PAÍS
La Fiscalía de la Región de Arica y Parinacota acusó al clan “Los Gallegos de Caracas” por 22 delitos, solicitando 11 cadenas perpetuas en contra de sus líderes y sicarios, que están imputados, entre otros hechos, por siete homicidios. En las investigaciones se incautaron 12 cuadernos contables del grupo, que evidencian ganancias del orden de los 65 millones de pesos al mes, las que iban directamente a las arcas del líder de la organización criminal, en Tacna.
Ganancias por sobre los $400 millones obtuvo durante un periodo de menos de seis meses (entre enero y mediados de junio de 2022) una de las células más grandes del Tren de Aragua en Chile, el clan de “Los Gallegos de Caracas”, asentado en el sector del cerro Chuño, en Arica, según los datos entregados por el Ministerio Público en la acusación que presentó el miércoles en contra de 44 miembros de dicha asociación criminal, con la cual culmina la primera investigación chilena en contra de una de las facciones de dicho brazo armado.
En la acusación, donde se solicitan 11 penas de presidio perpetuo en contra de los líderes y sicarios del grupo, se detalla además que durante los tres megaoperativos efectuados en contra de la banda, en 2022 e inicios de 2023, se incautaron 12 libros contables que dejan en evidencia un escrupuloso detalle de todos los ingresos y gastos del grupo.
Por cierto, en la Fiscalía y la PDI existe absoluta convicción en orden a que no ha sido encontrada toda la contabilidad (así como tampoco se han hallado los cuerpos de todas las personas asesinadas por “Los Gallegos”), pero de lo analizado hasta el momento se tiene la certeza de que las ganancias del grupo eran de la magnitud indicada, sobre la base de los peritajes contables efectuados por la Policía de Investigaciones.
De acuerdo con lo explicado por el Fiscal Regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, el clan de “Los Gallegos de Caracas” es “un brazo operativo del Tren de Aragua”, agregando que “se trata de una megainvestigación que ha permitido dar fuertes golpes contra el crimen organizado y dejar tras las rejas a acusados sumamente peligrosos. La etapa investigativa ya está concluida y ahora corresponde seguir su proceso en sede judicial, a través de un juicio oral en que presentaremos todo nuestro trabajo para acreditar la participación de los acusados y que sean sancionados por estos hechos”.
En total, la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Arica está acusando a los miembros del grupo de 22 delitos, desde 7 homicidios (los que incluyen varios asesinatos en los cuales las víctimas eran integrantes de la organización) hasta tráfico de personas con fines de explotación sexual, tráfico de drogas, amenazas, extorsiones, secuestros, lavado de activos, robos, tráfico de armas y mucho más, todo enmarcado en lo que, de acuerdo con la Fiscalía, es una asociación ilícita que tenía un objetivo que iba mucho más allá de la simple comisión de los delitos, pues lo que perseguía –como ha quedado en evidencia en varias partes del país, donde han actuado otras facciones del Tren de Aragua– es el dominio territorial del sector.
De hecho, en la acusación motejan al grupo como “una empresa criminal”, liderada desde Perú por el líder del Tren de Aragua en la costa pacífica del continente, Félix Anner Castillo Rondón, más conocido como “Pure Anner”, un sujeto de gustos caros y vida acomodada, que se comunicaba directamente con los líderes del grupo en distintas cárceles de Venezuela y a quien sus subordinados no podían hablarle directamente, si es que no contaban con permiso para ello.
Castillo, cuya última ubicación conocida es Tacna y en contra de quien existe una orden de captura internacional, era no solo el que mandaba a “Los Gallegos”, sino que además era el receptor de los dineros que se recaudaban y que se enviaban a Perú por medio de distintas vías, pero principalmente a través de mulas humanas, sujetos que atravesaban el desierto de madrugada con mochilas rebosantes de dólares (la única moneda que le interesa a la organización) o por medio de giros menores de 10 mil dólares, realizados a través de casas de cambio o empresas de transferencias, a fin de sacar el dinero ilegal desde Chile.
En efecto, como se indica en el escrito, a uno de los pocos chilenos implicados con el grupo, el empresario ariqueño Álvaro Muñoz Sotomayor –dueño de dos discotecas en las cuales se ofrecían los servicios de mujeres esclavizadas por el Tren de Aragua–, se le incautaron 20 mil dólares en dinero efectivo cuyo objetivo era, según la Fiscalía, ser enviados a Castillo.
De los acusados, 36 son de origen venezolano. También hay un colombiano y un dominicano y el resto son ciudadanos chilenos. Entre ellos, también hay un excarabinero, Sebastián González Castillo, quien tenía su propia banda de narcotraficantes y que suministraba armas y vehículos a “Los Gallegos”. Uno de esos móviles, de hecho, fue usado en un secuestro.
El carácter empresarial del grupo queda en evidencia, además, por el constante recambio de miembros, cada vez que eran detenidos, y por el hecho de que hoy, habiendo 44 de ellos encarcelados en distintas partes del país, sigue contando con recursos que no solo les posibilitan mantener un buen nivel de vida al interior de los penales, como han observado distintas fuentes, sino que, además, les han permitido contratar abogados penalistas particulares, algo bastante peculiar si se tiene en cuenta que se trata de migrantes irregulares que, durante su permanencia en Chile, prácticamente no ejercieron actividad lícita alguna.
