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Créditos: Agencia Uno.
Primero, Chile Vamos anunció una interpelación y, luego, se sumó a la acusación constitucional planteada por las diputadas socialcristianas, que solamente apuntaban a la agenda de género. Mientras se trabajaba en el documento para evitar ser acusados de intentar removerlo solo por ser homosexual, buscaron sumar el caso de las denuncias de abuso en un colegio de Talcahuano, a pesar de que se había esclarecido que el Mineduc nada tenía que ver con esa situación. A tumbos, el sustento jurídico hasta ahora estaría en los problemas de deserción escolar y de gestión. En este contexto, resultarán claves tanto el enfoque como el volumen de los argumentos para atraer al centro político y conseguir, así, sus votos para la acusación. Por ahora, en el oficialismo existe confianza y creen que Ávila puede salir aún más fortalecido de este embate.
A tropezones se va construyendo la acusación constitucional (AC) contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. El año pasado fue interpelado y terminó agradecido de la instancia. Ahora, parlamentarios oficialistas revelan también tener confianza. La semana pasada se iba a conocer la AC contra el ministro, pero la elaboración del documento ha tardado más de lo esperado y terminará presentándose en estos días. A pesar de no haberse construido de forma planificada y habiendo cambiado la sustancia original, a medida que avanza se extreman las conversaciones para conseguir más respaldos en sectores de centro que están abiertos a estudiar la acusación.
Existe una mala evaluación del ministro en el Congreso y eso podría darle aire a la AC, pero en caso de que el documento no dialogue con los diputados de centro, podría significar que la acusación termine por fortalecer al titular del Mineduc, como sucedió con la reciente interpelación a la ministra Carolina Tohá.
Fue a fines de mayo cuando parlamentarios de Chile Vamos anunciaron ante las cámaras que interpelarían al ministro Ávila a propósito de una “Guía de sexualidad afectiva” publicada el 2017, la que contenía unos ejercicios para niños de kínder que consideraron peligrosos y que –a su juicio– atentaban contra el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos.
En la intervención, el diputado UDI Sergio Bobadilla realizó comentarios que diputados oficialistas tildaron de homófobicos: “No compartimos en absoluto que la educación sexual sea la prioridad de este ministerio. Entendemos la inclinación sexual que puede tener el ministro, pero lo que no entendemos es que la ponga como prioridad en los temas educacionales de nuestro país”, fue lo que señaló Bobadilla.
Al salir del podio, se acercaron las diputadas el Partido Social Cristiano, Sara Concha y Francesca Muñoz, para anunciar la acusación constitucional contra el ministro de Educación a propósito de la señalada guía y por vulnerar el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Fuentes al interior de la oposición confirman que no hubo coordinación previa entre Chile Vamos y las socialcristianas. Cuando los diputados se dieron cuenta de que el anuncio de sus colegas iba un paso más allá –dicen–, se abrieron las conversaciones para ver qué hacían con la interpelación y con la acusación.
Las diputadas Concha y Muñoz se acercaron a parlamentarios de Renovación Nacional para conseguir apoyo durante esa mañana. Camila Rojas, Diego Schalper y Catalina del Real fueron algunos de los que se dejaron convencer por la idea de la acusación constitucional y, después, la socializaron con los demás parlamentarios de la colectividad, que terminó por apoyar la idea. El jefe de la bancada de diputados del partido, Frank Sauerbaum, fue el encargado de ir a negociar con los demás legisladores de la coalición.
Sin tener los argumentos definidos, las diputadas socialcristianas lograron convencer y conseguir los apoyos de toda la derecha para llevar adelante la acusación. Sin embargo, fuentes al interior del sector advirtieron que una condición para sumarse a la acción contra Ávila era que las razones no podían enfocarse solamente en la agenda de género y en el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, pues ese argumento ya se había diluido después que el secretario de Estado explicara el tema de la guía de sexualidad.
“Estas orientaciones son del año 2017, del segundo mandato de la ex Presidenta Michelle Bachelet; no fueron bajadas de la plataforma durante el Gobierno del ex Presidente Piñera y nosotros las mantuvimos ahí porque entendemos que podrían ser utilizadas por las comunidades”, sostuvo el ministro.
Desde ese minuto, el oficialismo afirmó que se acusaba constitucionalmente al ministro Ávila por ser homosexual, planteamiento que desde la oposición niegan y del cual pretenden desmarcarse. Es por eso que desde la derecha buscan ponderar más otros temas que la agenda de género, idea que apuntaló inicialmente la AC. Este gesto por ampliar los argumentos y enfocarse en otras cosas es más urgente tras los hechos ocurridos en Talcahuano y la impronta con la que apareció la oposición luego de conocerlos.
A mitad de semana, los padres de la Escuela Villa Centinela Sur, de Talcahuano, denunciaron que sus hijos, de 5° básico, recibieron un procedimiento de salud sexual –afirman los apoderados– que incluyó preguntas íntimas, tocaciones y videos con contenido para mayores. Cuando se reveló la noticia, parlamentarios de la oposición plantearon incluir el caso en la acusación contra Ávila.
Sin embargo, no advirtieron que el programa se llevó a cabo a través de un equipo de salud municipal. En tal sentido, fue el propio alcalde de Talcahuano, Henry Campos (UDI), quien explicó que fue un equipo de salud municipal el que protagonizó el hecho y añadió que hizo “la denuncia correspondiente por parte de la dirección del establecimiento a Carabineros”.
