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Gobierno critica propuesta de Partido Demócratas por entorpecer discusión de ley corta de isapres PAÍS

Gobierno critica propuesta de Partido Demócratas por entorpecer discusión de ley corta de isapres

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En el Ejecutivo están molestos –indignados, dicen algunos– por la aparición el lunes de la moción de reforma constitucional impulsada por la senadora Ximena Rincón en diciembre pasado, porque consideran que es una “elusión de aplicación del fallo de la Corte Suprema”. Les parece inapropiado reflotar esta propuesta después que la Asociación de Isapres calificara como “un engaño”, que “denota indolencia”, a la ley corta que se encuentra en discusión en la Comisión de Salud del Senado. Desde el Minsal califican de inadecuado estar presentando este proyecto en un escenario donde las aseguradoras aún no proponen soluciones al problema. “Las isapres todavía no dicen cómo van a cumplir el fallo”, señalan. El martes salió el Gobierno en pleno a criticar la moción de la senadora Rincón, que también firmaron los senadores Francisco Chahuán, Javier Macaya, Matías Walker y Rodrigo Galilea. El propio Presidente Gabriel Boric inició la jornada criticando la propuesta y le siguieron la ministra vocera, Camila Vallejo; el titular de Justicia, Luis Cordero; la ministra de Salud, Ximena Aguilera; y el superintendente de Salud, Víctor Torres.


Desde hace semanas, la discusión era cómo la ley corta de isapres propuesta por La Moneda iba a garantizar el cumplimiento del fallo emitido por la Tercera Sala de la Corte Suprema y, al mismo tiempo, asegurar la supervivencia de las aseguradoras privadas. Después de que el proyecto ingresó al Congreso, el Ejecutivo desplegó a varios de sus ministros para respaldar la iniciativa, que podría beneficiar al oficialismo si se logra solucionar el complejo tema de estas instituciones de salud privada. La sorpresa ocurrió el lunes de esta semana en la Comisión de Constitución del Senado, que aprobó una propuesta alternativa presentada por senadores del Partido Demócratas, la que logró incomodar al Gobierno. En respuesta, el oficialismo salió en pleno a defender su iniciativa y criticó duramente la moción opositora.

Las respuestas comenzaron el martes temprano en el encuentro de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), donde el Presidente Gabriel Boric expresó su crítica hacia el mencionado proyecto, señalando que “evade el cumplimiento de un fallo emitido por un poder independiente”. La iniciativa de reforma constitucional fue idea de la senadora Ximena Rincón, la que igualmente suscribió su compañero del Partido Demócratas, Matías Walker, y a la que luego también adhirió Chile Vamos.

Con posterioridad a las palabras del Mandatario apareció el ministro de Justicia, Luis Cordero, en una vocería conjunta con la ministra Camila Vallejo y que se transmitió por YouTube desde el despacho de la vocera de Gobierno. El principal asunto de este video que circuló en redes sociales fue el de las isapres y la propuesta de reforma constitucional de la oposición. Cordero fue claro: “Con la apariencia de cumplir el fallo, finalmente lo que hace la propuesta es compensar por otra vía, lo que en rigor anula las consecuencias de la sentencia”.

Además, el secretario de Estado añadió que la propuesta “no parece razonable”, ya que “permitiría que un poder del Estado (el Legislativo) anule los efectos de una decisión de otro poder del Estado (el Judicial), que no solo es independiente, sino que desde los inicios de la República siempre ha tenido la palabra definitiva”.

La ministra vocera, en la misma instancia, dijo: “Esperemos que en la Sala del Senado no sea aprobado, porque además requiere un quórum alto de aprobación (4/7)”. Un día antes, Vallejo se refirió a la misma propuesta de manera más dura: “Un parlamentario dijo que el proyecto no flotaba. La pregunta es qué es lo que le flota al parlamentario. ¿Un perdonazo? ¿Un salvataje? ¿O qué?”. En el Gobierno sostienen que el proyecto de reforma constitucional es muy parecido a las propuestas que hizo en diciembre la Asociación de Isapres.

