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El cuarto suicidio de una víctima de trauma ocular del estallido social encendió las alarmas en el Ministerio de Salud, junto con revivir el dolor de quienes sufrieron daño ocular y las agrupaciones que los apoyan, por el abandono del Estado. La violenta muerte de J. S., esta semana, también volvió a instalar el debate sobre el acompañamiento y el tratamiento de salud mental de los afectados, ya que pocos días antes había visitado a su médico. “Efectivamente, las víctimas que se quitaron la vida son cuatro, y hay una cantidad importante de pacientes que han intentado suicidarse. Eso hace pensar que el programa de salud mental tiene algo muy relevante que corregir”, señala la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, la diputada Ana María Gazmuri (AH). El Minsal comenzó a hacer un levantamiento de información sobre la situación de los pacientes, mientras las víctimas alistan para este viernes una marcha frente al Palacio de Gobierno.
“Hija, perdóname. No quiero vivir así. Te amo”. De esta forma comienza la carta de un joven de Valparaíso, de 33 años, cesante y afectado por una profunda angustia desde que perdió uno de sus ojos, durante los días del estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019.
Dichas palabras son parte de un mensaje de despedida para sus hijos. Lo dejó en un papel, en su hogar, y decidió poner fin a su vida de una forma silenciosa hace dos años. No obstante, “la vida quiso retenerlo y sobrevivió”, cuenta a El Mostrador un conocido del hombre que sobrevivió a su intento y que pide no revelar su nombre.
Un destino opuesto, en un acto suicida distinto, puso fin a los difíciles días que atravesaba otro joven de Maipú, J. S., quien la semana pasada se quitó la vida en una estación del Metro de Santiago.
Sus conocidos relatan que sus síntomas eran similares a los del paciente cuyo intento no resultó: un largo periodo de dolor e impotencia, pena por la pérdida de su ojo, desesperanza ante el sistema de justicia, en un marco de escasa ayuda psiquiátrica para su angustia.
Ambos hechos son parte de una realidad soterrada que comparten cientos de personas que fueron víctimas de violencia policial en el contexto del estallido social del año 2019. Vale decir, más de 400 pacientes con daño ocular, de un total de afectados que no ha podido ser precisado por el INDH, el Minsal, el Ministerio de Justicia, ni por las asociaciones de Víctimas de Traumatismo Ocular, porque muchos –explican– han rechazado la ayuda.
Hasta ahora, se registra el suicidio de cuatro de víctimas de trauma ocular posestallido, mientras que –según pudo establecer El Mostrador– existen al menos cinco personas que han intentado sin éxito dejar de vivir.
La muerte del joven J. S., ocurrida la semana pasada, volvió a instalar en el Gobierno un incómodo debate sobre cómo ha sido el acompañamiento, el tratamiento ocular y la salud mental de los afectados.
Marta Valdés, vocera de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular (CVTO), no tiene dudas: “Ha habido un total abandono de las víctimas de trauma ocular por más de dos años”. La CVTO surgió –cuenta– como respuesta a la necesidad de agrupar y organizar a las personas que, a raíz del estallido social, “han sido víctimas de traumas oculares ejercidos por violencia del Estado”. Detalla que su propósito es “encontrar verdad, justicia y reparación a través de la autogestión, además de ser un grupo de apoyo en lo médico, legal, emocional, social y otros, para los afectados”.
Madre de una menor que en el estallido fue una de las víctimas de trauma ocular, Marta Valdés confirma que cuatro víctimas de dicho periodo se quitaron la vida, y que se registra una cantidad importante que “lo han intentado, pero no lo lograron. Y no queremos más compañeros en esa condición”, expresa.
“He conocido el caso del suicidio de P. P. y de J. S., pero tengo entendido que son cuatro en total. No sé sus nombres, pero no tengo por qué dudar de esas familias que lo cuentan”, dice Valdés.
En la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular hay rabia y dolor. Afirman que el Estado los olvidó, que el Presidente Gabriel Boric los decepcionó con la ley Naín-Retamal, que el Programa PACTO, lanzado en agosto del año pasado por el Mandatario, “ha sido precario y lento”.
Una minuta elaborada por la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Minsal, a cargo de Osvaldo Salgado (PS), plantea que hay dudas sobre el correcto funcionamiento de este programa: “El lamentable fallecimiento de J. S., beneficiario de PACTO, es consignado como la cuarta persona que se suicida asociada al Plan, por lo cual existen dudas respecto del funcionamiento de este. En virtud de ello, se han enviado al menos dos oficios: uno, de la Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, y otro del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ambos ocupan la palabra desidia en sus declaraciones. Respecto de J. S. se debe hacer presente que este tuvo un total de 108 horas asignadas, entre el 30 de enero de 2020 y el 27 de junio de 2023, de las cuales concurrió a 72 horas, 13 de ellas durante el año 2023, incluyendo 8 a cargo de un sicólogo y 2 de un siquiatra”.
La minuta agrega que se instruirá una auditoría, y no un sumario administrativo, para determinar si en los cuatro suicidios hay una relación con las falencias del programa PACTO, que cuenta con un presupuesto de $2.300.476.
“Dada la relevancia de PACTO, se instruirá a la brevedad una auditoría externa del mismo, que dé cuenta de su funcionamiento y logro de objetivos, y en particular, que intente buscar –si ello fuese posible– alguna relación entre estas materias y los lamentables decesos de las personas beneficiarias del mismo“, agrega el documento.
