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Créditos: Agencia Uno.
En el día que conmemora a los pueblos originarios, se instalará la Comisión para la Paz y el Entendimiento. En el Palacio de La Moneda, con diferentes autoridades y presidentes de los partidos, se llevará a cabo la ceremonia que dará inicio a esta instancia, la que tiene como objetivo saldar la deuda territorial que el Estado de Chile mantiene con el pueblo mapuche, además de entregar una propuesta de modificación a la Ley Indígena, junto a un plan concreto de nuevo acuerdo entre el Estado y dicho pueblo originario. Si bien los resultados de la Comisión se entregarán recién en 2025, su conformación será noticia, pues al conocer los nombres de sus integrantes se regularán las expectativas que, hasta ahora –según expertos–, son limitadas. Si bien hoy se revela quiénes serán los integrantes de las comisiones, voces al interior del Congreso anticiparon que hay algunos nombres que liderarán la instancia. Estos son el exministro Alfredo Moreno (cercano a Chile Vamos) y el senador Francisco Huenchumilla (DC).
A las 12:00 horas de hoy, miércoles 21 de junio, se llevará a cabo la instalación de la esperada Comisión para la Paz y el Entendimiento, que tiene por objetivo buscar una solución al conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche en el sur del país. En un contexto recrudecido por los recientes atentados en las regiones de La Araucanía y del Biobío y después que se revelara que el Presidente Gabriel Boric no alcanzaría a resolver la restitución de tierras en su administración, este nuevo organismo pone a prueba –una vez más– la capacidad del Estado para solucionar un conflicto histórico.
La Comisión para la Paz y el Entendimiento fue anunciada por el Mandatario en noviembre del 2022 y se contemplaba que empezara a operar en marzo de este año, para entregar sus resultados en 2025, cuando se cumplen 200 años del Tratado de Tapihue, el que reconoce a la autonomía de la nación mapuche y entrega reconocimiento territorial. Los objetivos que tiene, según detalló el Presidente en noviembre, es “proponerle al país mecanismos concretos con plazos concretos para saldar esta deuda que el Estado de Chile tiene con el pueblo mapuche en un plazo que acordemos con las partes, pero que más que seguro excederá este Gobierno”.
En concreto, la Comisión deberá entregar una propuesta de nueva política de reparación que conste en una reforma a la Ley Indígena, ya que –entre algunos problemas que se le atribuyen– no respeta el derecho internacional aplicable a los pueblos indígenas y regula la delimitación de sus tierras. Además, deberá presentar un nuevo trato entre el Estado y las comunidades mapuche.
Uno de los primeros temas que tendrá que resolver esta instancia es cómo se materializa la demanda histórica de la restitución de tierras al pueblo mapuche. Si bien es una promesa de campaña del Presidente Gabriel Boric, esta tiene distintas formas de aplicación y, por lo tanto, un margen de expectativas variado.
En su segunda Cuenta Pública, el Primer Mandatario se comprometió con que el funcionamiento de la Comisión empezaría el 21 de junio y que “deberá catastrar las tierras ancestrales reclamadas por comunidades mapuche, además de los Títulos de Merced, y propondrá al país mecanismos concretos, con plazos establecidos, que permitan reparar esta deuda histórica abordando la raíz del conflicto e identificando a la vez qué tierras no pueden ser devueltas”.
Luego de que el diputado Miguel Mellado (RN) grabara sin autorización al Presidente Gabriel Boric en la reunión de Cerro Castillo, se transparentó que la restitución de tierras sería un testimonio que tendría que resolver el próximo Gobierno y que, además, aún no existe claridad respecto a qué se entenderá por “tierras ancestrales”, vale decir, si se ocupará un criterio de presencia continua, de pertinencia cultural como los cementerios o lugares de ceremonia, o alguna otra alternativa.
La ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), en la vocería que dio en reemplazo de la ministra Camila Vallejo (PC), que estaba enferma, sostuvo que lo que se entienda por ‘tierras ancestrales’ será una definición que “se va a dar de ahora en adelante en el marco de este proceso de diálogo”.
La ministra de Interior, Carolina Tohá, definió ante el Congreso –el 9 de mayo de este año– que el objetivo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento es “liderar un proceso de diálogo y construcción de acuerdos para abordar institucionalmente el conflicto y otorgar soluciones de Estado al problema de tierras”.
