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Créditos: Agencia Uno
Después que el titular del Ministerio de Hacienda, Mario Marcel, dijera que la Pensión Garantizada Universal (PGU) “quedó sin financiamiento para el 2022”, la oposición salió en bloque a criticarlo y a pedir explicaciones o que rectificara sus declaraciones “falsas”. No fue lo único, también condicionaron su participación en los diálogos por el pacto tributario, que el Gobierno pretende ingresar al Senado en julio. Sin embargo, Marcel lo explicó y el proyecto de la PGU –también según distintos organismos financieros– sí tenía problemas de financiamiento que había que resolver, lo que hasta ahora no se ha hecho. Mientras, la oposición no ha ablandado su postura y los dichos del jefe de las arcas fiscales le generaron un nuevo obstáculo al Ejecutivo en su avance hacia una reforma tributaria o nuevo pacto fiscal.
La oposición no mostró buena cara luego de que el Presidente Gabriel Boric, en su segunda Cuenta Pública, anunciara que insistiría en el Senado con la rechazada reforma tributaria. Después, al ver que el Gobierno negociaba primero con los gremios empresariales antes que en el Parlamento, también demostraron su enojo. Ahora, tras las declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, en las que señaló que la Pensión Garantizada Universal (PGU), despachada por el Congreso a meses de que el ex Presidente Piñera dejara el cargo, “quedó sin financiamiento para el 2022”. Una afirmación que distintos organismos financieros advirtieron e, incluso, parlamentarios que tramitaron la norma. De todas maneras, el “pacto tributario” –como se le llama ahora– se mueve en un contexto más crispado que el anterior.
La oposición ya había manifestado su nula disposición a negociar el pacto tributario en caso de que se presentará un proyecto similar. Tras lo declarado por Marcel, la derecha salió en bloque a criticar al ministro y sus dichos. Además, a raíz de la frase del jefe de las arcas fiscales, condicionaron su disposición al diálogo para avanzar en el pacto tributario que tiene el 30 de julio como fecha límite para presentarse ante el Senado.
El jefe de bancada de diputados(as) RN, Frank Sauerbaum, además de señalar que lo expresado por el ministro “son situaciones absolutamente falsas”, también condicionó las negociaciones: “Obviamente a nosotros nos incomoda conversar con un ministro y con un Gobierno que sostiene sus posturas a través de declaraciones que no son ciertas”. Sauerbaum fue más allá y advirtió que “esto resquebraja las confianzas y nosotros esperábamos reunirnos con el ministro el 10 de julio”.
Guillermo Ramírez, jefe de bancada de diputados(as) de la UDI, conversó con Tele 13 Radio y criticó igualmente a La Moneda y al titular de Hacienda. Ramírez esperaba que, ayer lunes, Marcel saliera a rectificar, pero la explicación le resultó insuficiente y calificó sus palabras como “graves”, al tiempo que explicó que “eso que dice el ministro que hicimos, no se puede hacer, la ley y la Constitución lo impiden. La PGU fue un debate que fue largo, que fue profundo, que contó al final con un apoyo amplio, incluyendo a la izquierda en el Congreso, que les ha cambiado la vida a millones de chilenos y que estaba financiado, estaba provisionado”.
Durante la mañana del lunes, el ministro en cuestión salió a aclarar sus dichos y el contexto al que estos hicieron referencia. Al respecto, el secretario de Estado explicó que “fue tratar de ilustrar el esfuerzo fiscal que tuvo que hacerse durante el año 2022″. Marcel añadió lo siguiente: “Veníamos de un déficit fiscal muy grande, de un aumento importante de la deuda pública (36% del PIB), un déficit fiscal de 7,7% del PIB del año 2021. Era necesario hacer una consolidación fiscal que revirtiera esta situación”, puntualizó. Esa consolidación, añadió el titular de la cartera de Hacienda, “permitió transformar un déficit de un 7,7% del PIB en un superávit de un 1,1% del PIB, además hubo que absorber los costos de la PGU durante el 2022”.
Y, en tal sentido, precisó que “cuando hablamos de que era una medida que no tenía financiamiento, es que no tenía financiamiento tributario durante el año 2022”. Es que, durante la tramitación del proyecto de ley de la PGU (diciembre del 2022), “se argumentó que podía resolverse esto con recursos del Tesoro Público, pero dado que la Ley de Presupuestos se había aprobado días antes de que se presentaran las indicaciones, no era muy evidente la magnitud de lo que se podía financiar con recursos del Tesoro Público”, continuó Marcel.
El titular de Hacienda reveló que el costo de la PGU en el año 2022 fue de alrededor de US$ 2.000 millones y “eso fue financiado, en la práctica, mediante reasignaciones de recursos y gracias a algunos ingresos adicionales que tuvimos, por ejemplo, en la Operación Renta del año 2022”.
