participaron en la compra”, sumado a que la investigación penal responderá la incógnita si es que Irací Hassler incurrió en un error a la hora de la negociación o no sabía”.
*Nota de la Redacción: Este artículo fue modificado posterior a su publicación por contener un error de transcripción. En lugar de hablar de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en el texto original se hablaba erróneamente de la Comisión para el Mercado Financiero)
