El titular de Justicia y Derechos Humanos expresó su preocupación sobre las enmiendas republicanas. Según él, algunos de estos reparos representan un retroceso de más de 40 años y reabren debates ya superados en la Constitución chilena. A pesar de las críticas, afirmó, el Gobierno seguirá facilitando el debate sobre estos temas. Cordero también se refirió a la importancia de la ley sobre delitos económicos. Cuestionó la actitud de la CPC, aunque destacó que las relaciones entre el gobierno y el empresariado no están dañadas y que el proyecto de ley ha contado con un amplio apoyo técnico y político.
El ingreso de casi 400 enmiendas de parte de la bancada del Partido Republicano en el Consejo Constitucional para modificar el anteproyecto de nueva Constitución redactado por la Comisión Experta no fue bien recibido por el oficialismo.
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se refirió a las enmiendas republicanas, en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler. El secretario de Estado afirmó que, en algunos temas, estamos ante un retroceso de más de 40 años.
Si bien destacó que están dentro del contexto del debate y de las mayorías que tiene el Consejo, algunas enmiendas, según el ministro Cordero, “vuelven a abrir debates que en el derecho chileno nos devuelven a la década de los 80. Esto es como si fuera un capítulo de la serie Los 80”. A su juicio, se abren debates “localizados” que formaron parte del texto original de la Constitución de 1980, y que luego de sucesivas reformas en algún sentido “estaban superados”.
El titular de la cartera de Justicia cuestionó la enmienda relativa al “derecho a la vida del que está por nacer”, un debate que en su opinión “ni siquiera la Constitución del 80 dejó abierto”. Además, afirmó, la propuesta de establecer un quórum de 2/3 para reformar la Carta Magna, “es retroceder a lo que habíamos acordado hace muy poco tiempo, precisamente porque fuerzas políticas en general compartían que el régimen rígido de reforma constitucional había provocado otra serie de efectos”.
Cabe mencionar que el diputado Daniel Manouchehri (PS) criticó la enmienda ingresada por la bancada republicana del Consejo Constitucional, en la que “se protege la vida del niño que está por nacer”. Al respecto, el legislador sostuvo que “quieren que una niña violada tenga la obligación de tener al hijo”.
Republicanos también propone que los tratados internacionales, en materia de Derechos Humanos, sean considerados infraconstitucionales, lo que también representaría un retroceso según el ministro Cordero.
Otra enmienda republicana guarda relación con establecer el arresto domiciliario para mayores de 75 años bajo ciertas condiciones, lo que se ha dicho que sería una medida para favorecer a los presos de Punta Peuco. El ministro de Justicia detalló que, de las 50 mil personas privadas de libertad en cárceles chilenas, solo 265 son mayores de 75 años, pero de esas, 153 son personas condenadas por violaciones a los Derechos Humanos. “Los datos hablan por sí solos sobre quién recae el principal impacto”.
“Cada uno tendrá en consideración las responsabilidades, pensando en el plebiscito de salida, y mientras eso no suceda el Gobierno va a seguir facilitando que esa discusión se siga dando. Al Gobierno le corresponde seguir gestionando políticas publicas, el Consejo Constitucional tiene su curso, y creo que como todos tendremos nuestra evaluación una vez que tengamos el texto final”, concluyó el jefe de Morandé 107.
De todas formas, sobre la oposición, el ministro Cordero recalcó que “jamás he tenido una objeción sobre el contenido ni la finalidad del plan de búsqueda” de detenidos desaparecidos. Y agregó: “He percibido concordia para abordar este tema”.
“Creo que hay buenas razones para formar parte de ese compromiso (en DDHH)”, cerró.
Ignorando los requerimientos presentados por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y por parlamentarios, el Tribunal Constitucional (TC) visó sin cambios el proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y medioambientales. Sin embargo, los reparos del mundo empresarial ante el llamado proyecto de ley contra “delitos de cuello y corbata” —aprobado por el Congreso— siguen firmes.
De hecho, la CPC reafirmó este miércoles su crítica posición frente a algunos puntos de la iniciativa y expresó su aspiración de que una vez conocida la sentencia del TC y promulgada la norma, “se abra la posibilidad de una discusión técnica, que permita mejorar aquellos aspectos que, de acuerdo a análisis jurídicos, pueden perjudicar la actividad económica”.
¿Están dañadas las relaciones entre el gobierno y el empresariado, a raíz de este tema? “En absoluto, por este tema, nada. Son las relaciones normales y habituales”, afirmó el ministro Cordero en El Mostrador Vodcast. No obstante, “si Chile y las empresas quieren ser protagonistas en el mundo, estas normas (de delitos económicos) son esenciales”, añadió.
“No estoy objetando sus argumentos (de la CPC y Sofofa), pese a que no los comparto”, pero su postura les trae “solo costos reputacionales”, remarcó el secretario de Estado. Cordero sostuvo que “no conozco un proyecto de ley los últimos años que hubiese tenido (…) el nivel de apoyo técnico y político como el de delitos económicos”.
En el empresariado, a su juicio, “en vez de estar pensando en abogados que defiendan a gerentes en tribunales, debieran estar pensando en asesorías eficaces de cumplimiento”.
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