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Créditos: Agencia Uno
Una tarea difícil pero no imposible, señalan especialistas a partir de las recientes declaraciones de Renato Sepúlveda, las que apuntan a que los dineros que circulaban en sobres por los pasillos de la alcaldía de Vitacura, durante la administración de Raúl Torrealba, eran destinados al financiamiento ilegal de campañas políticas, lo que podría estar prescrito y, por ende, reducir la abultada mochila de cargos contra el exalcalde. Según los últimos datos publicados por diversos medios, el desvío de dinero desde la municipalidad hacia las campañas de Chile Vamos ocurrió en 2017, lo que implica que dichos delitos prescribirían este año. Sin embargo, también se advierte que será una difícil hazaña para los abogados de Torrealba lograr que todos los eventos queden prescritos, debido a la magnitud del problema y la multiplicidad de acusaciones en el caso.
La semana pasada, el caso de corrupción que involucra al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, pareció dar un giro con las declaraciones del histórico RN y estrecho colaborador de Torrealba en el municipio del sector oriente, Renato Sepúlveda. Este señaló que los sobres millonarios de dinero en efectivo eran recursos utilizados para financiar campañas políticas. En círculos de abogados, las declaraciones han sido interpretadas como una buena estrategia judicial para buscar la prescripción de algunos de los delitos. Sin embargo, también puntualizan que, debido a la cantidad de pruebas y aristas del caso, aquella no será una tarea sencilla para la defensa del exjefe comunal.
Voces que han investigado delitos tributarios vinculados a políticos creen que el hecho de que Sepúlveda haya revelado que existió financiamiento a campañas políticas podría ser una estrategia para que el caso prescriba y, así, eludir o esquivar responsabilidades. El exfiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, explica que “los delitos establecidos en la Ley Electoral (de financiamiento ilegal de campañas, por ejemplo) tienen una prescripción de 5 años y, por lo tanto, del 2017 al 2023 ese plazo podría estar cumplido”. En cambio, el delito de fraude al fisco, que implica a Torrealba, prescribe en un plazo de 10 años. Por lo tanto, Sepúlveda, al abrir con sus declaraciones dicha línea de investigación, podría estar ayudando a reducir el período de investigación de la causa.
Gajardo aclara que “el plazo de la prescripción se interrumpe cuando se cometen nuevos delitos en el tiempo intermedio, por ejemplo, delitos de fraude al fisco, y en ese caso, entonces, la prescripción no opera”. Además añade como elemento clave que “en cualquier caso, para investigar delitos de financiamiento electoral, es necesario que el Servel presente la respectiva denuncia al Ministerio Público”, cosa que hasta ahora no ha ocurrido.
Renato Sepúlveda, uno de los fundadores de Renovación Nacional (RN) y exembajador en El Salvador durante los dos gobiernos de Sebastián Piñera, apareció con esta tesis del caso Torrealba después que La Tercera publicara sus declaraciones en calidad de imputado. El 3 de mayo, el Ministerio Público informó que formalizaría al exalcalde Raúl Torrealba junto a otros cuatro imputados. El 11 del mismo mes, alrededor de las 10:30 horas, Sepúlveda le dijo al fiscal Francisco Jacir que parte de los fondos investigados en Vitacura fueron destinados a campañas electorales de Chile Vamos en 2017.
Sepúlveda conoció a Torrealba en el año 1966 en el Country Club, cuando ambos jugaban rugby y donde el exalcalde de Vitacura fue bautizado como “Tronco”. Ambos fueron parte de la fundación de RN, partido al cual renunciaron recientemente. En 2008, Torrealba estaba a la cabeza de la Municipalidad de Vitacura y le pidió a Sepúlveda que se desempeñara como director de Desarrollo Comunitario, cargo clave en la investigación que actualmente se está llevando a cabo, ya que tendría relación directa con las corporaciones “Vita”, los organismos que habrían servido para el desvío de fondos municipales.
Mantuvo el cargo hasta 2010, ya que ese año trabajó en la campaña electoral del ex Presidente Sebastián Piñera y al siguiente fue enviado como embajador en El Salvador. Sepúlveda conocía muy bien al ex Mandatario, dado que fue secretario general del partido cuando Piñera era el timonel del mismo. Cuando Michelle Bachelet volvió a La Moneda en 2014, Sepúlveda regresó a su puesto como director de Desarrollo Comunitario de Vitacura hasta 2018.
