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Créditos: Agencia Uno.
La ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco no logró desmarcarse de sus declaraciones, y su explicación –”yo di mi visión”– no fue suficiente para salir del paso. Hoy, Vivanco está expuesta a una posible acusación constitucional y este miércoles presenta su renuncia al cargo de vocera de la Suprema. Sus dichos activaron a todos los agentes involucrados en la crisis de las isapres, generando una controversia que detonó como una bomba de racimo en el Gobierno, en el Congreso, en las aseguradoras de salud privada, en el máximo tribunal del país y en la propia Tercera Sala Constitucional, en donde el clima de alta tensión vivido estos días –según fuentes consultadas– habría hecho variar hacia la minoría los apoyos a la tesis de Vivanco, cuando llegue el momento de responder al recurso de aclaración presentado anoche por La Moneda.
Un aire de tensión ya se respiraba en el Palacio de los Tribunales de Justicia el pasado jueves. Ese día, el pleno de 21 ministros de la Corte Suprema discutió extendidamente si era o no conveniente hacer una aclaración del fallo de la Tercera Sala del máximo tribunal, que obliga a las isapres a restituir los cobros en exceso por la tabla de factores.
En la cita, una de las integrantes del pleno de la Suprema que hizo presente la idea de explicar el fallo fue, precisamente, la vocera del máximo tribunal y presidenta subrogante de la Tercera Sala Constitucional: la ministra Ángela Vivanco. Aunque no fue la única voz en esa línea.
No obstante, el presidente de la Corte, Juan Eduardo Fuentes, y la mayoría de los ministros, definieron por votación que solo se haría una aclaración “si alguna de las partes lo solicitaba”.
Por ello, 72 horas después, el presidente Fuentes “sintió molestia e incomodidad profunda” al conocer las declaraciones de la ministra Vivanco, donde esta aseguraba que el fallo de la Tercera Sala obliga a las aseguradoras “a restituir cobros en exceso por las tablas de factores solo a quienes realizaron presentaciones” ante la Justicia y no a toda la cartera de cotizantes.
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Las declaraciones de la también expresidenta de la Unión de Centro Centro –el desaparecido partido fundado por el exabanderado presidencial Francisco Javier Errázuriz–, le abrieron al ministro Fuentes flancos por doquier.
Y además en un contexto incómodo, ya que la Suprema estaba a la espera de la propuesta del Presidente Boric, para que una jueza de la Corte de Apelaciones, cercana a Fuentes, fuera el nombre elegido para ocupar la vacante que dejó el ministro Guillermo Silva, quien se jubiló en 2022.
“Recibió mensajes del Ejecutivo y de ministros de la propia Corte, para consultarle si los dichos de la vocera eran institucionales, a nombre de la Tercera Sala, o si no representaba a nadie más que a sí misma”, señala un conocedor de esas comunicaciones.
Otro motivo de tensión y roces entre los jueces radicaba en que el máximo tribunal del país había definido no hacer ninguna aclaración, de no ser solicitada; y porque sus dichos, en la señalada entrevista con La Tercera, Vivanco los emitía mientras ostentaba el cargo de vocera de la Corte Suprema, sin hacer hincapié en que era solamente su opinión.
Desde el Poder Judicial sostienen que los ministros de la Tercera Sala también sintieron molestia e incomodidad al leer lo expresado en la entrevista por Vivanco.
A las razones esgrimidas, se agregaba el hecho de que la ministra estaba de presidenta subrogante de la Tercera Sala del máximo tribunal, debido a que el titular, Sergio Muñoz, se encontraba de vacaciones con su familia, y que ellos desconocían el tenor de la entrevista.
Incluso, evaluar hacer volver de sus vacaciones al ministro Muñoz resultó para sus pares, Mario Carroza y Jean Pierre Matus, al menos incómodo. A juicio de algunos, un retorno anticipado proyectaba la idea de que sin el “presidente titular de la Sala, las cosas no funcionaban bien”. El ministro Muñoz había comunicado que podía regresar, si era estrictamente necesario, por lo que hacerlo volver era algo que no aportaba al clima reinante en la Tercera Sala.
