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La máxima autoridad regional maulina respondió a las críticas sobre la millonaria transferencia aprobada para financiar el programa “Juntos y juntas nos sentimos más seguros” de la organización ligada a RD. El Gore del Maule aseguró que el programa aún no ha comenzado, no se han contratado personas ni se ha rendido ningún gasto. Notificaron a Urbanismo Social su intención de rescindir el convenio y no llevar a cabo el programa.
El Gobierno Regional (Gore) del Maule salió al paso de los cuestionamientos por la millonaria transferencia aprobada a la Fundación Urbanismo Social para financiar el programa “Juntos y juntas nos sentimos más seguros”, y para el cual la polémica organización ligada al partido frenteamplista Revolución Democrática (RD) se había adjudicado $264 millones.
La ONG era liderada hasta el año pasado por su fundadora, la ingeniera de la Universidad Católica Pilar Goycoolea –cercana al Gobierno–, y en la que el actual titular de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda del Maule y militante de RD, Rodrigo Hernández, desempeñaba el cargo –también hasta el año pasado– de director del Área Jurídica de la fundación.
A través de un comunicado, el Gore del Maule aseguró que hasta la fecha “no se ha dado inicio al programa, no se ha contratado a ninguna persona, no se ha efectuado rendición de gasto alguno”.
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La máxima autoridad regional encabezada por la gobernadora Cristina Bravo (DC) informó que notificaron a Urbanismo Social con “la intención de resciliación del convenio, extinguiendo las obligaciones y dejando sin efecto cualquier acción del programa” y, por consiguiente, “no iniciar ni ejecutar el programa presentado por dicho organismo”.
El Mostrador reveló el detalle de la transferencia para el proyecto que buscaba “disminuir la percepción de inseguridad” en la Región del Maule, pero que terminó generando más dudas que seguridad. La ONG debía remitir semestralmente al Gobierno Regional un informe para dar cuenta del avance efectivo de las actividades realizadas. El convenio fue decretado el 22 de diciembre de 2022. El plazo para llevar a cabo todas las actividades del proyecto se extendía hasta el 30 de junio de 2024.
Cabe mencionar que el decreto especificaba que “los recursos a los que se refiere este numeral y el siguiente no serán incorporados en los presupuestos de las entidades receptoras, sin perjuicio de que estas deberán rendir cuenta de su utilización a la Contraloría General de la República”.
El Gore del Maule también sostuvo que no incidió en la postulación a trabajo por parte del concejal curicano Javier Ahumada a la Fundación Urbanismo Social. “Él fue por voluntad propia”.
La gobernadora Cristina Bravo, en entrevista con la radio local VLN, declaro que “aquí no hay nada irregular, los recursos del Maule están bien resguardados”.
