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Santiago Sinclair, de 92 años, ya no tiene instancias de apelación. Fue jefe del regimiento “Cazadores” de Valdivia y como tal integró uno de los supuestos Consejos de Guerra organizados en torno a “La Caravana de la muerte”, en el cual se decidió ejecutar a 12 hombres, por el asalto al retén de Neltume, hecho que varios carabineros desmienten que haya ocurrido. A fines de 1988 el militar llegó a la junta y al retornar la democracia asumió como senador designado. No solo era el número dos de Pinochet, sino que fue, siempre, uno de sus más cercanos y fieles subordinados.
Fue el último en integrarse a la Junta Militar que asumió tras el golpe de Estado y uno de los militares más cercanos a Augusto Pinochet. Se trata del general en retiro Santiago Sinclair, de 92 años, que ayer fue condenado por la Corte Suprema a una pena de 18 años de prisión, por la ejecución de 12 miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Valdivia, en 1973, entre ellos “El Comandante Pepe”, José Gregorio Liendo Vera.
Nacido en 1927, Santiago Sinclair Oyaneder era coronel de Ejército para el 11 de septiembre de 1973 y, como tal, estaba a cargo del Regimiento “Cazadores” de Valdivia. En 1975 fue enviado a Corea del Sur, como agregado militar. Cuatro años después asumió como Jefe del Estado Mayor Presidencial y en 1983 como Secretario General de la Presidencia, permaneciendo en el cargo hasta 1985, año en que asumió la Vicecomandancia en Jefe del Ejército, cuando el jefe máximo de este era Pinochet. En otras palabras, se convirtió en su número dos.
El 30 de noviembre de 1988, de hecho, ingresó a la Junta Militar en representación del Comandante en Jefe del Ejército. En 1989 se acogió a retiro, pero ni él ni Pinochet estaban pensando en la jubilación, pues ambos asumieron como senadores designados, hasta 1998.
El caso Neltume
De acuerdo con lo investigado por la ministra de fuero que indagó el caso en primera instancia, Patricia González Quiroz, la madrugada del 12 de septiembre de 1973 un grupo de miristas se reunió en un local de Neltume, en la precordillera de Valdivia. Allí, Liendo propuso ir a tomarse el retén local y conminar a los cuatro carabineros que había en él a “unirse a la resistencia de Allende”.
Según la versión oficial, se trataba de cerca de un centenar de sujetos armados que atacó a tiros la unidad policial, durante varias horas, pero ello quedó desmentido no sólo por las palabras de los partícipes en el episodio, sino también por los mismos testimonios de funcionarios policiales. Uno de ellos, como figura en el fallo, fue el del capellán de Carabineros, el sacerdote Diego Muñoz, quien aseguró hubo un montaje, pues “posteriormente (se) dispararon unas balas para que quedaran allí y simular lo del asalto”, agregando además que dos de los ejecutados a posteriori ni siquiera habían estado en Neltume ese día.
Ante la llegada del grupo, se pidió refuerzos a distintas unidades cercanas y los primeros en arribar fueron carabineros de Choshuenco. Uno de ellos, Rufino Rodríguez, aseveró que al llegar pudieron ingresar sin problemas al retén y que no vio daños en el cuartel, ni tampoco heridos, lo que fue refrendado por su compañero Paulino Flores, quien explicó a la PDI que “el cuartel no presentaba daños ni perforaciones”, lo que contrasta con lo que se dijo más tarde, por parte de las autoridades de la época.
La caravana de la muerte
Liendo era un ex estudiante de agronomía de la Universidad Austral que en 1970 se convirtió en el líder del Movimiento de Campesinos Revolucionarios (MCR), el brazo rural del MIR y, como tal, encabezó el “Complejo Maderero y Forestal Panguipulli”, formado a partir de la expropiación de diferentes fundos de la zona, tanto por la vía pacífica como por medio de la violencia.
Fue detenido el 19 de septiembre y trasladado a Valdivia. Allí, el 3 de octubre, aterrizó en el regimiento “Cazadores” un helicóptero Puma en el cual se movilizaba la comitiva del general Sergio Arellano Stark, la hoy tristemente célebre “Caravana de la muerte”, que supuestamente supervisaba consejos de guerra que se efectuaban en todo el país. Solo algunas horas después de la llegada de Arellano, Liendo era fusilado en el polígono de tiro que el Ejército poseía en el sector de Llancahue y al día siguiente eran fusilados los otros 11 detenidos, todos los cuales (según la defensa de los imputados) habían sido sometidos a juicios “sumarísimos”.
Sin embargo, la ministra de primera instancia no encontró evidencia de que dichos procesos realmente hubieran existido y por ello (en 2017) absolvió a Sinclair, razonando que este “no habrá de ser sancionado, toda vez que, atendido lo que se ha venido razonando, pierde sustento aquello por lo que se le acusó, esto es, haber formado parte de los Consejos de guerra en que se aplicó la pena de muerte a las víctimas de esta causa”.
No obstante, la Corte de Apelaciones de Santiago llegó a un razonamiento distinto en 2020, condenándolo a cinco años, pena que fue aumentada por la Sala Penal de la Corte Suprema, conformada por los ministros Haroldo Brito, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, la ministra María Teresa Letelier y el abogado (i) Ricardo Abuauad, la que estimó que no correspondía aplicar media prescripción a delitos de lesa humanidad.
A igual pena (18 años) fue condenado Juan Chiminelli Fullerton, mientras que el subdirector de la DINA, Pedro Octavio Espinoza Bravo, deberá cumplir 10 años de presidio, y Emilio Robert de la Mahotiere González, cinco años y un día.
