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Créditos: Agencia Uno
Tras la segunda cuenta pública del Presidente Gabriel Boric, la incertidumbre rodea la reforma tributaria. Mientras el Gobierno busca consenso con la oposición a través de primeros acercamientos, esta aún no muestra espacios de apertura en términos de recaudación fiscal. El Ejecutivo tiene planificado insistir en el Senado a fines de julio y conseguir los votos necesarios para que la reforma vuelva a tramitarse. Con ese objetivo en mente, el ministro Marcel ha empezado a desplegar conversaciones para habilitar un nuevo “pacto tributario” y así darle vida a gran parte de la agenda que está sujeta a una mayor recolección fiscal. El problema radica en el poco tiempo disponible, el margen acotado de acción para la recaudación y, como si fuese poco, una oposición que hasta ahora no parece disponible.
Tras la segunda Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, La Moneda prosiguió con un flujo normal, mientras el trajín ministerial continuaba. Las distintas carteras llegaron con sus pautas, los parlamentarios con propuestas de proyectos de ley y puntos de prensa. La pregunta que circuló durante el día fue cómo se llevaría a cabo la reforma tributaria, que fue mencionada repetidamente en la cuenta pública. El Presidente dijo: “A fines de julio, mi Gobierno insistirá en el Senado para retomar la tramitación legislativa de la reforma tributaria”. Según el Mandatario, esto plantea una serie de complejidades que anticipan un panorama complicado para su éxito, ya que hay puntos que la oposición no está dispuesta a conversar.
El rechazo a la reforma tributaria en marzo dejó expuesta la agenda del Gobierno. Ahora, con esta insistencia, se tendrá que ofrecer una nueva alternativa que logre un “pacto tributario”.
El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, ya comenzó a realizar consultas con toda la oposición para identificar los principales puntos a negociar. Voces opositoras confirman la información, pero sostienen que aún “no hay nada” en cuanto a un acuerdo y prevén que la reforma tributaria tenga un destino poco esperanzador.
Los puntos de discordia que la oposición planteó en la anterior votación de la reforma fueron el impuesto al patrimonio y el impuesto a las utilidades retenidas. La ministra vocera, Camila Vallejo, sostuvo que el Gobierno es flexible y confía en que “podemos llegar a un acuerdo”. Ahora también responde: “El llamado también es a la oposición. Si van a estar disponibles para alcanzar acuerdos subóptimos, todos tenemos que ceder en esto. No hay forma de avanzar si todos seguimos por separado”.
El senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, advierte que este no es el mejor momento para una reforma de este estilo: “¿Cómo podemos pensar en una reforma tributaria en medio de una crisis económica? Por tanto, nuestra respuesta es no. No debemos aumentar los tributos, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan oportunidades de empleo en el país”.
El senador apunta a la necesidad de un cambio y dice: “No estamos disponibles en los mismos términos”. Según advierte, le ha dicho al ministro de Hacienda que solicitan “un plan de austeridad fiscal, que no siga aumentando el empleo en el Estado, tener trazabilidad del gasto público y revisar la eficiencia del mismo”. Además, agrega que aquellos programas ineficientes deben ser descartados. “Hemos visto poca disposición por parte del gobierno para entender que al menos la mitad de la meta recaudatoria debería provenir del esfuerzo del Estado”.
El ministro Mario Marcel ha reiterado en ocasiones que el gasto público se rige bajo el principio de responsabilidad fiscal y, horas antes de los dichos del RN, Marcel en Radio Cooperativa sostuvo: “Tenemos que tener claro que la modernización del Estado, que es una frase fácil de invocar, requiere un trabajo sistemático a través de los años y no es una ‘varita mágica’ que de repente va a hacer aparecer dos puntos del PIB”.
La presidenta de la Comisión de Hacienda, Gael Yeomans (Convergencia Social) abre el espacio y critica:“No solo estamos abiertos y queremos que el Estado se modernice y sea más eficiente, sino que la reforma tributaria que las derechas rechazaron incluía aspectos de modernización del Servicio de Impuestos Internos”.
Ahora bien, también concilia y dice que “avanzar en modernización de las instituciones no es un reemplazo de las medidas para lograr mayor justicia tributaria y recaudación, solo es un complemento”.
El diputado socialista, René Naranjo, quien es parte de la comisión de Hacienda de la Cámara, criticó la salida de Chahuán y advirtió que el hecho de apuntar al control del gasto fiscal es propio de falta de argumentos: “Es un canto antiguo y viejo que quiere hacer la derecha cuando no quiere cambios”.
Naranjo advierte que sí hay disposición para dejar atrás el impuesto al patrimonio y a los super ricos, cosa que ya estaba desechada desde la primera reforma tributaria. Sin embargo, cree que el impuesto a las utilidades retenidas “debería quedar”. El socialista asume estar abierto al diálogo e incluso propone un impuesto a las transacciones financieras.
Su colega y miembro de la misma comisión, Guillermo Ramírez de la UDI, no cree que los puntos mencionados logren abrir un espacio de diálogo. Para Ramírez “la única opción de que nos sentemos a conversar, es que el gobierno presente una reforma para mejorar el sistema tributario que la reforma de Arenas destruyó. Una reforma en términos siquiera parecidos a los ya rechazados, es inviable”.
En Radio Infinita, el jefe de la cartera de Hacienda afirmó que “el Gobierno no tiene la intención de insistir con el mismo proyecto que fue rechazado en la Cámara”. Marcel dice entender que “si es proyecto no logró apoyo suficiente, tiene que reformularse y tiene que cambiarse”.
Esa es una de las diferencias que existe respecto a la propuesta de reforma tributaria anterior, dice Marcel. La otra, es que el Gobierno ofrece que la oposición pueda plantear su perspectiva respecto a dónde se destinan los gatos: “Pongámonos de acuerdo respecto a las modificaciones sino también a quién va ir la recaudación”.
Ahora, existen putos en que los parlamentarios de RN sí han estado disponibles para acercar algunos puntos, como por ejemplo la agenda la agenda antielusión y antievasión de impuestos. Además, existen voces opositoras que también están de acuerdo con entregarle más facultades al Servicio de Impuestos Internos. Chahuán advirtió que esa agenda “debíamos haberla separado del proyecto original”. Frank Sauerbaum, jefe de la banca de diputados de RN, agrega que hay puntos que se pueden acordar, pero la vez pasada hubo resistencia de algunos parlamentario oficialistas y vio división entre ellos.
A pesar de los pronósticos pesimistas, se espera que la reforma tributaria sea más acotada en términos de recaudación. Si bien la agenda antielusión y evasión puede recaudar, según Chauán, más del 1% del PIB, desde el oficialismo, pretenden que la recaudación tributaria baje lo menos posible. El problema es que, con la aprobación de la Política Nacional del Litio y el royalty minero ya aprobado, lo que ya genera nuevos ingresos fiscales, no aparecen muchos espacios en que la oposición esté dispuesta a ampliar el margen de recaudación.
