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La jefa municipal de Las Condes, Daniela Peñaloza, abordó la investigación externa que encargó el municipio a una firma privada. En palabras de la edil, la auditoría arrojó un informe que es “tajante, claro y preciso al señalar que hubo errores administrativos, falta de coordinación y control por parte de las unidades internas” en el proceso de compra.
La alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI), se refirió el informe que el municipio encargó a la firma privada AZ para auditar la compra de diez inmuebles para la construcción de un Centro de Salud Familiar (CESFAM). La investigación se desarrolla en paralelo a la indagatoria que lleva adelante el Ministerio Público, luego de la denuncia de cuatro concejales de la comuna.
Peñaloza señaló que el informe hecho a partir de los antecedentes y la investigación recabados por abogados expertos de AZ apunta “que hubo errores administrativos, falta de coordinación y control por parte de las unidades internas, así como un cambio en el modelo de adquisición de la última casa, cambios que no me fueron consultados ni informados”.
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Asimismo, la alcaldesa indica que el documento es “tajante, claro y preciso”. Además, informó que “hemos entregado este informe a los concejales, también lo envié a la Fiscalía Nacional, a la Contraloría General de la República y a la fiscal encargada del sumario interno en el municipio, con el objetivo de determinar las responsabilidades personales en estos errores administrativos”.
Luego de que se diera a conocer la denuncia presentada hace algunas semanas por los concejales , el ahora exjefe de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplac), Alejandro Contreras, renunció a su cargo. Contreras fue imputado en la denuncia presentada por los miembros del concejo municipal. En tanto, el director jurídico del municipio, Patricio Navarrete, también dejó su cargo.
La compra a la que se refiere la investigación penal se concretó por 852 millones de pesos, mientras que el mismo inmueble había sido vendido por la suma de 422 millones de pesos tiempo antes.
De acuerdo al documento, cuyos extractos fueron publicados por La Tercera, “se ha podido determinar que, pese a lo instruido por la alcaldesa, el proceso de adquisición de los inmuebles se llevó a cabo de manera inorgánica por las jefaturas de las unidades intervinientes, como una secuencia de procesos en los que se involucraron distintas unidades de la municipalidad, pero sin sinergia entre ellas”.