Lo que “Los Gallegos de Caracas” hicieron en el cerro Chuño no dista mucho de lo obrado por el Tren de Aragua en los cités de Estación Central, Santiago centro, el sector central de Concepción o Alto Hospicio: controlar territorialmente un lugar, a fin de manejar todo el comercio clandestino de la zona por rubros o “plazas”, como ellos los llaman. De ese modo, luego de la cabeza del clan en Arica, había “jefes de plaza” en lo que concierne a drogas, sicariato y, también, estaban “los jefes de plaza de mujeres”, refiriéndose a los sujetos encargados de esclavizar a venezolanas que eran ingresadas ilegalmente por ellos mismos al país (o bien captadas en la frontera) y que, una vez en territorio nacional, eran sometidas a un régimen semejante a la esclavitud, obligadas a trabajar en prostíbulos locales, a fin de pagar una deuda de tres millones de pesos por el traslado, a lo que se sumaba una “vacuna” semanal, un cobro extorsivo, el que habitualmente rondaba el 75% de sus ingresos.
Si alguna de ellas intentaba escapar, la primera advertencia era muy simple: si ello ocurría, asesinarían a alguno de sus familiares en Venezuela, a todos los cuales tenían identificados, del mismo modo como, por ejemplo, tienen actualmente identificados a los familiares de algunos gendarmes. De hecho, una de las acusaciones en contra del grupo es por las amenazas de uno de los jefes de “Los Gallegos” contra un gendarme, a quien dijo que “lo único de que tienes que tener cuidado es que no le pase nada”, esto respecto a su esposa, a quien identificó por su nombre de pila.
Si las mujeres víctimas de esta explotación sexual insistían en escapar, eran simplemente secuestradas y llevadas a la casa de torturas que el grupo tenía en el cerro Chuño, una mediagua en la cual no solo flagelaban a sus rivales y a quienes hacían caso omiso de la férrea disciplina de la banda, sino que también ocuparon para enterrar el cadáver de uno de ellos, José Niño Graterol, al cual asfixiaron luego de torturarlo, para enterrar su cadáver en el patio de la vivienda. Aunque su identificación inicial costó mucho, en uno de sus tobillos era visible el tatuaje de un fusil AK-47, lo que indicaba su pertenencia al grupo.
No lejos de allí sepultaron a otras dos víctimas que eran igualmente parte de la organización criminal: los primos Orlando Rondón Varela y Brayan Estrada Rondón, cuyos cuerpos fueron encontrados en mayo recién pasado, debajo de una losa de 20 cm de grosor, aunque fueron asesinados en diciembre. También habían sido torturados y luego de ello fueron asfixiados y recubiertos con pintura, a fin de evitar que el olor traspasara el cemento.
Aparte de aquello, el grupo está acusado de otros cuatro homicidios (entre las víctimas hay dos chilenos), pero se sabe que cometieron muchos más crímenes y que buena parte de sus víctimas eran miembros de la facción que se quedaron con dinero, que quisieron regresar a su país o que, simplemente, se mostraron rebeldes. Se cree que varios cadáveres pudieron haber sido sepultados en el desierto, incluso en Perú.
En efecto, una de las claves del éxito del Tren de Aragua es que cuenta con una disciplina férrea, casi militar, y que así como cuida a sus miembros pagándoles desde la ropa y la alimentación hasta las armas que usan, castiga ferozmente cualquier disidencia, con una pena casi única: la muerte.
Se estima que la audiencia de preparación de juicio debería realizarse hacia la última semana de julio y, de no producirse atrasos en la tramitación, el megajuicio oral contra los 44 imputados debería comenzar hacia septiembre, sin que hasta la fecha se tenga claro dónde se realizará ni cómo se hará, dado que requerirá de una serie de medidas de seguridad extremas.
Cabe mencionar que, además del caso de Arica, en las fiscalías de Iquique y Metropolitana Centro Norte se desarrollan investigaciones en las cuales se estima que existen por sobre 30 imputados, también acusados de delitos como secuestros, homicidios, extorsión, tráfico de drogas, armas y personas, entre otros delitos. En Concepción hay 10 imputados por hechos semejantes, mientras que en Puerto Montt existen seis integrantes del Tren de Aragua imputados por tráfico de personas con fines de explotación sexual. En Temuco, en tanto, existe una cantidad semejante de acusados por un doble homicidio.
Hasta la fecha, en Chile se han detectado al menos seis facciones del Tren de Aragua. Además del grupo que conserva el nombre original, que estaba al mando de “Estrella”, Carlos González Baca, están también “Los Gallegos de Caracas”, “Los Orientales”, “Los Valencianos”, “El tren del desastre” y “El tren del norte”, los que, reproduciendo el esquema de dominación geográfica, se han asentado en distintas zonas y han generado una importante cantidad de homicidios, a partir de disputas territoriales y de dinero.