Antes de sus declaraciones, los tres ministros restantes de la señalada Sala de la Suprema, Adelita Ravanales, Jean Pierre Matus y Mario Carroza, estaban 2 a 1 divididos sobre la generalidad del fallo. No obstante, desde el Palacio de Tribunales indican que se avizora que haya tres votos a favor de la universalidad del referido fallo, lo que sería una derrota para la ministra Vivanco.
Fuera de los problemas que produjo la interpretación de la ministra Ángela Vivanco en la Corte Suprema y, en específico, al interior de la Tercera Sala Constitucional de la que forma parte, su perspectiva reventó como una bomba de racimo, generando controversia y presión en el Gobierno, en la Comisión de Salud del Senado, en la Superintendencia de Salud y en las isapres.
El superintendente de Salud, Víctor Torres, así como muchos ministros del Gobierno, advirtieron que el fallo hablaba en términos generales y no en términos particulares. Es decir, que la devolución de los excedentes debería ser para todos los afiliados afectados y no solamente para quienes demandaron. “Todos hemos estado –los actores que hemos estado involucrados– contestes a alcance general del fallo, incluso quienes han sido críticos con el fallo”, sostuvo el superintendente Torres.
El mismo fallo indica que “esta Corte deberá declarar como ilegal y arbitrario el hecho de mantener su vigencia con carácter general para todos los contratos individuales de salud que administra y a los que aplica, ordenando las medidas que se indicarán en lo resolutivo para restablecer el imperio del derecho, de conformidad con las facultades conferidas en el artículo 20 de la Carta Fundamental.”
Torres precisó que la Superintendencia de Salud “no se encuentra facultada para interpretar los fallos de los tribunales de justicia, corresponde a los tribunales”, y es por eso que añadió que se han apegado al contenido literal del mismo. Al interior del oficialismo y de la superintendencia, aseguran que el hecho de haber dirimido un fallo general fue una decisión complicada de ejecutar, sin embargo, las declaraciones de la ministra están muy lejos de despejar el tema de áreas oscuras.
Luego de la entrevista de Vivanco, el despliegue ministerial fue robusto. El mismo Presidente Boric tuvo que salir a responder como Poder Ejecutivo a otro poder del Estado, como es el Judicial, recordándole el ABC en materia de justicia: que “los jueces hablan a través de sus fallos y no de sus entrevistas”.
Para el Gobierno esta nueva contingencia afecta sus planes, ya que tiene que procurar el cumplimiento del fallo antes del 30 de noviembre. Por esa misma razón, diversas fuentes cuestionaron que el Ejecutivo demorara tanto tiempo en presentar el recurso de aclaración, en circunstancias –sostienen– que “debería haber estado presentado el lunes en la mañana”, debido al grado de incertidumbre que genera en la población.
Finalmente, el recurso fue ingresado por el Gobierno a la Corte Suprema en horas de la noche de ayer.
-Revise aquí el recurso de aclaración del Gobierno
Si bien la ministra de Salud, Ximena Aguilera, explicó que el proyecto de ley corta no incluye montos ni cálculos sino solamente la gradualidad de los elementos contenidos en la sentencia y que “no hay algo que haya que modificar en la letra del proyecto de ley”, sí sostuvo que “esperamos que la aclaración sea rápida”.
El recurso de aclaración que elaboró la Superintendencia de Salud no solamente busca despejar el carácter general o particular del fallo, sino que también, entre otras cosas, pretende que esgrima determinaciones respecto a los nuevos denunciantes, ahora que Vivanco advirtió que los únicos beneficiados serán quienes denuncian.