También señala que “durante el 2022, se realizaron un total de 2.567 atenciones a 1909 personas, en 7 áreas (oftalmología, prótesis, psiquiatría, psicología, tecnología médica, terapia ocupacional y asistencia social), en todas las regiones excepto Aysén y Magallanes. Incluye además los gastos de traslado y alojamiento”.
Hay diferencias en las cifras que manejan el INDH, el Ministerio de Salud y las estimaciones de la agrupación de víctimas. El primero habla de cerca de 430 personas con daño en uno o ambos ojos por balines o bombas lacrimógenas lanzadas en esos días por la policía uniformada. Mientras que en la agrupación estiman que son cerca de 500 personas, y que casi un centenar ha optado por no aceptar la ayuda estatal por desconfianza, “temor de revelar su identidad, o miedo a represalias”.
Sin embargo, en las tres instituciones coinciden en que desde la pandemia hubo un abandono o interrupción prolongada en los tratamientos psicológico y psiquiátrico.
“El programa Tiro era precario, el primero que partió, tenía un psicólogo para más de 300 víctimas de trauma ocular. No había un número de profesionales para hacer un tratamiento serio, real. Tampoco había fármacos ni psiquiatras. Se lo pedimos al exministro Mañalich, los remedios eran carísimos, no había quién lo financiara. Solo el 2022 logramos que el Minsal entregara los remedios y pusiera más de un psicólogo, y un médico en el programa PACTO”, señala Valdés.
Según explica, PACTO mejoró algunas cosas, pero es insuficiente. “No ha dejado de haber abandono. No hay una preocupación constante en salud ni en justicia. El Estado viene a hacerse cargo del daño psicológico y psiquiátrico de nuestros compañeros, pero han pasado más de dos años. En dos años los problemas psicológicos me han hecho mella. Es tarde”, dice Marta Valdés.
Y agrega: “Por lo menos el subsecretario de Justicia nos dijo que hoy día se está haciendo una casa para PACTO, una casa que es hacer un espacio donde pueden estar nuestros compañeros y atenderse sin ir al Hospital del Salvador”.
Luego del suicidio del joven de Maipú en el metro, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, le solicitó al nuevo subsecretario de Redes Asistenciales supervisar un levantamiento de información sobre la situación de los pacientes y un informe con los casos de suicidio.
De hecho, fuentes cercanas al caso de J. S. relatan que había asistido a varias consultas psiquiátricas, pero se había comenzado a distanciar de sus médicos.
“Hay bastantes intentos de suicidio, por eso tenemos el *4141 (asterisco, cuatro, uno, cuatro, uno), el Programa de Prevención del Suicidio. En el caso de las víctimas, en el programa tenemos el caso de otra persona más. Ahora comenzamos un estudio más detallado para precisar esa información y los intentos de suicidio también”, señala a El Mostrador una alta fuente del Ministerio de Salud.
La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, la diputada Ana María Gazmuri (AH), ha estado desde 2020 en contacto con las víctimas de trauma ocular y es crítica del programa de salud mental impartido. “Efectivamente, las víctimas que se quitaron la vida son cuatro, y hay una cantidad importante de pacientes que han intentado suicidarse. Eso hace pensar que el programa de salud mental tiene algo muy relevante que corregir”, sostiene la legisladora.
Y agrega: “Si estamos frente a una cuarta víctima que se ha quitado la vida, evidentemente hay un fracaso de aquel programa de reparación que se ha intentado impulsar. Eso creo que es un primer elemento que salta a la vista. Justamente esto nos habla de que lo que se ha hecho no ha sido suficiente. Nosotros pudimos corroborar que efectivamente en el caso de J. S., días antes de su fallecimiento, había tenido algunas de estas prestaciones médicas”.
El otro caso de suicidio conocido por el Minsal es el de P.P, un joven de 26 años, de Valparaíso, que decidió quitarse la vida producto de una depresión luego del ataque por parte de funcionarios de Carabineros.
Uno de los facultativos del Hospital del Salvador –el principal centro médico oftalmológico que los atiende– explica que, de los 361 pacientes con daño ocular por los días del estallido social, 259 continúan atendiéndose, con daños de diversa consideración. Sin embargo, detalla que tras la pandemia cerca de 30 comenzaron a dejar de asistir a controles médicos, y que al menos 20 tienen miedo de asistir al tratamiento, de entregar sus datos o salir de sus casas.
En tanto, la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular alista una nueva manifestación. “Hemos pedido hablar con el Gobierno, pero no nos atienden. Tuvimos que hacer una manifestación frente a La Moneda para que apareciera el subsecretario de Justicia el viernes pasado. Dijo que nos iba a llamar esta semana, pero no llamó. Este viernes estaremos nuevamente marchando frente a La Moneda”, señala a este medio la vocera de la agrupación.
Valdés también agrega: “Los gobiernos han llegado tarde a los suicidios. El tema de la impunidad ha provocado mucho daño a nuestros compañeros. Boric habla de 50 años de un golpe militar en el cual se violentaron los derechos humanos, pero seguimos en la impunidad desde 2019. Conmemoramos 50 años y no somos capaces de reparar con justicia lo de 2019. Tenemos las querellas ahí durmiendo, como las que durmieron durante la dictadura. No estamos dispuestos nuevamente a la impunidad. Y el Gobierno crea una ley Naín-Retamal para los victimarios”, sostiene