En esa presentación, explicó que la Comisión, que estará integrada por 5 a 7 integrantes, tendrá un perfil conformado por líderes políticos con trayectoria nacional y local. Además, existirá paridad mapuche, no-mapuche, equilibro de género y equilibro entre oficialismo y oposición. Otros organismos que trabajarán al alero de dicha instancia, serán los siguientes: un Consejo de expertos compuesto por 7 a 9 integrantes; los consejos regionales y territoriales; y una Secretaría Ejecutiva –del Gobierno– que se encargará de aspectos administrativos, como las comunicaciones, documentación, investigación, catastro, archivo, registro y atención al público.
Si bien hoy se revela quiénes serán los integrantes de las comisiones, voces al interior del Congreso anticiparon que, hasta ahora, el senador Francisco Huenchumilla (DC) y la diputada Emilia Nuyado (PS) son nombres que aparecen entre quienes serán parte de este nuevo organismo. También suena el nombre del exministro Alfredo Moreno (cercano a Chile Vamos) como posible líder de la instancia.
La existencia de personajes que representen al mundo privado en esta nueva institución es otra pregunta abierta y, para fuentes que bregan hace años por la restitución de tierras, es un factor de incertidumbre que altera las expectativas que tenían de este proceso.
El senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, adelantó el lunes en La Moneda que, según lo que entiende, “va a haber representantes de distintas sensibilidades que están conectadas con la arista compleja del conflicto”. Latorre consideró importante que las forestales sean parte de las conversaciones, pues “si queremos mirar hacia adelante y si queremos que haya paz y entendimiento y justicia por la deuda histórica que tiene el Estado con el pueblo mapuche, también ese sector privado tiene que estar representado en la mesa, y no sea una Comisión más que saca buenas conclusiones, pero quedan archivadas en los escritorios de La Moneda”.
La académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Verónica Figueroa Huencho, quien se especializa en gobernanza en contextos interculturales y procesos de formulación e implementación de políticas públicas indígenas, sostiene que “el momento que estamos viviendo es un momento con muchas expectativas en algunos sectores de los pueblos indígenas con el proceso constituyente pasado y el que estamos actualmente también, y que de alguna manera también se esperaba que el Gobierno tuviese un rol importante, sobre todo porque en su programa de gobierno nos hablaba de conceptos como plurinacionalidad y avanzar obviamente en derechos que han sido postergados, ignorados incluso por todos los gobiernos desde el regreso de la democracia”.
Figueroa agrega que, a pesar que los distintos hitos y comisiones que han tratado de abordar esta problemática y los dichos del Presidente Boric respecto a que lo que se necesita hoy es tratar de trazar cuáles son los caminos para la solución, “sobre todo con demandas que no han sido respondidas, la verdad es que yo diría que las expectativas son bien limitadas de los alcances que pueda tener esta Comisión”.
La académica subraya que, en cuanto a los nombres que integren la instancia, “no es un tema menor”, pues al ver cómo se ha involucrado a sectores de múltiples intereses –como los pueblos indígenas, forestales, empresas extractivistas y sectores de la sociedad civil– “algunos pueden ser reacios a abordar un diálogo respecto de la restitución territorial en los términos que estamos esperando los pueblos indígenas”.
Cristóbal Carmona, investigador en el Centro de Derechos Humanos de la UDP, y quien ha visto el proceso en pos de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, considera importante el hecho de que participen distintos actores, “para tratar de asegurar la viabilidad de su funcionamiento y que, al mismo tiempo, los resultados, las conclusiones a las que se lleguen, si son por un grupo transversal, políticamente transversal, puedan ser finalmente ejecutadas”.
Ahora, Carmona también sostiene que “en general hay una cierta desconfianza de las comisiones que se han realizado, incluso en la Comisión de Verdad Histórica ya nos pasó que hicieron una serie de propuestas y que finalmente no fueron ejecutadas”. En ese sentido, el académico cree que una integración diversa puede darle viabilidad a la Comisión actual y “quizás no replique las experiencias pasadas”.
Sobre su instalación, esta se da en el contexto de un clima de violencia en el sur, por lo que Carmona cree que es “bastante significativo el poder lanzar la Comisión efectivamente en un momento donde hay alta tensión en el sur del país, porque justamente creo que va a también abordar esas tensiones”.
En tal sentido, el investigador de la UDP explica que es una buena oportunidad para “separar y tratar de encauzar aquellas demandas legítimas que tienen que ver con restitución de tierras y otras de índole más delincuencial, si se le quiere llamar así”.
