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El ministro de Vivienda, Carlos Montes, presentó a Gabriela Elgueta como nueva subsecretaria en reemplazo de Tatiana Rojas, quien dejó su cargo en medio de la controversia generada por los convenios con la fundación Democracia Viva. Montes expresó su “rabia” ante la situación y lamentó que se esté perdiendo tiempo valioso para abordar los problemas habitacionales. Aunque evitó referirse directamente a las declaraciones de la diputada Catalina Pérez, afectada por la polémica, afirmó que el enfoque debería estar en responder a las necesidades de las familias. A pesar de ello, reafirmó que el equipo seguirá trabajando en sus responsabilidades dentro del marco democrático.
A una semana del despido de Tatiana Rojas (RD) por su rol en el escándalo de los convenios suscritos entre la Fundación Democracia Viva y el seremi de Vivienda, Carlos Contreras (RD), la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia informó que a contar de este sábado el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, ha nombrado a Gabriela Elgueta Poblete como Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo.
Gabriela Elgueta es administradora pública de la Universidad de Chile. A la fecha, se desempeñaba como administradora regional del Gobierno Regional de Santiago y directora de Metro. De acuerdo al comunicado del Ejecutivo, Elgueta ha trabajado en diversas reparticiones públicas como la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), las Municipalidades de Santiago y Peñalolén y la Subsecretaría de Desarrollo Regional dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
En la presentación de la nueva subsecretaria, el ministro de Vivienda, Carlos Montes fue consultado por los dichos de la diputada Catalina Pérez (RD) quien rompió su silencio de semanas para declararse inocente en el denominado “caso convenios” y para lanzar una fuerte crítica al timonel de su partido, el senador Juan Ignacio Latorre. No obstante, el secretario de Estado apuntó a la investigación que está llevando la Fiscalía. “Estamos trabajando con mucho rigor en esto. Hemos hecho distintas cosas, tenemos sumario dentro del Ministerio, estamos ayudando al fiscal designado para este proceso”, señaló.
Asimismo, se refirió a las nuevas indagatorias que han surgido en los últimos días, destinadas a analizar los contratos entre fundaciones y el Estado. Se trata de la investigación de los contratos entre la Seremi de Vivienda del Maule y la fundación Urbanismo Social, y la indagatoria por un convenio entre la Fundación Comprometidos y la Seremi de Vivienda de Atacama.
“Estamos investigando y reuniendo antecedentes preliminares en el caso de Maule y ahora en el caso de Atacama. A partir de todo esto, vamos tomando decisiones y proponiendo decisiones”, explicó Montes, junto con expresar su sentir respecto al caso.
“Esto nos da mucha rabia porque estamos dedicando demasiado tiempo a una tarea que no debiera ser lo central, debiéramos estar dedicados a responderles a las familias que no tienen vivienda porque es la tarea”, fustigó.
Pese a la rabia, Montes matizó sus dichos: “Pero en democracia tenemos que asumir lo que corresponde a nuestras funciones y nosotros vamos a seguir actuando como equipo porque así se trabaja”.
Sobre la llegada de Elgueta a la Subsecretaría de Vivienda tras la salida de Tatiana Rojas, el ministro Montes evitó hacer comparaciones, apuntando a que la nueva autoridad “sabe mucho más que yo sobre el procedimiento de sumario y cómo se enfrentan a irregulares de irregularidad entre el Estado y estos son responsabilidad de todos los que tenemos cargos públicos”.
“Ella lo conoce mejor por distintas experiencias que he tenido y esperamos que haya un gran aporte para clarificar muy oportunamente las respuestas”, añadió.
Por su parte, la subsecretaria Elgueta reconoció que “parte del mandato es poder, efectivamente, revisar los procedimientos. Este tipo de crisis también genera en este tipo de oportunidades y poder revisar también la situación región a región”.
“Eso tiene que estar regulado para que no se produzcan áreas grises que permitan efectivamente que puedan derivarse a otro tipo de situaciones”, dijo.
Consultado por la decisión de Contraloría de congelar la toma de razón de los convenios entre fundaciones y el Estado, el jefe del Minvu advirtió que “podría haber consecuencias. Eso se refiere no a todos los convenios, se refiere a los convenios que se requieren tomar de razón”.
“Esperamos que la Contraloría tenga un criterio lo más rápido posible, porque hay preocupación de las organizaciones sociales, de los vecinos, que tenían proyectos en marcha, que se puedan detener”, precisó.