La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, realizó la habitual vocería de Gobierno, dado que la titular de la cartera, Camila Vallejo, se encuentra enferma. Jara comenzó haciendo alusión a la necesidad de encontrar acuerdos, “tanto en temas tributarios como en los previsionales”, junto con entregar palabras sobre las dudas que circulaban respecto a los dichos de Mario Marcel: “El ministro ha sido extremadamente claro en indicar que lo que ocurrió durante la tramitación del proyecto de ley de la PGU, fue que efectivamente durante el año 2022 no se encontraban considerados ingresos de origen tributarios para el implemento de dicho proyecto que se convirtió en ley y que nos tocó ejecutar en nuestro Gobierno”.
Mientras la ministra Jara respondía las preguntas de la prensa en la vocería, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) publicó en su Twitter que su partido “ha declinado reunión de hoy con ministro Marcel por considerar imprudente su declaración de ayer. Diálogo debe sostenerse en hechos y señalar que PGU no estaría financiada, no sólo atenta contra el principio de buena fe sino que agravia al Congreso”.
En el momento, la secretaria de Estado fue consultada por la publicación del senador y, al respecto, contestó que “es muy lamentable que se suspenda un diálogo que es necesario para el país porque el pacto fiscal, así como la reforma previsional, no son para un determinado Gobierno, son para mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas, y esperemos que se pueda despejar este punto”. Jara añadió que el ministro Marcel en la mañana (de ayer) “ha sido bastante explicativo en lo que señaló” y llamó a que la polémica “no se use como argumento para negarse a un debate de fondo”.
El domingo, apenas los dichos del ministro Marcel empezaron a generar reacciones, desde el Ministerio de Hacienda llegaron documentos que respaldaban lo expresado por su titular. Uno, del 6 de enero de 2022, es del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), en el que advierten lo siguiente: “La PGU se trata de un gasto previsional permanente que, en régimen y en un escenario sin reajustes reales de su valor, alcanza aproximadamente a 0,95% del PIB anual. En consecuencia, lo prudente es asegurar ingresos permanentes por un valor al menos equivalente a 0,95% del PIB en régimen para financiar de manera sostenible la PGU”. Además, el CFA identifica “una serie de precauciones y limitaciones respecto de esta fuente de financiamiento y plantea que un análisis de sostenibilidad de largo plazo no debiera basarse en una programación financiera de mediano plazo, menos aún en un contexto de déficit estructural”.
El titular de la Segpres, Álvaro Elizalde, explicó en ‘Tolerancia Cero’ que el actual ministro de Vivienda, Carlos Montes, cuando era senador, advirtió sobre el financiamiento de la PGU, y también dijo lo mismo del senador Ricardo Lagos Weber y la senadora Ximena Rincón. Sin embargo, esta última, quien era presidenta de la Comisión de Hacienda cuando se tramitó la Pensión Garantizada Universal, aseguró que esa preocupación del Consejo Fiscal Autónomo se diluyó tras “dejar sin efecto la eliminación del 0.2% al Fondo de Pensiones del proyecto original, el CFA estimó que el financiamiento vía provisiones es un financiamiento válido”. La senadora Rincón agregó que “con toda esa información, decidimos aprobar el aumento a la PGU, que tenía como financiamiento mitad provisiones presupuestarias y el resto por eliminación de exenciones y una protección que a 2025 se financia enteramente con eliminación de las exenciones”.
El otro documento que entregó Hacienda fue un reporte de LarrainVial del 4 de enero de 2022 y que lleva por título “Insuficiente financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) induciría un renovado deterioro fiscal”. En el documento se advierte: “En este entorno, tan solo la mitad del costo del proyecto PGU se financia con ingresos recurrentes. El financiamiento que se propone es incompleto y la generación futura de ingresos no cubriría la provisión para financiamientos comprometidos”. Además, LarrainVial agrega que lo más probable “es que el proyecto de gastos asociado a la PGU –que de acuerdo con Ministerio de Hacienda tiene un costo neto de USD 2.922 millones, 0,95% del PIB– se apruebe antes de que la Administración Piñera termine su mandato en marzo 2022. El financiamiento quedaría pendiente hasta después que asuma la Administración Boric”.
Tesis que no solamente rondaba en el mundo financiero, pues el senador Ricardo Lagos Weber también dijo, el 21 de enero del año pasado, que si bien “el corto plazo está financiado, en consecuencia no tendría problemas el próximo Gobierno (de Gabriel Boric) para sus efectos”, pero, al mismo tiempo, sostuvo que, como “este es un beneficio permanente, entonces se requiere ingreso permanente, entonces, hay incertidumbre respecto a si la fuente de financiamiento va a rendir todo lo que se supone que va a rendir”.
El Gobierno ya ha supeditado distintos aspectos del programa al éxito del nuevo pacto fiscal y eso ha generado resistencia en la oposición. Sin embargo, el tema del financiamiento tributario de la PGU era una materia que venía advertida.
