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Crédito: Agencia Uno
El máximo tribunal del país indicó que “es posible afirmar la gravedad de la potencial afectación de la vida e integridad física que causaría la divulgación de la identidad mantenida en reserva hasta ahora”.
“Es posible afirmar la gravedad de la potencial afectación de la vida e integridad física que causaría la divulgación de la identidad mantenida en reserva hasta ahora”.
Con esas palabras la Corte Suprema confirmó la resolución que impide divulgar la identidad de los testigos protegidos del Ministerio Público en el marco del juicio oral contra el cabecilla de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.
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En el fallo, emitido por la Tercera Sala del máximo tribunal del país, integrada por los ministros Ángela Vivanco y Mario Carroza, el ministro suplente Mario René Gómez y el abogado integrante Enrique Alcalde, se cuestiona la “arbitrariedad de la resolución que así lo ordeno, asilada en disquisiciones puramente formales”.
El pasado 18 de abril, la magistrada del Juzgado de Garantía de Temuco, Viviana García, resolvió que los nombres de los cinco testigos con identidad reservada que serán presentado por el Ministerio Público en el juicio contra Llaitul debían ser conocidos por los intervinientes.
Según reporta La Tercera, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, mostró su inquietud por la situación al ponderar que la posibilidad de que se reveleran los testigos “los cohíbe de prestar declaración en el tribunal”. En vista de ello, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso interpuesto por el Ministerio Público donde se solicitaba no acceder a la resolución. Así, la Corte Suprema apuntó a “la proporcionalidad de la medida adoptada por la Corte recurrida para dar debida protección a dichos testigos”-
Cabe recordar que la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía solicita penas que suman un total de 25 años de presidio contra Llaitul, al que se le sindica como autor de tres delitos de incitación a la violencia y uso de armas de fuego contemplados en la Ley de Seguridad del Estado, y dos delitos de usurpación violenta y hurto de madera.
