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Crédito: Agencia Uno
La negativa de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler a entregar su teléfono hace dos semanas, en el marco de las indagatorias por la objetada compra de la ex Clínica Sierra Bella, había abierto un fuerte debate político. En esa ocasión, la PDI obtuvo la entrega voluntaria de computadores y de otros objetos, aunque la alcaldesa se negó a entregar su teléfono celular.
Luego de que el 18 de abril la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC) rechazó entregar a la PDI su teléfono celular, cuando efectivos de la Brigada Anticorrupción ingresaron a las dependencias de la Municipalidad para incautar elementos tecnológicos, esta mañana la jefa comunal informó que había entregado su teléfono y facilitado el acceso a sus cuentas bancarias.
La negativa de Hassler a entregar su teléfono hace dos semanas, en el marco de las indagatorias por la objetada compra de la ex Clínica Sierra Bella, había abierto un fuerte debate político. En esa ocasión, la PDI obtuvo la entrega voluntaria de computadores y de otros objetos, aunque la alcaldesa se negó a entregar su teléfono celular. De acuerdo con conocedores de la diligencia, Hassler argumentó que no correspondía entregarlo porque se trataba de un equipo personal y no un aparato institucional.
Según informó el diario La Tercera, este martes la alcaldesa aseguró que entregó de forma voluntaria “su teléfono, cuentas bancarias, de ahorro y Rut”.
“He hecho entrega voluntaria de mi teléfono celular y no solo eso, también he hecho entrega voluntaria de las cuentas bancarias, incluyendo en ello mi libreta de ahorro de vivienda, la cuenta Rut”, aseguró la alcaldesa.
Hassler consultada si la entrega de esos elementos fue durante la indagatoria de la municipalidad o posterior a la incautación señaló que: “Han sido entregados estos elementos de manera posterior para ponerlo a disposición de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público”.
No obstante, la alcaldesa Hassler recalcó que ella y el municipio de Santiago van a seguir colaborando con la investigación.
La millonaria adquisición de la ex Clínica Sierra Bella fue objetada tras un lapidario informe de la Contraloría que estableció un “precio injustificado” en la compra y que no se “cauteló el correcto uso de recursos públicos”. La situación tiene hoy a la jefa de la municipalidad en calidad de imputada en la investigación que dirige el fiscal Centro Norte, Patricio Cooper.
