Mientras el operador de las cámaras de seguridad del recinto se ausentaba por algunos minutos de su puesto, un solitario ladrón llegó hasta el piso 10 de la Fiscalía Nacional, donde se encuentran las oficinas de Ángel Valencia. Aunque no ingresó a ellas, sí lo hizo a la de sus escoltas y a la de uno de los directores de la institución, la cual extrañamente decidió no efectuar una denuncia penal respecto de los hechos.
Justo en medio de la maraña de informaciones que se generó ayer, debido al robo de computadores en dependencias del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), en Santiago Centro, y el posterior trascendido de Radio Bío Bío en orden a que algo semejante había sucedido el día anterior en oficinas de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe), en Providencia, la misma emisora informó posteriormente de un tercer episodio, aunque ocurrido en abril.
El objetivo del robo en ese caso fue el edificio de la Fiscalía Nacional, ubicado en Catedral 1437. Según la información que se ha podido recabar, los hechos ocurrieron pasadas las 19:00 horas, cuando una persona ingresó por el estacionamiento hacia un ascensor de carga, subiendo de inmediato hasta el piso 10 de la sede del Ministerio Público.
Sin embargo, pese a que la Fiscalía (así como prácticamente todos los edificios públicos de Chile) cuenta con una empresa de seguridad privada que vigila sus instalaciones, el operador de las cámaras habría hecho abandono de su puesto por algunos minutos, justo cuando el ladrón ingresaba al edificio, por lo que pudo acceder al décimo piso sin ninguna dificultad.
Luego de ello, según el relato de Bío Bío, el delincuente caminó con total desparpajo por las instalaciones, ingresando a la oficina que utilizan los escoltas del Fiscal Nacional –pertenecientes al Departamento de Protección de Personas Importantes de Carabineros (PPI)– y después accedió a la del exfiscal Cristián Paredes, actual director de la Unidad de Delitos Violentos y Responsabilidad Penal Adolescente del Ministerio Público. De allí, el ladrón intentó llevarse el computador de escritorio, pero no lo pudo sacar, por lo que optó por sustraer una cámara web, luego de lo cual abandonó el lugar sin dificultades.
Ante ello, según fuentes que conocen el caso, se inició una investigación interna que culminó con el despido del funcionario que operaba las cámaras, quien alegó en su defensa que salió solo un par de minutos a reunirse con una persona conocida. Sin embargo, y pese a que quedó en cuestión la seguridad de las dependencias donde se encuentra la cabeza del Ministerio Público, no se efectuó denuncia penal alguna, lo que fue cuestionado por Radio Bío Bío, dado que todos los funcionarios públicos están obligados a denunciar los hechos constitutivos de delito de los que tengan conocimiento, máxime teniendo en cuenta la vulneración de la seguridad de las dependencias de quien encabeza a todos los persecutores del país.
Cabe señalar que El Mostrador pidió a la Unidad de Comunicaciones de la Fiscalía Nacional un pronunciamiento al respecto, sin que hubiera respuesta hasta el cierre de esta edición.
