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Créditos: Agencia UNO (archivo).
Jorge Bermúdez, el Contralor Nacional, corroboró la existencia de una auditoría pública en la que se encontraron irregularidades en la gestión de recursos desde la Municipalidad de Recoleta hacia la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), por lo que se formularon cargos a once funcionarios municipales, incluyendo al alcalde Daniel Jadue. Al respecto, el jefe del órgano fiscalizador sostuvo que “efectivamente hay irregularidades que son relevantes, pero no puedo dar más detalles ya que se abre ahora un periodo de descargos por parte de los inculpados -uno de ellos el alcalde- y luego se debe determinar cuál es la sanción”.
El contralor Jorge Bermúdez abordó la formulación de cargos contra el alcalde de la Municipalidad de Recoleta, Daniel Jadue y otros 10 funcionarios, por un sumario abierto en noviembre del año pasado acerca de presuntas faltas a la probidad en torno a la gestión de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp).
En específico, Bermúdez sostuvo que “Contraloría formuló cargos a 11 funcionarios de esa municipalidad, incluyendo al alcalde, precisamente por traspasos de dineros que se hicieron a la Asociación de Farmacias Populares”.
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“Los cargos son reservados, sólo los conocen los destinatarios de los mismos, pero esta es una notificación de cargos que hizo la Contraloría a partir de un informe de auditoría que también había hecho esta entidad, y que fueron notificados el 6 de julio”, apuntó la autoridad del ente fiscalizador.
Según La Tercera, representantes de Contraloría se presentaron el 6 de julio en la Municipalidad, para notificar al edil del levantamiento de tres reproches por la suscripción y aprobación de convenios irregulares, lo que también corroboró Bermúdez desde el Congreso.
Tras una auditoría pública por los traspasos, se inició un proceso de investigación que arrojó un monto cercano a los $600 millones de pesos. Esto “no quiere decir que eso sea una cantidad de recursos que se haya defraudado o que se haya perdido. Lo que estoy diciendo es que ese es el monto que fue objetado producto de la auditoría”.
Al respecto, explicó que “lo que hace la Contraloría es determinar si existen o no responsabilidades administrativas. Efectivamente hay irregularidades que son relevantes, pero no puedo dar más detalles ya que se abre ahora un periodo de descargos por parte de los inculpados -uno de ellos el alcalde- y luego se debe determinar cuál es la sanción”.
“Hicimos una auditoría, es decir, tratamos de determinar cuál era la situación de los traspasos que se habían hecho de recursos desde la municipalidad a esta Asociación de Farmacias Populares. Esa auditoría arrojó que había deficiencias, había montos sin justificar y había una serie de observaciones”, manifestó.
En concreto, la auditoría arrojó “falta de control, hay gastos que no fueron acreditados, hay convenios que faltan, hay falta de supervisión del punto de vista jerárquico”, afirmó la autoridad de la Contraloría General de la República.
“En este momento lo que se abre en un periodo de descargos por parte de los inculpados, uno de ellos el alcalde, y luego se tiene que proceder a determinar cuál es la responsabilidad”, agregó, plazo que vence el 20 de julio.
“Tenemos que ver cuál es la defensa que hacen: todas las personas tienen derecho a la defensa, por cierto, y hay que analizar cargos, descargos y luego más una decisión”, concluyó.
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