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Créditos: Agencia Uno
Diez años con el mismo grado, contratos anuales para gendarmes, falta de seguros de vida, ausencia al derecho a indemnización por años de servicio y seguro de cesantía, falta de reemplazos para hacer uso de vacaciones, sobrecarga de trabajo administrativo, discriminación y aumento del peligro en sus funciones carcelarias. Esa es parte de la lista de precariedades laborales que describió, en un comunicado, un grupo de gendarmes y funcionarios de las cárceles
Diez años con el mismo grado, contratos anuales para gendarmes, falta de seguros de vida, ausencia al derecho a indemnización por años de servicio y seguro de cesantía, falta de reemplazos para hacer uso de vacaciones, sobrecarga de trabajo administrativo, discriminación y aumento del peligro en sus funciones carcelarias.
Esa es parte de la lista de precariedades laborales que describió, en un comunicado, un grupo de gendarmes y funcionarios de las cárceles de Santiago Sur, Santiago Sur 2, Santiago Occidente, Santiago Norte, del Centro de Libertad Vigilada y del Área de Prestación de servicios en beneficio de la comunidad (PBSC).
“Frente al escenario de violencia y delincuencia que estamos viviendo en nuestro país, como profesionales, administrativos y técnicos no uniformados de unidades penales de Gendarmería de Chile, que ejecutamos condenas en libertad orientadas a la reinserción social queremos manifestar, en un acto de responsabilidad social y ético, nuestra preocupación por el aumento de hechos de delincuencia, violencia e inseguridad”, señala el texto de los funcionarios.
Según explican, en tres páginas, el riesgo de trabajar con reclusos se “agudiza con el incremento exponencial de la población penal, de una mayor peligrosidad” para el control, contención, e intervención, debido a un perfil más violento, “considerando el creciente uso de armas de fuego”.
El documento de los gendarmes se produce luego de que el pasado domingo 7 de mayo, comuneros mapuche del módulo F (de 17 internos) del Centro de Detención Preventiva de Angol, en La Araucanía, tomaron como rehenes, durante 80 minutos, a un oficial y dos suboficiales de Gendarmería, a modo de protesta por suspender las visitas, pese a que es una medida habitual.
El comunicado agrega que “una población penitenciaria con necesidades de intervención intensivas en un escenario social que advierte una mayor ocurrencia de conductas antisociales en nuestro país”.
“(…) los informes revisados muestran que del presupuesto institucional, solo se destina una cifra cercana al 13% para reinserción social. La crisis delictual y de seguridad no se podrá resolver solamente con mayor dotación policial o más cárceles, sino que potenciando la reinserción social, ya que esta estrategia ha demostrado tener mejores resultados para abordar la problemática de la delincuencia, según cifras de reincidencia delictual aportadas por el Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana (CESC)”, señala el texto.