El histórico RN reveló al fiscal Jacir que durante esa época hubo elecciones presidenciales, parlamentarias y senatoriales, y que esas campañas se habrían financiado con dinero municipal. Consultado específicamente sobre cuál de esas campañas se financió con los gastos investigados, Renato Sepúlveda señaló: “No lo recuerdo, pero sí fue de alguien de Chile Vamos”, según consignó La Tercera. Además, agregó que “debe haber sido algún candidato a diputado o senador, descarto al expresidente (Sebastián) Piñera, pues para su campaña intervine en temas de votos en el exterior”.
Otros colaboradores de Torrealba en la municipalidad fueron más claros respecto al destino de los dineros. Ciper reveló la declaración de Domingo Prieto, exencargado de los programas Vita y quien destapó el caso, que vinculó al exdiputado y sobrino del exalcalde, Sebastián Torrealba, con los fondos desviados de la Municipalidad de Vitacura. Prieto declaró lo siguiente: “Cada mes, Renato Sepúlveda, cuando me encontraba con él en la municipalidad, me recordaba la suma de dinero que debía hacerle llegar en efectivo a él, para el sobrino del alcalde. Yo lo que hacía entonces era consultarle a alguno de los contadores, habitualmente César Silva, pero podía ser Arnaldo Cañas, si teníamos dinero en la cuenta. Me respondían que sí, por lo que se instruía que giraran un cheque, el que yo firmaba y luego uno de ellos lo cobraba por caja. Ese dinero en efectivo se metía en un sobre y alguno de ellos lo iba a entregar a la municipalidad directamente a Renato Sepúlveda”.
El sobrino del exalcalde, el exdiputado Sebastián Torrealba, negó haber recibido plata del municipio para su campaña. El 20 de mayo pasado, le dijo a Ciper: “Nunca he recibido recursos ilegales o irregulares para mis campañas políticas. Durante los 20 años en que me he dedicado a lo público, lo he hecho de manera responsable y honesta. Es por eso que en marzo y en abril le he solicitado al fiscal de la causa que me cite a declarar de manera voluntaria, para entregarle todos los antecedentes que despejen mi nombre de esta investigación”.
Si el caso Torrealba se convierte únicamente en una investigación de financiamiento irregular de la política, la causa podría prescribir. Sin embargo, es complejo que exalcalde de Vitacura logre que todos sus delitos prescriban, dado que también enfrentará cargos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos, los que se sustentan en que hubo recursos que fueron directamente a abultar sus arcas personales.
Según la querella presentada por la actual alcaldesa, Camila Merino (Evópoli), el primer monto estimado del fraude a la municipalidad asciende a $527 millones desde 2010 hasta 2020. Se presume que, de esa suma, además de destinarse a campañas políticas, hubo dinero que fue a pagos de empleados de Torrealba o a un posible enriquecimiento personal del exalcalde.
Ulises Quintana, quien fue chofer del “Tronco”, reveló que le ordenaban hacer depósitos en efectivo en diferentes cuentas que tenía su jefe: en BCI, Santander, Scotiabank, Itaú-Corpbanca y en Banco de Chile. Según declaraciones de los involucrados en la causa, entre los gastos que realizó Torrealba figuraban varios pagos a sus empleados particulares.
Debido a lo expuesto, resulta difícil que todo el caso prescriba bajo el argumento de que los dineros fueron al financiamiento irregular de campañas políticas. Además, con la presentación de la querella por parte de la alcaldesa Merino ante el Ministerio Público, se advierte que los hechos aludidos constituyen un “fraude al fisco”, delito que tiene prescripción en un lapso de 10 años. En tal sentido, el documento interpuesto se enfoca claramente en la responsabilidad de Torrealba en toda la operación, estableciendo que “existe una organización ilícita que excede con creces el simple acuerdo de voluntades para cometer crímenes y/o simples delitos. Se trata de una estructura conformada para colocar en práctica el esquema de corrupción ideado por los querellados, la que contaba con un solo jefe, el exalcalde Raúl Torrealba del Pedregal, a quien todos los demás querellados debían subordinación y dependencia, y cuyas órdenes se cumplían sin cuestionamientos”.
