PAÍS
Poner la salud mental en un lugar preferente fue una promesa de campaña del Presidente Boric. Un año después y ad portas de la segunda Cuenta Pública, ¿cuánto ha avanzado ese compromiso? En Chile la salud mental aún no es una política de Estado, más bien sigue siendo el “pariente pobre”, lo que afecta directamente las estrategias –que van “ajustándose” al ideario de cada administración– y, con ello, a miles de personas. Y si bien se ha avanzado desde el primer Plan (1993), prácticamente nada de esas iniciativas se ha evaluado ni medido en estas tres décadas. Así, es imposible comprobar qué acción sirvió, cuál fue un fracaso y qué hay que mejorar. Por eso, muchos de los profesionales del sector tienen expectativas de que este 1 de junio uno de los anuncios presidenciales sea la Ley de Salud Mental, normativa que podría traer orden y encauzar un área imprescindible para la vida de toda la población.
“Nunca más las personas estarán solas para enfrentar sus necesidades en salud mental”, decía hace dos años el candidato Gabriel Boric. La bajada de ese compromiso es el programa Construyendo Salud Mental del Ministerio de Salud (Minsal), donde se establecieron 5 estrategias: fortalecer el liderazgo y la gobernanza; mejorar la provisión de servicios; promoción de la salud mental y prevención del suicidio; fortalecer la salud mental en contextos de emergencias; y fortalecer los datos, evidencia y la investigación. ¿Cómo se han desarrollado y en qué están estos 5 ejes? Difícil responder esta pregunta. Incluso en el Minsal no encontramos respuestas. Tampoco las hay sobre los planes, estrategias y campañas anteriores.
En la Cuenta Pública del Ministerio de Salud –realizada en la comuna de Alhué–, tampoco se entregó mayor información. La ministra de la cartera, Ximena Aguilera, dedicó el siguiente párrafo al tema: “El plan estratégico Construyendo Salud Mental prioriza a los grupos que requieren especial atención como los niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos que residen en instituciones bajo cuidado del Estado; las personas mayores, con iniciativas que mejoren la oferta asistencial, en particular para aquellas que viven con demencia y para sus cuidadores (se retomó en Plan Nacional de Demencia elaborado en el segundo mandato de Michelle Bachelet) y los trabajadores de la salud”.
Al parecer, en Chile la salud mental sigue siendo el “pariente pobre”, invisibilizada y poco importante en cuanto a las políticas del ámbito de la salud. De hecho, mantiene uno de los más bajos presupuestos (2,4% del total destinado a salud). Ya en la década del 2000 la OMS recomendó al país llegar al 6%. Hoy estamos por debajo de vecinos como Uruguay, Perú, Brasil, y con brechas inalcanzables respecto de países de la OCDE que destinan porcentajes superiores al 10%.
Por ello, los profesionales de la salud mental consultados coinciden en valorar y consideran un logro que se hable abiertamente del tema y se explicite como prioridad, pero para unos falta comunicar mejor lo que se está haciendo y, para otros, la bajada de esa intención no se ha llevado todavía a la práctica.
“No hay un esfuerzo o planes sistemáticos de mejoramiento de la salud mental, tampoco infraestructura, ni capacitación en su aplicación. Eso no quita que exista una serie de iniciativas, acotadas a ciertos territorios, que buscan solucionar problemas puntuales, como la campaña ‘Quédate’, que se hizo con la Intendencia de Santiago para disminuir la suicidabilidad hace unos años, y otras campañas en el sur para atenuar el impacto social de los medios de comunicación en los suicidios. Por ejemplo, ahora estamos lanzando un programa de capacitación con la Universidad de Chile de atención en demencia y cuidadores, pero son iniciativas que no vienen desde el Gobierno Central. Cada centro, cada servicio de salud o municipio responde a las necesidades de salud mental de manera distinta, lo que no está mal, pero genera una diferencia, es lo que se llama ‘la lotería del código postal’: si alguien vive una esquina más allá, le toca una salud mental diferente del que vive más acá. Y eso no es correcto. La forma de evitarlo es haciendo una homogeneización de los criterios que venga desde arriba, desde el Gobierno”, sostiene el psiquiatra del Centro de Memoria y Neuropsiquiatría de la Universidad de Chile y del Hospital del Salvador, Tomás León Rodríguez.
Y advierte que no pasa por un tema de presupuesto solamente.
