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Crédito: Agencia Uno
El proyecto sostiene que “ad portas de cumplirse 50 años del golpe militar, legislar acerca del negacionismo se erige como un imperativo ético y jurídicamente correcto, pues significa avanzar en el compromiso irrestricto del respeto a la noción de la condición y dignidad humana”.
Un grupo de diputados oficialistas presentó un proyecto de ley que tipifica y sanciona el negacionismo de violaciones a los derechos humanos incluso con penas de hasta 61 días de prisión.
En concreto, la iniciativa fue presentada por los diputados Luis Cuello (PC), Tomás Hirsch (PH), Jaime Naranjo (PS), Carmen Hertz (PC), Helia Molina (PPD), Lorena Pizarro (PC), Emilia Nuyado (PS), Emilia Nuyado (PS) y la independiente de la bancada del Frente Amplio, Mercedes Bulnes.
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Según consigna Radio Bío Bío, el proyecto apunta a tipificar la conducta respecto de quien apruebe, justifique o niegue los crímenes cometidos bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Para ello, buscan modificar el Libro Segundo del Código Penal, llamado “Crímenes y simples delitos y sus penas”, al Titulo Tercero “De los crímenes y simples delitos que afectan los derechos garantidos por la Constitución”, un nuevo párrafo: “De la justificación, aprobación o negación de violaciones de derechos humanos”.
En dicho nuevo párrafo, se incorpora el tipo de negacionismo en un nuevo Artículo 161 D, que tipifica la conducta respecto de quien apruebe, justifique o niegue los crímenes consignados en los informes de las cuatro comisiones estatales que registraron violaciones a los DD.HH. en la dictadura, sostiene el documento.
Estas comisiones a las que se hace mención son: la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación; la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación; Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura; y la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura.
El proyecto indica que “para que se configure la responsabilidad penal que el tipo propone en el proyecto, es necesario que se produzca un determinado resultado fáctico, consistente en una perturbación del orden público, un impedimento del legítimo ejercicio de un derecho por parte de un tercero”. Así, se propone un castigo de pena de prisión en su grado medio a máximo (41 hasta 60 días) y una multa de 20 a 40 UTM ($1.200.000-$2.500.000). En caso de que el infractor sea un funcionario público en ejercicio, se solicita agravar la pena.
“En el caso de que la conducta tipificada sea desplegada por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de su cargo, el proyecto contempla una agravación de la pena, circunstancia que se fundamenta en la infracción al principio de igualdad y al deber de objetividad que les es imperativo”, establece la medida.
A ello, apunta que “ad portas de cumplirse 50 años del golpe militar, legislar acerca del negacionismo se erige como un imperativo ética y jurídicamente correcto, pues significa avanzar en el compromiso irrestricto del respeto a la noción de la condición y dignidad humana”. Así, buscan “contribuir a la obligación de prevención y garantías de no repetición, que pesan sobre el Estado de Chile; perseverar en la construcción de una memoria colectiva y honrar el pacto social del Nunca Más y frenar la impunidad”.
