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Tres convenios por montos que ascienden a $426 millones de pesos se firmaron entre la seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y la Fundación Democracia Viva, representada por la pareja de la diputada Catalina Pérez (RD), Daniel Andrade. A su vez, Contreras trabajó para la parlamentaria durante un año como jefe de su gabiente. Lo anterior levantó una controversia que motivó que la Fiscalía Regional de Antofagasta determinara abrir una investigación a cargo del persecutor jefe, Cristian Aguilar Aranela, para determinar si el procedimiento fue legal.
La Fiscalía Regional de Antofagasta ordenó una investigación por la firma de Convenios de Transferencia de Recursos entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta con la Fundación Democracia Viva.
La causa quedará a cargo del fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, quien conducirá la indagatoria con el propósito de esclarecer si los convenios entre el Minvu y la fundación se enmarcan dentro de la legalidad. Para esto, se encomendará iniciar una investigación “a la Brigada de Delitos Económicos Antofagasta de la PDI”.
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También, “se requerirá al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Contraloría Regional y Seremía de Vivienda, la entrega de todos los antecedentes vinculados a los hechos que serán materia de investigación”, indica la fiscalía en su comunicado.
Todo esto surge luego de que saliera a la luz pública el hecho de que el representante legal de la fundación a investigar por el Ministerio Público, Daniel Andrade, es pareja de la diputada por Antofagasta, Catalina Pérez. A su vez, el exseremi de vivienda en la región, Carlos Contreras, fue jefe de gabinete de la parlamentaria entre 2020 y 2021.
En tanto, el traspaso entre la secretaría de Vivienda y la organización se concretó por $426 millones de pesos, asunto que motivó el ingreso de un oficio por parte de Pérez a Contraloría. La legisladora de Revolución Democrática se ha defendido acusando no tener relación en proceso.