“Dejan la iniciativa de atender la salud mental a cada estamento y, con eso, se generan muchas diferencias. Esto se une a que no ha habido un cambio en infraestructura por años. En la Región Metropolitana seguimos con solo dos urgencias psiquiátricas, las mismas de hace 10 años. De hecho, no está contemplado que los nuevos hospitales tengan urgencia con un siquiatra de turno. Los pacientes psiquiátricos que llegan a una urgencia general, son estabilizados y derivados a las mismas dos urgencias de siempre, que no dan abasto. Ahí está parte de la pega que hay que hacer y no se hace”, precisa.
El Plan AUGE/GES cubre 85 patologías de salud, de las cuales solo cinco (5,9%) corresponden a males neuropsiquiátricos: depresión, esquizofrenia, consumo de sustancias, Trastorno Afectivo Bipolar y demencias.
“Se agradece todo lo avanzado, sin embargo, cuando entró la demencia al GES en 2019, vino acompañada de una canasta de fármacos, pero no traía las instrucciones de cómo administrarlos, ninguna orientación técnica –se supone que las instrucciones salen este mes, pero aún no se ha realizado la capacitación–, y tampoco vino acompañada de los equipos que deben aplicar el nuevo GES. Por eso, en la Universidad de Chile lanzamos este plan online de capacitación a nivel nacional. Este Gobierno aumentó la visibilidad del tema, pero no lo acompaña de una mayor capacidad de respuesta de los sistemas de salud. Porque se dice: la salud mental es muy importante, vaya a su consultorio si está deprimido(a). Y un montón de gente va, pero los consultorios siguen teniendo los mismos recursos para atender, no hay un cambio significativo. La capacidad de respuesta es muy baja, a pesar de que ahora se habla y se normaliza la salud mental”, señala el psiquiatra.
Los problemas y trastornos mentales constituyen en Chile la principal fuente de carga de enfermedad. Y son una de las principales causas de licencia laboral. Según el último Estudio de Carga de Enfermedad y Carga Atribuible realizado en nuestro país, un 23,2% de los años de vida perdidos por discapacidad o muerte (AVISA) están determinados por las condiciones neuropsiquiátricas. Para los niños y niñas de entre 1 y 9 años, un 30,3% de los AVISA se deben a estas condiciones, proporción que se incrementa a un 38,3% entre los 10 y 19 años.
En las mujeres, los trastornos depresivos unipolares y los trastornos ansiosos se encuentran entre las primeras cinco causas de AVISA. En los hombres, los trastornos por consumo de alcohol juegan un rol preponderante, junto a los accidentes y violencia externa. Por otra parte, las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar tienen casi el doble de probabilidades de presentar trastorno depresivo unipolar o trastornos por consumo de alcohol, en comparación con las mujeres no víctimas de violencia.
En Chile, los adultos tienen 14 veces más posibilidades de acceder a la atención especializada en salud mental que los niños y adolescentes, lo que además invisibiliza la problemática en este tramo. Es importante mencionar que nuestro país cuenta con uno de los peores índices de salud mental en niños y niñas menores de 6 años. Todos son datos obtenidos del Plan Nacional de Salud Mental (2017-2025).
En 30 años, el país ha tenido tres planes nacionales: uno en 1993, otro el 2000 y el último de 2017. Ninguno tiene un seguimiento y/o evaluación de cumplimiento de metas, salvo algún informe realizado por la Dirección de Presupuestos (Dipres).
“Los planes no tienen carácter mandatorio, ni siquiera tienen presupuesto, son orientativos, líneas de desarrollo escritas desde los técnicos. Si no hay presupuestos comprometidos, la autoridad de turno toma lo que quiere y da énfasis a lo que le interesa más”, sostiene una fuente del Minsal, tratando de explicar la falta de informes y cifras sobre los programas que han existido.
Si bien el Plan Nacional de Salud Mental 2017-2025 está muy bien formulado, con diagnósticos, etapas de ejecución específicas, metas detalladas, hasta ahora no hay un documento de evaluación de los seis años que lleva en marcha. Es verdad que con la pandemia cambiaron muchas variables, pero pareciera no existir una política de evaluación de los planes en el Estado chileno, lo que no solo pasa en salud mental, pues ocurre también en seguridad, en educación, etc. “Pocas cosas se toman o declaran como políticas públicas, por ello, cambia el Gobierno y muchos planes se archivan, se toma una parte solamente o simplemente se cambian”, plantea una fuente.
A lo anterior se suma que hay pocas cifras disponibles, lo que torna difícil realizar seguimientos acabados. El último estudio completo es de 2014: “Informe del Observatorio de Derechos Humanos de las personas con discapacidad mental”, uno de los pocos que entregan una visión de lo existente –por ejemplo, en infraestructura– y lo que falta por hacer.
