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“Nuestras banderas por la máxima transparencia explican que ante situaciones que presenten un posible alejamiento de dicha ética pública seamos extremadamente tajantes en esclarecer todas las circunstancias y responsabilidades comprometidas, sin importar si se trata de una situación que afecta a personas de nuestro propio entorno político. Al contrario, con más fuerza debemos hacer valer esas responsabilidades”, comunicaron desde la tienda frenteamplista, Convergencia Social. La controversia surgió luego de que se hiciera público que Daniel Andrade -quien es pareja de la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez-, en representación de la fundación Democracia Viva, se adjudicó convenios millonarios por parte del ahora exseremi de Vivienda de Antofagasta.
El partido Convergencia Social se manifestó acerca de la controversia que involucra a la diputada de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez, por la firma de convenios por la suma de hasta 426 millones de pesos entre el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras -quien fue su exjefe de gabinete-, y la pareja de la legisladora, Daniel Andrade, que representa la Fundación Democracia Viva.
Al respecto, la tienda oficialista (que comparte coalición con RD en el Frente Amplio) comunicó que “consideramos que el convenio en cuestión constituye un grave error político que daña nuestro compromiso ético y debe esclarecerse hasta el último detalle de las circunstancias que llevaron a que se suscribiera”.
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“Es necesario que se hagan valer las responsabilidades respectivas, tanto en la justicia ordinaria como en las instancias disciplinarias internas, a la vez que se aseguren condiciones para que este tipo de situaciones no ocurran nunca más”, apuntaron desde CS en su carta abierta.
“Presentamos nuestra conformidad con la decisión de suspender su participación en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados para que este conflicto no siguiera enturbiando las relaciones políticas en el Congreso Nacional y sirviendo de excusa a la oposición política para obstruir acuerdos en beneficio de la ciudadanía”, agregaron.
Desde Convergencia Social también abordaron los cuestionamientos que se han hecho en torno a las vinculaciones por parte de políticos con falta de probidad. “Nuestras banderas por la máxima transparencia explican que ante situaciones que presenten un posible alejamiento de dicha ética pública seamos extremadamente tajantes en esclarecer todas las circunstancias y responsabilidades comprometidas, sin importar si se trata de una situación que afecta a personas de nuestro propio entorno político. Al contrario, con más fuerza debemos hacer valer esas responsabilidades”, apuntaron.
Además, sostienen que como Frente Amplio “emergimos como fuerza política condenando las malas prácticas, la anquilosada relación entre política, negocios e influencias y la fundada desconfianza que aquello ha generado sobre la democracia”.
Tras haber descartado, de forma inicial, suspender su participación en la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la parlamentaria Pérez confirmó su cese de trabajo en la instancia, a apenas una semana de la renovación de las autoridades de la Cámara.
En tanto, la diputada RD señaló que “no estoy disponible a aceptar que se busque endosarme a mí responsabilidades por actos que cometen terceros”. Asimismo, tras darse a conocer la polémica, la parlamentaria comunicó que ingresó un oficio a la Contraloría de Antofagasta, con el propósito de esclarecer la legalidad de los convenios.
Horas atrás, la ministra vocera de Gobierno, Camilla Vallejo (PC), se refirió al hecho en una línea similar al partido del Presidente Gabriel Boric. “Nos interesa que cuanto antes esto se pueda aclarar, porque además tenemos harto trabajo que hacer y estas cosas obviamente no contribuyen en nada”, y agregó que “fue un total y absoluto descriterio políticolo que aquí se realizó”.
En una línea similar, el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), sostuvo que “es un descriterio, que se dé esta relación con esta empresa y eso es lo que estamos investigando”. El secretario de Estado apuntó que durante esta jornada tendrá un informe que dé cuenta de más detalles de la transacción, pero que “irregularidad, hasta el momento, no tenemos detectada”.