Otra arista que está a la espera de resolverse es la que abrieron empresas controladoras de las isapres. British United Provident Association (Bupa), el holding británico controlador de Cruz Blanca en Chile, y UnitedHealth Group (UHG), su competencia estadounidense, decidieron activar un mecanismo de resolución de controversias ante el fallo de la Corte Suprema.
Hoy por hoy, los grupos extranjeros han emitido cartas de consultas a la Cancillería, paso preliminar a que se tomen acciones legales de mayor envergadura, como una demanda contra el Estado. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores afirman que están atentos al asunto, pero aseguran que el destino de estas acciones radicará en cómo se resuelva el tema de la Corte Suprema y, más aún, el resultado que emane del Parlamento con la ley corta.
El efecto búmeran que provocaron las palabras de la ministra Ángela Vivanco hizo que varios parlamentarios de la Comisión de Salud de la Cámara comenzarán a estudiar la posibilidad de acusar constitucionalmente a la magistrada y desde el PC buscan que se inhabilite en la causa. El diputado radical y presidente de la comisión, Tomás Lagomarsino, anunció la medida por “notable abandono de deberes”.
Por su parte, la diputada Danisa Astudillo (PS), quien es integrante de la Comisión de Salud, puntualiza que “habrá que ver si esto tiene sustento jurídico para poder proceder”. No obstante, se asume como partidaria de que “esto no puede quedar impune”, ya sea desde la acción de los diputados o desde su jefatura. La parlamentaria cree que “lo que ella (ministra Vivanco) anunció fue gravísimo, yo creo que aumentó la crisis que se está viviendo en este momento, hizo perder credibilidad en el sistema judicial”.
Desde el Senado, el presidente de Renovación Nacional y miembro de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, Francisco Chahuán, cree que, respecto de la posible acusación constitucional, hay que abocarse a “contribuir y buscar medios para generar certeza a millones de chilenos que están afiliados”. Para el líder de RN, más que poner el foco en la acusación, “que no va en la dirección correcta” –sostiene–, lo que se requiere es darle una solución “al problema de fondo”.
Chahuán señala que los argumentos esgrimidos por el ministro de Justicia, Luis Cordero, advirtiendo que el fallo efectivamente tiene un carácter general, “se ha basado en jurisprudencia que he presentado para señalar que los recursos de protección pueden generar recursos generales”. En ese sentido, no existiría un punto de conflicto en ese ámbito. Lo que sí aprovecha de pedirle a la titular del Minsal, Ximena Aguilera, es poner discusión inmediata al plan garantizado de salud para afiliados de Fonasa e isapres, junto con separar el proyecto de ley corta en dos y llevarse el fortalecimiento de Fondo Nacional de Salud al proyecto de Seguro Catastrófico de Fonasa, que hoy se encuentra en Comisión Mixta.
La ministra Aguilera respondió y aseguró que “la disposición del Ejecutivo es avanzar una vez que se resuelva esta situación de las isapres, y como Ejecutivo estamos abiertos a la discusión para llegar a un elemento de consenso”. Sin embargo, hizo encender las alarmas al indicar que las reformas aún no están entre las prioridades inmediatas, sino que “por el momento estamos abocados a resolver este tema de la crisis de las isapres”.
Como no se había visto, diferentes aseguradoras pusieron en marcha a sus equipos legislativos para aclarar el panorama que hoy se ve nebuloso en cuanto al fallo.
Así, en estos días, cuatro isapres (Banmédica, Vida Tres, Colmena Golden Cross y Nueva Masvida) ingresaron recursos de aclaración, solicitando –entre muchas otras cosas– despejar a qué cotizantes se les debe aplicar la tabla única de factores, cómo se calcula el precio que tendrán que pagar los cotizantes que soliciten la aplicación de la referida tabla, a quiénes se les restituyen los pagos en exceso, la forma de comparar los precios finales de los contratos de salud para efectos de la determinación de las devoluciones de cantidades recibidas en exceso, etc.