“Es parte de lo que hemos tenido que desentramar como Consejo Asesor, porque efectivamente en Chile una de nuestras principales falencias es que la salud mental no es una política pública de Estado. Una de las principales dificultades que enfrentamos en salud mental, es la ausencia de esa hoja de ruta del Estado. Se generan planes, programas, estrategias que muchas veces son recogidas por los distintos mandatarios, pero otras no son consideradas. Eso debilita de manera importante los avances que se pueden generar. Podríamos tener una Ley de Salud Mental (la mayoría de los países la tienen), como existe la Ley de Inclusión Laboral o la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes. Eso permitiría que todos los lineamientos, financiamientos, programas, proyectos siguieran sin importar la administración de turno. Eso nos beneficiaría a todos”, subraya la integrante del primer Consejo Asesor de Salud Mental del Ministerio de Salud, María Isabel Robles, y directora Técnica Nacional de Apoyo, Cuidado y Desarrollo de la Autonomía del Hogar de Cristo.
De hecho, uno de los compromisos del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, al asumir, fue poner la salud mental como prioridad. En el capítulo 2 de su programa, habla del sistema universal de salud, el punto 10 se refiere a la salud mental como prioridad, ahí se plantea una ley de salud mental integral. “Se trata de proponer una legislación y potenciar el modelo comunitario, que es muy importante respecto a cómo se aborda la salud mental y que garantice el financiamiento, porque hoy día, no habiendo una ley que garantice un piso de presupuesto o que permita generar una definición de progresividad al respecto, cada Gobierno decide cuánto aumenta o quita del Presupuesto Nacional de salud para salud mental. O sea, no hay financiamiento definido por norma”, explica Robles.
Añade que como Consejo están trabajando para contar con información y poder determinar cuál es el estado de avance del Plan Nacional de Salud Mental respecto a aquellos aspectos que corresponde haber tenido listos en 2020, 2021, 2022. “Porque el plan tiene metas muy, muy concretas. Pero no existe una sistematización respecto de su evaluación. Es algo que queremos impulsar como Consejo. Aunque vamos a estar dos años, es probable que no alcancemos a generar una evaluación más concreta, pero por lo menos avanzar, porque en general nos cuesta evaluar. Hay mucha información segmentada que está en distintas bases de datos. Lo mismo, por ejemplo, con los presupuestos destinados a salud mental que están disgregados: una parte en la atención primaria, otra en centros especializados para salud mental, otro para tratamientos de enfermedades crónicas, consumo problemático de sustancias, etc. Entonces, cuesta llegar a esa data que permita efectivamente decir: ‘Hemos avanzado de esta manera y esto es lo que nos falta’. Y, claro, después, como no hay estado de avance, se rediseña y replantea otro programa y se cae en la trampa de la no continuidad, y ahí quedan en el camino buenas instalaciones”.
Robles destaca que el Gobierno comprometió en el Presupuesto 2023 un aumento de 14 mil millones de pesos para crear centros de salud mental con foco en las atenciones ambulatorias, reforzar el tema de las estrategias residenciales, principalmente dirigido a infanto-adolescentes. “Es un dolor importante que tenemos como país, pensando en aquellas niñas, niños y adolescentes que viven institucionalizados. Vamos a ver –a fin de año– cómo va eso en términos de cumplimiento”, dice.
Por estos días señalan que en el Minsal se trabaja intensamente en el Presupuesto 2024 de salud mental. Hay quienes vislumbran la posibilidad de que la Ley de Salud Mental esté entre los anuncios de la Cuenta Pública presidencial, este 1 de junio. “Hay comisiones, participación y una formulación presupuestaria importante. Si no es ahora, será este año”, puntualiza una fuente.
Sin embargo, esta legislación no es la bala de plata para todos.
“Entiendo que una ley asegurará el presupuesto y aumentará la capacidad, pero lo que hay que hacer es mejorar todo el sistema de salud, tratar de dar respuesta a todas las patologías. De los cinco ejes que plantea el programa Construyendo Salud Mental, se han hecho varias cosas, pero no de manera sistematizada. No es uniforme el desarrollo. La Cuenta Pública debería mencionar algunas iniciativas que vayan hacia toda la población. Falta mucho en armonizar, implementar y evaluar, pero no puedo negar que es mejor que ahora se hable y destaque la salud mental. Antes, era parte de salud en general”, señala el psiquiatra Tomás León.