Propuesta de Rincón

A pesar de sus duras críticas, voces que impulsaron la propuesta aseguran que es muy poco probable que la iniciativa logre el quórum necesario para ser aprobada, dado que no cuenta en el Senado con los votos requeridos. Sin embargo, el objetivo que estaría detrás es que algunos elementos de la propuesta puedan fusionarse con la ley corta del Ejecutivo.

La propuesta de reforma constitucional no es nueva. El 22 de diciembre de 2022, poco después del fallo de la Corte Suprema, Ximena Rincón, junto a Matías Walker, los RN Francisco Chahuán y Rodrigo Galilea, y el presidente de la UDI, Javier Macaya, presentaron el proyecto que buscaba hacerse cargo de la crisis de las isapres.

“El proyecto de reforma constitucional se presentó en 2022, no es alternativo”, planteó la ideóloga principal de la propuesta, Ximena Rincón. Fuentes al interior de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado comentan que este proyecto no se conocía, porque no se había discutido en la instancia. Ahora, esas mismas fuentes revelan que la iniciativa se puso en tabla a modo de repuesta al Gobierno, dado que la presidenta de la comisión, Luz Ebensperger (UDI), había invitado a la ministra Ximena Aguilera a hablar sobre el tema de las isapres en dos oportunidades y no asistió. Recién el lunes se presentó la titular del Minsal y ya estaba decidido discutir el proyecto de reforma constitucional. En la cartera de Salud señalan que la ministra Aguilera no asistió previamente a la Comisión de Constitución porque estaba discutiendo la ley corta en la Comisión de Salud y no le parecía estar abordando la discusión de un mismo tema en dos comisiones simultáneamente.

Respecto a la tabla de factores, la propuesta de la senadora Rincón y compañía dice lo siguiente: “Las Instituciones de Salud Previsional sólo podrán utilizar la tabla de factores de riesgos para fijación de precios establecida por la Superintendencia de Salud mediante Circular IF/N°343, de 11 de diciembre de 2019. Las nuevas cargas sólo podrán modificar el precio final del contrato a partir de los 2 años de edad”.

Sobre el recálculo de los precios de los contratos, propone que las isapres “deberán recalcular el precio base de cada plan de salud con contratos vigentes y suscritos con anterioridad a abril del año 2020; de manera tal que el precio final que arroje por cada contrato de salud se asemeje lo más posible al precio que cada cotizante estaba pagando a la fecha en que dicha sentencia de la Corte Suprema quedó a firme”. Este nuevo precio no puede ser superior a aquel que se indicaba en tal fecha.

Por último, sobre los excedentes de los pagos, señala que “la Superintendencia deberá fijar un procedimiento de devolución de aquellos excedentes que se hubieren generado, aplicando las prescripciones que sean del caso. La aplicación retroactiva de la Tabla establecida por la Superintendencia de Salud en el proceso de recálculo generará devoluciones a partir de la fecha en que la indicada Sentencia de la Corte Suprema quedó a firme”.

En definitiva, se busca permitir que las isapres aumenten el precio base de los planes en aquellos casos en los que la aplicación de la nueva tabla de factores bajaría los precios, dejando en cero el efecto de la sentencia de la Corte Suprema. Ahora bien, el aumento no podría resultar en un precio final mayor al que el cotizante pagaba antes del fallo.

Desde el Gobierno señalan que, de aplicarse esto, se les permitiría a las isapres subir el precio base de sus planes para que los cotizantes sigan pagando el mismo valor que están abonando actualmente y, con eso, las aseguradoras no se vean mermadas en sus ingresos y se dote de estabilidad a dicho sistema de salud.

“Lo que estamos diciendo es que no se provoque un colapso en el sistema, porque, si aquí no hay prestaciones, si aquí no existe devolución porque quiebran las industrias, lo que hay es un perjuicio para las personas, no solo para los tres millones y algo de isapres, sino para todos los que están en el sistema público”, aseguró la senadora Rincón en el Congreso.

El senador Juan Luis Castro (PS), quien es presidente de la Comisión de Salud en la Cámara Alta, advierte que el principal problema de esta moción es que quiere cambiar “todas las reglas del juego desde la Constitución para que el fallo de la Suprema, que establece que a 700 mil personas se les aplicó incorrectamente la tabla de factores en 2020, y que deben recibir grandes sumas de dinero y reducirles los precios de los planes, quede en letra muerta una vez aprobada esta ley”.

