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Créditos: Agencia UNO
Nuevos antecedentes en el marco de la investigación que busca esclarecer la legalidad de los convenios entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo del Maule apuntan a que el titular del cargo, Rodrigo Hernández, “aparece involucrado más allá de la obligación de inhabilidad que tiene”, sostuvo el ministro Carlos Montes, por lo que hoy se pidió su renuncia, cuyo proceso está en curso. Según el secretario de Estado, Hernández “firmó una autorización para que una entidad de Urbanismo Social –que apoyaba a la asistencia técnica de otro organismo– pudiera estar vigente. Él lo había solicitado originalmente cuando trabajaba en Urbanismo Social, y ahora, más de un año después, cuando estaba vencido, volvió a dar la autorización teniendo inhabilidad para hacerlo”. Además, Montes explicó que el sistema de convenios cuestionados es antiguo y necesita ser cambiado, y que el Presidente Gabriel Boric ha hecho un llamado a indagar y sancionar a todas las personas que hayan cometido irregularidades.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), pidió la renuncia al seremi de la cartera en la Región del Maule, Rodrigo Hernández (RD), exdirector de la Fundación Urbanismo Social, que está siendo investigado en cuanto a la legalidad de los traspasos de recursos públicos desde el Minvu, dejando así caer a uno de los dos personeros públicos que hace poco más de una semana habían sido defendidos públicamente por el Presidente Boric. La primera es la delegada presidencial de Bíobío, Daniela Dresdner, y el segundo era Hernández, respecto de quien el Mandatario señaló en su momento que “con los antecedentes que tengo hasta la fecha –si esos antecedentes cambian, evidentemente uno puede reconsiderar– ni el seremi del Maule ni Daniela Dresdner tienen responsabilidades políticas que pagar”.
Sin embargo, poco después de ello, el ministro Montes inició “un sumario administrativo completo, no solo una investigación sumaria, al seremi de Vivienda de la Región del Maule”, debido a que surgieron más informaciones donde Hernández “aparece involucrado más allá de la obligación de inhabilidad que tiene, a propósito de la firma de una solicitud de darle vigencia a un organismo de Urbanismo Social, al repetirse otro caso de la misma naturaleza, un segundo caso”.
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En la misma línea, el ministro Montes explicó que Hernández se encontraba suspendido de sus funciones. Sin embargo, ante otros antecedentes que aparecieron, el secretario de Estado aseveró que “lo que corresponde es que deje de ser ahora seremi: le pedimos la renuncia“. En ese sentido, la salida del cargo está en proceso, con “reserva de la renuncia para que se apliquen todas las sanciones correspondientes”, afirmó.
Según explicó Montes, “él firmó una autorización para que una entidad de Urbanismo Social –que apoyaba a la asistencia técnica de otro organismo– pudiera estar vigente. Él lo había solicitado originalmente cuando trabajaba en Urbanismo Social, y ahora, más de un año después, cuando estaba vencido, volvió a dar la autorización teniendo inhabilidad para hacerlo”.
Consultado acerca de sus declaraciones anteriores, en las que expresó que los casos de convenios cuestionados databan de administraciones gubernamentales anteriores, el titular de la cartera de Vivienda y Urbanismo enfatizó que “lo que dije de que el sistema es un sistema antiguo de los gobiernos anteriores, para evitar malos entendidos, y que el sistema es un muy mal sistema, que hay que cambiar y ahora estamos viendo cómo cambiarlo, antes incluso habíamos empezado a ver distintas modificaciones”.
Respecto de las instrucciones desde el Presidente Gabriel Boric a las distintas carteras, en medio de los casos por convenios, Montes aseguró que existen al menos tres informes, “uno de los cuales me correspondió hacer a mí. Lo que hace el Presidente es insistir que aquí hay que ir hasta el fondo, hay que investigar todo, todas las personas responsables de irregularidades y eventualmente delitos tienen que ser sancionados”.
“Es el llamado que hace, que es la ética de este Gobierno y la responsabilidad política que tenemos todos los ministros y todos los funcionarios”, concluyó.