Además, el alcalde Campos aprovechó de enviar un mensaje a sus pares parlamentarios: “Más allá de que uno pueda tener opiniones diversas con el ministro de Educación, esto y otros temas no pueden utilizarse para incluir esto en la acusación constitucional, porque esto no se enmarca en las campañas de sexualidad que está promoviendo el Mineduc, es un programa de salud”.
La acusación se suponía que se presentaría el martes de esta semana, sin embargo, fuentes conocedoras de su elaboración revelan que ha tomado más tiempo, dado que la redacción original del documento –de las diputadas socialcristianas– solamente contaba con la vulneración del derecho de los padres a educar a sus hijos. Con el apoyo de RN se agregaron los problemas de gestión que tiene el Mineduc, parte del compromiso que se hizo para que Chile Vamos se sumara a la AC.
Actualmente, los partidos se encuentran trabajando en el libelo para generar una propuesta contundente que sea más amplia que la agenda de sexualidad. Fuentes impulsoras de la acusación revelaron que los principales puntos que se presentarán serán: deserción escolar; la violencia en los establecimientos; derecho preferente de los padres; y el caso en Talcahuano, que hasta el jueves pasado aún no lo descartaban. Fuentes agregan también que existen temas de seguridad y pérdida de clases que se tocarán en alguno de los puntos, sin embargo, todavía trabajan en la propuesta.
Con Chile Vamos, Republicanos y la bancada socialcristiana, no cuentan con los votos para aprobar la acusación contra el ministro Ávila, pues necesitan la mayoría de la Sala, vale decir, 78 votos. Por lo tanto, buscarán conseguir votos del centro para alcanzar el cometido. Aún no se generan los acercamientos, pues todavía no existe una propuesta formal sobre la cual acordar o disentir.
Sin embargo, al interior de las bancadas de centro advierten que no están contentos con la administración del titular del Mineduc, ya que consideran que existen graves problemas de gestión y que no es un nombre competente para el cargo. Incluso, haciendo un paralelismo futbolístico, señalan que el ministro “está jugando gratis”, pues debió haber sido retirado de la cartera tras su responsabilidad en el rechazo de la reforma tributaria.
El diputado Rubén Oyarzo (PDG) guarda distancia respecto del proceso de la AC y puntualiza que “mientras no se concrete la presentación de la acusación, no puedo opinar sobre razones para acusar al ministro Ávila”.
Por su parte, el jefe de bancada de los diputados DC, Eric Aedo, coincide con que “hay que esperar la presentación y los fundamentos que contenga”. Pero precisa que “no nos cerramos a priori como bancada”. Los aspectos en los que podría tener puntos de coincidencia son los administrativos: “Si la acusación contiene problemas de gestión que nos hagan sentido, avanzará. Si el libelo solo se centra en la agenda de género, no será tema para nosotros”.
El jueves, parlamentarios oficialistas llegaron a La Moneda para entregar una carta en que dan su apoyo al ministro de Educación. En el Patio de los Naranjos criticaron la ofensiva de la derecha y se mostraron tranquilos, al asegurar que no existen argumentos jurídicos para la acusación.
El diputado Juan Santana (PS) señaló que los dichos del diputado Bobadilla “son relatos homofóbicos y discriminatorios, lo que devela la debilidad que tiene esta acusación constitucional anunciada por la oposición”. Además, se refirió a la intención de la oposición de incluir el caso de Talcahuano: “Evidentemente debilitan el sustento jurídico que esta acusación va a tener en la Cámara de Diputados, que a todas luces es una persecución política, es una persecución homofóbica, es una persecución discriminatoria contra el ministro Marco Antonio Ávila”, recalcó el parlamentario.
Las diputadas Emilia Schneider (CS), Camila Rojas (Comunes) y Daniela Serrano (PC), junto con el diputado Santana, afirmaron haber estado en constante comunicación con el ministro. La diputada Serrano reveló que Ávila está “muy tranquilo” y que desde el Mineduc hay confianza en los equipos que están trabajando.
Por su parte, la diputada Rojas apuntó a la improvisación que existe por parte de la oposición para la elaboración de la AC: “Solo sabemos de los anuncios que tiene esta acusación constitucional. Primero empezaron con una interpelación, después empezaron con una acusación más preocupada de los votos que del fundamento”. Además, sostuvo que han perdido sustento y se ha visto que “ellos quedaron en un plazo, quedaron este miércoles, todavía no conocemos los escritos, así que creemos que, en la medida en que ellos se vayan alimentando de algunos dichos que son bastante inapropiados y también de hechos que son bastante lamentables, se va a ir cayendo el sustento jurídico de esta acusación”, añadió.
Fuentes oficialistas del Congreso creen que puede ser una oportunidad para el ministro, en términos de quedar mejor posicionado que en la actualidad. Algo parecido a lo que sucedió con la interpelación a la ministra Carolina Tohá, en que su imagen se fortaleció y hasta se convirtió en un meme. Estas voces indican que, si la acusación sigue enmarcada en la línea de la homofobia que está movilizando a algunos en sus críticas, terminaría por afirmar al titular del Mineduc. Sin embargo, también alertan que la acusación es una instancia muy diferente a la interpelación, en donde Ávila podría manejar un mejor desplante. Esto, porque ahora el tema depende mucho menos de la capacidad que tenga el ministro de defenderse.