Fuentes dentro de La Moneda explican que este proyecto permite el aumento del precio base y, por lo tanto, busca anular la decisión del máximo tribunal del país, porque no habría devoluciones y el cobro indebido sería financiado por los propios afiliados.

El senador Castro agrega: “Quiero ser enfático y claro, esta modificación, que yo no comparto y que puede que tenga una mayoría relativa en esta comisión para aprobarse en general solamente, va en contra del principio de la ley”. Por último, pide “poner la pelota en el suelo, cumplir el fallo de la Suprema, hacer que las isapres sean viables, pero al mismo tiempo no interrumpir la atención de las personas”. Además, puntualiza lo siguiente: “Aquellos que quieran desoír el fallo de la Suprema, mejor que lo digan”.

La voz de los exministros

El exministro de Salud de Sebastián Piñera II, Jaime Mañalich, cree que es muy improbable que la reforma constitucional que presentó la oposición logre ver la luz, debido al alto quórum que necesita para ser aprobada. Además, agrega que “genera un ruido político muy importante que está haciendo que la agenda en la cual deberíamos estar preocupados, de los enfermos, esté completamente consumida por esta iniciativa”.

Sin embargo, es crítico con respecto al proyecto de ley corta en el sentido de que, si bien cumple con el fallo de la Corte Suprema, “a menos que se les dé un plazo a las aseguradoras, no podrán cumplir de ninguna manera y podrían quebrar si tienen que pagar en un período relativamente corto”. En ese contexto, precisa que “es necesaria una indicación en la ley corta que determine que los excedentes no se puedan retirar como dinero en efectivo, sino que se puedan seguir utilizando durante un período determinado, que estimo que sean siete años, en una cuenta corriente, en UF y con intereses, que sean de los cotizantes y que solo puedan utilizarse para prestaciones de salud”.

El exministro sucesor de Mañalich y presidente del IPSUSS de la Universidad San Sebastián, Enrique Paris, advierte que el proyecto de ley corta provoca que “se les disminuyan los ingresos a las isapres, porque se produce un cambio en el precio base, eso hace que las isapres dejen de recibir aproximadamente 35 mil millones mensuales. Además, deben 500 mil millones a las clínicas” y, asimismo, deben devolver los cobros que dictaminó el fallo.

En ese contexto, Paris señala que, si el proyecto se mantiene tal y como está, “las empresas desgraciadamente no van a poder pagar, porque no van a tener ingresos suficientes”. Además, agrega que las declaraciones del Ejecutivo no apuntan a una solución y entorpecen el diálogo. Para el extitular del Minsal, una posible solución es “hacer un acuerdo entre los dos proyectos, o estudiar los dos proyectos y sacar uno solo”. Paris considera que el foco debe ponerse en el Congreso: “Para eso está el Parlamento”, dice.

Además, hace referencia a lo postulado por el abogado Pedro Barría en una carta al director en El Mercurio, en la que hace referencia a que el fallo de la Corte Suprema no corresponde, dado que se estaría practicando activismo judicial. En tal sentido, Paris afirma que “yo encuentro que tiene toda la razón”.

Para la exministra de Michelle Bachelet II y actual diputada del PPD, Helia Molina, el asunto es al revés. Cree que la propuesta hecha por los senadores opositores “es inadmisible, porque de alguna manera interfiere en un fallo de un poder del Estado que es distinto al nuestro. Busca, por otro camino, neutralizar el fallo de la Suprema”, afirma.

Molina no cree que la ley corta esté haciendo algún esfuerzo para hacer caer a las isapres: “Nadie está pensando en destruirlas, el Gobierno lo que hace es cumplir un fallo y esta ley no es restrictiva, sino que establece plazos y prioridades que pueden ser distintos”.

La exministra, aparte de tener diferencias de admisibilidad con la propuesta de la oposición, tiene una de fondo: “No se les pueden traspasar los problemas de las isapres a los usuarios”. La exministra de Salud indica que “mediante un cambio constitucional, subo los planes basales lo suficiente para que se alcance a pagar lo que no se pagó antes. Con esa diferencia se paga lo que se les debe a los usuarios. En el fondo, se les carga la mano a ellos”, subraya.

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